Sociedad

La impunidad dobla el brazo a la Justicia a casi dos años del asesinato de la concejala Juana Quispe

La Razón Digital / Angel Guarachi / La Paz

21:05 / 20 de diciembre de 2013

Ancoraimes, un pueblo del altiplano paceño cercano al lago Titicaca, guarda en el recuerdo un hecho del que pocos se animan a hablar y que se remonta al 13 de marzo de 2012, cuando el cuerpo sin vida de la concejala Juana Quispe fue encontrado en La Paz. A un año y diez meses, un manto de impunidad alimentado por ‘chicanas jurídicas’ cubre el caso, en el que dos concejales y el alcalde aparecen como acusados.

El pueblo del que era originaria y donde ahora descansa Quispe está ubicado a 120 kilómetros de la ciudad de La Paz. Su cuerpo sin vida fue encontrado la mañana del 12 de marzo a orillas del río Orkojahuira, en la zona de Villa Copacabana, y dos días después fue identificado. Luego empezaron a desvelarse los problemas que atravesaba en su municipio para ejercer su cargo como concejala y que podrían haber motivado su asesinato.

La Razón visitó el poblado e intentó hablar con sus habitantes sobre lo ocurrido, pero el tema se ha convertido en un asunto incómodo que prefieren eludir.

Una de las pocas personas que se animó a hablar de la extinta concejala fue la señora Wendy Trujillo. Mientras observaba a lo lejos una exposición de trabajos de los escolares del colegio Ancoraimes, en alrededores de la plaza principal, evocó algunos recuerdos alimentada por un sentimiento de admiración por lo que hizo Quispe.

Lo primero que dijo es que era valiente, “muy valiente”, mirando la plaza en la que Quispe fue arrastrada de sus cabellos por sus adversarios políticos del Movimiento Al Socialismo (MAS), quienes le exigían dimitir al cargo con el argumento de que se encontraba vinculada con hechos de corrupción. Los demás prefieren callar por temor a represalias. Ancoraimes es un pueblo chico.

El vicepresidente Álvaro García Linera dijo que la justicia “es una lágrima”, que “está muy mal”; el caso de Juana Quispe parece  una prueba. Antes de iniciar sus vacaciones, la fiscal que investiga el asesinato, Patricia Santos, optó por evitar proporcionar detalles sobre el curso de las investigaciones “para no entorpecer” la pesquisa, aunque confirmó que los principales sospechosos son tres autoridades de la alcaldía de Ancoraimes: Los concejales Pastor Cutile y Basilia Ramos, además el alcalde Félix Huanca, quienes continúan en sus cargos, aunque al inicio de las investigaciones habían sido suspendidos.

El alcalde recibió el 20 de noviembre a La Razón Digital aproximadamente a las 11.00 y la entrevista tardó menos que el tiempo que se esperó por ella. Cuando se le preguntó si recordaba a la concejala Quispe respondió: “Era una compañera, pero habría que preguntarle a los del Concejo (…). Seguramente ellos te van a dar mayor información”. De inmediato concluyó la entrevista.

Se acudió en busca de los concejales y, al no encontrarlos, la opción fue retornar a la Alcaldía dos horas después.  Cutile y Ramos se encontraban reunidos en sesión edil, pero las puertas se encontraban cerradas y flanqueadas por dos guardias. “Ya sé a qué han venido ustedes de la prensa, la próxima vez ya no te voy a dejar entrar”, advirtió uno de ellos, mientras que el otro anticipó: “Va a tardar la sesión, no te van a recibir”.

Así terminaron los intentos por conocer las versiones de los principales acusados de la muerte de Juana Quispe.

La concejala cuyo nombre provoca urticaria en Ancoraimes era originaria de Llojllata Laymini, un cantón ubicado a un kilómetro del área urbana del municipio. Allí vive Eugenio Mamani, primo de Quispe, quien recuerda que su familiar gestionó obras importantes para su pueblo, como un criadero de truchas, por lo que se ganó el aprecio y respaldo de la gente y llegó a formar parte de la directiva del cantón para después ser elegida secretaria general y posteriormente concejala en las elecciones de 2010.

No pudo ejercer su cargo por 20 meses debido a la resistencia de sus colegas,  pese a que ganó recursos legales que instruían el respeto de sus derechos. Pero sus esfuerzos tuvieron resultados y logró sentarse en la silla del Concejo Municipal de Ancoraimes durante 32 días, al cabo de los cuales apareció estrangulada. El hecho desató una movilización que acabó por acelerar la aprobación de la ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política.

La norma sanciona el acoso con cárcel de dos  a cinco años y la violencia política con penas de tres a ocho años. Pero hasta el momento no existe una sola sentencia, aunque sí varias demandas en proceso, todas presentadas por autoridades mujeres. Según la directora de la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol), Jessy López, de las denuncias que se presentaron ninguna fue resuelta hasta el momento.

“Los tipos de casos de acoso y violencia política más denunciados son la presión para la renuncia al cargo, la difaman pública mellando la dignidad de la concejala y después está la discriminación por ser mujer, por ser indígena, además de otro porcentaje alto es que porque no les proporcionan la información que solicitan para ejercer su mandato”, explicó.

De acuerdo a datos de Acobol, entre 2010 y lo que va de 2013 fueron registradas 225 denuncias de acoso y violencia política, la mayoría (19,4%) relacionadas a casos de presión para la renuncia al cargo y a la negativa de proporcionar información para el ejercicio del cargo (9,8%).

Hoy en Ancoraimes la puerta del pequeño cuarto construido con adobes y techo de paja en el que vivía Quispe se encuentra asegurado con un candado y se nota que hace tiempo nadie lo abre. La fachada se encuentra deteriorada por el tiempo.

La mayor parte de las personas consultadas en ese poblado evitaron hablar sobre  lo ocurrido con la extinta concejala. “¡Hay no!...de muertos no me quiero recordar”, respondió por ejemplo María, una comerciante que, tras evitar el contacto con este medio, entró a su negocio ubicado frente a la plaza principal. Sin embargo otra, llamada Petrona, contó que era “entradora” y que “no tenía miedo”.

“Ahora estamos lamentando esto porque no hay justicia, como perrito le han matado, y se ha perdido. Ya no dice nadie nada. Solamente decían ‘joven se ha muerto’. Dicen que están los concejales y el alcalde (vinculados) pero no sabemos, como no hemos visto”, agregó. Luego hizo notar que los acusados “ahora ya trabajan en la Alcaldía”.

Según la fiscal Santos, los sospechosos presentaron una serie de incidentes que impiden que se realice la audiencia de medidas cautelares, donde se debe determinar si los sospechosos se defienden en libertad o desde la cárcel. La Fiscalía pedirá la detención preventiva de los acusados, porque ya existe imputación formal (contra los tres sospechosos) que está a cargo del juez cautelar. “Se encuentra pendiente de resolución la solicitud de medidas cautelares que ha hecho el Ministerio Público”, dijo la autoridad judicial.

El miércoles 18 de diciembre debió instalarse la audiencia, pero fue suspendida por la ausencia de la fiscal Santos, quien se encuentra de vacación, aunque asistió su suplente y su colega Jhonny Garnica, ambos de la comisión formada para investigar el caso. Asistieron también los tres acusados, acompañados por una veintena de comunarios de Ancoraimes que agredieron verbalmente a Valkhiria Lira, abogada de la familia de la víctima.

Allí también se pudo hablar por unos minutos con Cutile, quien reivindicó su inocencia. “La audiencia se ha suspendido porque no estaban los fiscales y porque mi abogado es director de la carrera de Derecho y yo no sabía y ha pedido permiso”, explicó. Basilia Ramos, otra de los tres acusados, evitó hablar.

Un informe fiscal entregado a la juez cautelar Lía Cardozo establece que en el asesinato participó un grupo de personas, por lo que se solicitó ampliar la investigación a la ciudadana Exalta Arismendi, quien de acuerdo al informe “fingió ser su amiga con la finalidad de acercarse y ganar su confianza (la de Quispe)” y con quien “habrían formado un grupo para hacer desaparecer a Juana Quispe”.

Cacio Villanueva, tío de la concejala de la que ahora sólo quedan recuerdos de su valentía, lamentó la retardación de la Justicia, aunque aseguró que la familia no se resignará y luchará para evitar la impunidad. “Hasta el momento hay tres personas con la imputación formal pero no se los detiene”, dijo.

La audiencia de medidas cautelares fijada para el 13 de enero fue nuevamente suspendida. Villanueva informó que el senador del MAS Isaac Ávalos solicitó al fiscal General, Ramiro Guerrero, un informe oral sobre el avance del caso, aunque aún no se ha definido la fecha de la sesión de informe.

Y entretanto la impunidad continúa intacta, los acusados son autoridades en ejercicio y la Justicia “una lágrima”.

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