LaRazon

En Bolivia, cada tres horas una menor de 14 años queda embarazada, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) con base en datos del Ministerio de Salud. En 2018 se registraron 2.921 casos de embarazos en niñas y adolescentes.

“Son datos del Sistema Nacional de Información de Salud (SNIS) que registró 2.921 menores de 14 años embarazadas en 2018, es decir, en promedio, ocho embarazos al día”, dijo la representante auxiliar del UNFPA, Celia Taborga. 

En septiembre de 2017, La Razón publicó que, entre enero y julio, el SNIS reportó 2.500 embarazos en niñas de 10, 11 y 12 años, es decir, 12 al día en promedio.

En esos mismos siete meses, a los centros de salud asistieron 34.958 gestantes de entre 15 y 19 años; para 2018 reportaron 53.737 embarazos de esta misma población.

Para Taborga la situación es “alarmante”, porque en la mayoría de los casos fueron producto de una violación o de una unión forzada. “Sea cual sea la razón por la que la niña está con un hombre mayor, a escala mundial se la considera una unión temprana o forzada”.

La Ley 603 del Código de las Familias y del Proceso Familiar señala que el matrimonio o unión libre se da cumplido la mayoría de edad (18 años) y de manera “excepcional” a los 16 años, con autorización de sus padres, tutores o Defensoría de la Niñez.

El Código Penal establece como un hecho de violación un acto sexual contra una menor de 14 años, así no exista el uso de la fuerza o intimidación y se alegue consentimiento. La pena para el agresor es de hasta 25 años.

Entre 2018 y parte de 2019, la Defensoría del Pueblo atendió seis casos de interrupción legal de embarazos, de los cuales tres correspondían a menores de 10 a 11 años.

Tras el análisis de la información del Ministerio de Salud, según Taborga ya no se puede hablar de embarazos en adolescentes sino de embarazos “infantiles” y por lo tanto define la figura como una “maternidad infantil forzada”.

La representante recordó que en el estudio del UNFPA sobre Uniones tempranas en menores de 16 años en la zona de la Cordillera de los municipios de Tiquipaya y Sacaba (Cochabamba), en Bolivia se identifican tres causales para la figura de unión forzada.

En el primer caso, el matrimonio forzado se da para limpiar la deshonra de la familia, ya que la menor está embarazada. En una segunda situación es para la mejora económica de la familia.

“En algunas comunidades indígenas persiste la práctica de obligar a niñas de 12 y 13 años a unirse con hombres de edad, así, la menor se convierte en una estrategia de sobrevivencia”.

En un tercer caso, hay una práctica de conciliación sexual entre la víctima y el agresor ante un hecho de violación sexual contra una menor. Esta situación es “alarmante” y “preocupante”, dijo Taborga, porque la menor es obligada a unirse con su agresor.

El UNFPA identificó al menos ocho efectos de una maternidad temprana: no tienen acceso a oportunidades de educación y trabajo; no tienen tiempo libre ni de descanso; se les coarta el derecho a un desarrollo personal (deporte, enamorarse, vivir su libertad); son vulnerables a un rezago escolar y a un riesgo de violencia. 

Pero además son frágiles a un ciclo de violencia que va de generación en generación. “Se conoce el caso de una abuela de 22 años, se embarazó a sus 10 u 11 años, por violación, y su hija también se embarazó”, dijo Taborga.

Pero otro efecto es que las niñas madres son proclives a una maternidad múltiple, es decir, a sus 18 años son mamás de tres a cuatro niños, dijo Mónica Beltrán, oficial de juventudes de UNFPA. 

Un embarazo en menores de 14 años también implica un alto riesgo de morbimortalidad, es decir, son vulnerables a otras secuelas en su salud. Pero además, sus hijos corren el riesgo de mayor probabilidad de mortalidad neonatal.

Estudio. En el estudio de UNFPA se vio que en las poblaciones de Montecillo Alto, Chapisirca y Palca, la mayoría de los casos de embarazo en menores de 15 años se dieron por violencia sexual, por  tanto, no planificados ni deseados, remarcó Taborga.

La investigación revela que la demanda de las niñas y adolescentes son: una educación integral para la sexualidad, porque necesitan conocer su cuerpo, sus derechos, el cómo protegerse y saber de alternativas de prevención; una atención diferenciada, acorde a su edad y su cultura, que le asegure confidencialidad; y sanción a la violencia sexual, ya que su agresor aún vive en su entorno.

“A diferencia de las mujeres adultas que pueden seguir un proceso, las niñas están sujetas a las familias, y muchas veces tienen que continuar conviviendo con el agresor”, apuntó Beltrán.

Señaló que para el Estado las niñas madres significan una pérdida de la economía activa, porque si seguirían con su vida de niñez y adolescencia, estudiarían y trabajarían, pero la maternidad infantil y la múltiple acortan esta opción y las sumen en la pobreza. “Si el Estado quiere superar la pobreza en el país, tiene que invertir en políticas y programas para evitar la maternidad infantil”, acotó.