Sociedad

Violación de un bebé en un hogar de acogida conmociona y desata pedidos para aplicar la ley con todo su rigor

Dos diputados y una ministra demandaron la sanción más dura contra los responsables, además del procesamiento de las autoridades encargadas del control de esos centros públicos. El Defensor del Pueblo dijo que la Gobernación debe asumir su responsabilidad en este caso y la directora del Sedeges argumentó que se trató e un hecho "fortuito".

El hogar Virgen de Fátima, donde el bebé de ocho meses fue violado

El hogar Virgen de Fátima, donde el bebé de ocho meses fue violado

La Razón Digital / Ángel Guarachi / La Paz

16:48 / 14 de noviembre de 2014

La vejación de un bebé de ocho meses en el hogar Virgen de Fátima y su posterior muerte cuando era atendido en el hospital Juan XXIII conmocionó a la población y desató pedidos de renuncia y enjuiciamiento de las autoridades encargadas de los hogares de acogida en La Paz.

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, dijo que “la Gobernación no puede elidir su responsabilidad en este caso” y el electo diputado Javier Zabaleta exigió la destitución y posterior procesamiento de la directora del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges), Agustina Quispe. En su defensa, la aludida dijo que se trató de un hecho “fortuito”. 

El bebé fue violado en el hogar que depende del gobierno departamental y horas después del hecho fue trasladado al Hospital del Niño, donde no le prestaron atención, por lo que finalmente fue llevado al Juan XXIII, donde finalmente falleció.

Cuatro funcionarios del albergue , dos hombres y dos mujeres, fueron detenidos hoy como presuntos responsables del crimen y se encuentran en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

“No es posible que dentro de una instancia del Estado haya ocurrido tremenda atrocidad. Falló el Sedeges, los sistemas de seguridad, la sensibilidad de las autoridades, la capacidad de los propios funcionarios y tiene que haber responsables. La directora del Sedeges debe renunciar de forma inmediata  y el gobernador (Cesar) Cocarico le debe iniciar un proceso penal”, demandó Zabaleta, electo por el Movimiento al Socialismo (MAS).

Al pedido se sumó Norma Piérola, diputada electa por el Partido Demócrata Cristiano (PDC). “Esas personas que han cometido semejante vejamen deberían ser sentenciadas de inmediato y, por supuesto, las personas inoperantes que no han sabido cuidar un bebé pues tendrían que ser sometidas, no sé si como cómplices, pero aquí hay un incumplimiento de deberes, una negligencia que debería de ser sancionada como corresponde. En el día deberían de ser destituíos”, exigió.

La directora del Sedeges dijo que el hecho fue inesperado. “Esto es un hecho muy fortuito del que no podemos dar explicación. No se ha dado este caso jamás”, manifestó y luego aseguró que el personal que trabaja en los albergues “responsable” y capacitada. 

“Las mamás están constantemente capacitadas, están comprometidas con los niños, se ve que tienen hasta un estudio biopsicosocial, hasta la paciencia en niños de cero, de tres o de cinco años”, argumentó.

El presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío, dijo que las normas son claras y por este tipo de delitos la pena es de 30 años de prisión sin derecho a indulto. “El tema es que los operadores de justicia puedan aplicar la ley con todo su rigor, lamentablemente hay casos flagrantes de violaciones incluso, donde los jueces dejan en libertad a los criminales. Yo creo que tiene que aplicar todo el rigor de la ley a este tipo de hechos que nos han indignado”, dijo.

En esa misma línea, la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, pidió unir fuerzas a las distintas instancias de justicia “para que se sancione con la máxima pena al autor” del crimen y que no se lo ponga en libertad. Pidió además a la Defensoría del Pueblo darle seguimiento al caso.

Respecto a que se le negó la atención en el hospital del Niño al bebé de ocho meses, l a viceministra de Igualdad de Oportunidades, Karina Marconi,  anunció que se esa repartición del Estado se encargará de ser parte querellante ante una presunta negligencia del centro médico.

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