Sociedad

TCP admite recurso contra el decreto que permite el desmonte y quema controlada de bosques

El presidente Evo Morales tiene 15 días para responder al Tribunal Constitucional Plurinacional y, en un mes y medio aproximadamente, esa instancia deberá emitir un fallo respecto a la legalidad de dicha norma.

El diputado Horacio Poppe enseña la respuesta del TCP.

El diputado Horacio Poppe enseña la respuesta del TCP.

La Razón Digital / Kattya Valdés / La Paz

12:30 / 27 de septiembre de 2019

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió el recurso abstracto de inconstitucionalidad presentado por el diputado opositor Horacio Poppe y dos de sus colegas contra el Decreto Supremo 3973 que autoriza el desmonte y la quema “controlada” de bosques.

El propio legislador –quien junto a Julio Huanca y Gina Torrez, presentaron hace tres semanas este recurso- se encargó de comunicar la noticia la mañana de este viernes en Sucre.

“El Tribunal acaba de notificarnos con la admisión de este recurso y le da al presidente Evo Morales Ayma, gestor de este Decreto Supremo, 15 días para poder responder a nuestras impugnaciones, después de este tiempo el Tribunal Constitucional tendrá 30 días para ver el tema de fondo y declarar nulo este Decreto o, por el contrario, dar vía libre para que se siga chaqueando en el país”, explicó.

La admisión de este recurso –según Poppe- significa que el Tribunal Constitucional ha encontrado los suficientes elementos como para tocar el tema de fondo y poner en tela de juicio la legalidad o inconstitucionalidad del decreto.

“Esta es una esperanza, una señal, es la luz al final del túnel que debemos celebrarla todos los bolivianos, pues creo que en un mes y  medio máximo vamos a tener una respuesta de este Tribunal frente a este problema que no solo ha generado impacto en el contexto nacional, sino que fue de mucha preocupación en el ámbito internacional”, añadió.

El 9 de julio de este año, el presidente Evo Morales promulgó este decreto que dio luz verde para que, en los departamentos de Santa Cruz y Beni, se amplíe el desmonte y quema “controlada” de bosques para las actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias.

Un mes después se activaron los incendios forestales en varios municipios de la Chiquitanía, lo que generó el repudio de los políticos de oposición que atribuyeron a esa normativa lo que estaba ocurriendo. (27/09/2019)

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