Sociedad

Desde mayo identificarán a los institutos ilegales en el país

Lista. El Ministerio de Educación trabaja en una guía de centros

Estudios. Ingreso al Incos de La Paz, un centro legal de la ciudad.

Estudios. Ingreso al Incos de La Paz, un centro legal de la ciudad. Eduardo Schwartzberg-Archivo.

La Razón / Guiomara Calle / La Paz

01:34 / 25 de abril de 2013

El Ministerio de Educación realizará inspecciones desde mayo a todos los institutos del país para identificar a aquéllos que no cuentan con la autorización de funcionamiento y ofrecen títulos falsos. Se trabaja en una guía de centros para la orientación.

“Lamentablemente, existe gente inescrupulosa que a cualquier espacio le pone el nombre de instituto para engañar a la gente. Por eso, a partir de mayo vamos a hacer diferentes tipos de inspecciones a estos centros educativos”, anunció el director de Formación Técnica y Tecnológica del Ministerio de Educación, Marco Romay.

Para ello, la unidad ultima los detalles de una guía  de instituciones legalmente establecidas en el país, cuyos datos preliminares señalan que existen 101 centros técnicos y tecnológicos fiscales y de convenio, de los cuales 30 se hallan en La Paz, 17 en Cochabamba, 16 en Potosí, 13 en Santa Cruz, 7 en Oruro y lo mismo en Chuquisaca y Beni, 3 en Tarija y 1 en Pando. Además, 616 privados.

Los institutos legalmente establecidos en el país cuentan con una resolución ministerial, entregada por el Ministerio de Educación, que acredita su funcionamiento y la aprobación de sus carreras. Desde hace dos años comenzó un proceso de actualización del documento para dar seguridad jurídica a estudiantes, resaltó Romay.

El ministerio ya recibió denuncias de estudiantes estafados, sobre títulos falsos otorgados por estos centros que no cuentan con autorización, pero este tipo de casos son irregulares, por lo que Romay pidió a la población reportar más de estas anomalías para identificar a centros ilegales.

Detalló que en la mayoría de veces es dificultoso encontrarlos porque funcionan por un determinado tiempo en un lugar y después de hacer el fraude se trasladan a otro, por ello, se trabaja en una normativa para frenar esta situación y el perjuicio que ocasionan a la población.

“Los propietarios están obligados a dar una fotocopia de su resolución a cada interesado, que puede venir al ministerio para que podamos constatar si el documento es legal, porque lo mejor es verificar antes de inscribirse”, dijo.

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