Sociedad

Las discrepancias en dos sectores impiden normalización de labores

Desacuerdos entre trabajadores en salud y universitarios con sus respectivos dirigentes —que pactaron con el Gobierno la emisión de un decreto que suspenda el 11 26— impiden que se normalice la atención médica y las labores universitarias.

Cerrado. El ingreso principal al Hospital de Clínicas está con candado, solo atienden emergencias.

Cerrado. El ingreso principal al Hospital de Clínicas está con candado, solo atienden emergencias.

La Razón / Wilma Pérez / La Paz

02:01 / 16 de mayo de 2012

Luego de conocida el acta de entendimiento suscrita entre el Ejecutivo y la dirigencia de la COB, dirigentes regionales de los salubristas aclararon que levantan la huelga de hambre, pero mantienen el paro hasta recibir sus salarios. Por su lado, universitarios rechazaron el preacuerdo firmado y anunciaron una marcha a La Paz.

“En apoyo a la determinación de la dirigencia nacional levantamos la huelga de hambre, pero el paro de los trabajadores continúa hasta que se paguen los salarios y se repongan descuentos”, dijo el secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores en Salud de Santa Cruz, Johnny Caballero.

En el acuerdo firmado el lunes se establece la conformación de una comisión para evaluar la aplicación porcentual de descuentos, lo que, en criterio de Robert Hurtado, dirigente de Santa Cruz, “no fue aprobado por las bases”.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo que tras los acuerdos el conflicto debería estar resuelto con este sector. “Creemos que no hay razones para que continúe en paro”. La Razón verificó que los trabajadores en salud de los hospitales del complejo de Miraflores, en La Paz, no retomaron funciones y sólo se atendieron emergencias.

Los médicos debían reunirse ayer con el ministro de Gobierno, Carlos Romero, pero la cita se postergó para hoy. “Pedimos que (en el decreto que emitirá) sólo se incluya el término ‘inaplicabilidad del 1126’ y no suspensión”, dijo el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Alfonso Barrios.

En Chuquisaca, los trabajadores retornaron por la tarde a sus funciones, según su ejecutivo, Amado Quispe. La directora del Servicio Departamental de Salud, Gilka Guerrero, dijo que los memorándums de despedido de 45 salubristas serán revertidos.

En tanto, la Federación Universitaria Local de la Universidad Mayor de San Simón (Cochabamba) anticipó que delegaciones de Tarija, Sucre, Beni y Cochabamba están en La Paz para reanudar las protestas, informó Roy Ferrufino, ejecutivo de los estudiantes de la Facultad de Medicina.

Anestesiólogos en paro

Cerca de 500 anestesiólogos realizaron ayer una vigilia en diferentes centros del país en apoyo a su colega Jorge Molina, quien está en terapia intensiva tras ser gasificado el jueves. 

En La Paz, se realizó una protesta de los especialistas que consistió en no participar de las operaciones. “Los anestesiólogos declaramos día de vigilia a nivel nacional, lo que significa que durante 24 horas dejamos de prestar atención en todos los hospitales (privados, públicos y de la seguridad), excepto emergencias”, informó el especialista del área Raúl Mercado.

Durante el acto se hizo conocer el estado del médico, quien se halla en terapia intensiva y  tiene un área del cerebro con infarto, es decir que ese lugar no recibió irrigación sanguínea, por lo que sus componentes no trabajan.

La vigilia fue aprovechada para  elaborar la primera carpeta con los planteamientos de anestesiología para la cumbre de la salud, convocada para julio. Mercado especificó que se realizarán conferencias, debates y discusión de artículos sobre el tema, lo que se replicará en las otras ciudades.

Docentes y estudiantes difieren por el convenio

Estudiantes y docentes del sistema universitario discreparon sobre el preacuerdo firmado el domingo entre el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) y el Gobierno para la aprobación de un nuevo decreto supremo que suspenda el 1126. 

“Eduardo Cortez (ejecutivo de la CEUB) firmó un acuerdo a espaldas de los estudiantes, porque el objetivo es la abrogación y no la suspensión del Decreto 1126”, dijo ayer Diego Jiménez, representante del Comité de Movilizaciones de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).

Cortez rechazó la alusión y dijo que todas las decisiones fueron consultadas con las representaciones. “Son algunos sectores trotskistas que se oponen a todo”. En una reunión realizada en Oruro, estudiantes decidieron permanecer en estado de emergencia e iniciar una marcha desde Senkata a La Paz, el lunes.

Jiménez afirmó que la otra demanda es el respeto pleno a la autonomía y negó que busquen la modificación al tope salarial para que los docentes ganen más. Jarlin Coca, dirigente de la Federación Universitaria Local (FUL) de Cochabamba, explicó que la Ley Financial establece que para disponer de recursos se debe “pedir permiso al Ministerio de Economía”, lo cual “atenta contra la autonomía universitaria”.

Defensoría no constata tortura en Bayón

La Defensoría del Pueblo informó que en el caso de la enfermera Leonor Boyán se estableció el “uso excesivo de violencia e intimidación”. La institución no corroboró que Boyán hubiera sido víctima de torturas físicas, como se manifestó inicialmente, pero denunció irregularidades en su aprehensión y la violación de sus derechos humanos.

Ante la consulta de Erbol “¿se puede hablar de tortura?”, el jefe nacional de Conflictos de la Defensoría del Pueblo, Gregorio Lanza dijo: “En realidad, yo tendría que señalar con toda precisión el término ‘uso excesivo de la violencia e intimidación’ porque recibió golpes, además de otras irregularidades”.

En declaraciones a La Razón, Lanza manifestó que el informe médico señala que Boyán tenía “policontusión, síndrome ansioso y daño en el riñón por una probable golpiza. Además, se trasladó a la enfermera al Comando Departamental y no a la FELCC. Ahí se la detuvo dos horas, sin la presencia de un abogado, eso significa una violación a sus derechos”.

La autoridad indicó que solicitó al Comandante Departamental de la Policía una investigación para establecer “qué oficiales realizaron la detención y cometieron las irregularidades”. Boyán fue aprehendida el jueves 10 luego de que universitarios y trabajadores en salud atacaran a la Policía; el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, fue impactado por una piedra que la enfermera habría lanzado.

El Juzgado 1º de Sentencia negó ayer la acción de libertad a favor de Boyán, informó el fiscal Javier Monasterios. El abogado de la enfermera, Juan Carlos Revollo, dijo que insistirá en el beneficio, en vista de que existe parte querellante en el caso.

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