Reportajes

Indígenas exigen justicia tras un año de represión policial en Chaparina

Amnistía Internacional señaló en un comunicado que "es alarmante" que después de un año del operativo "no se vean avances sustanciales en las investigaciones" y pidió a las autoridades que aseguren que los responsables de los "abusos policiales" sean llevados a la justicia "sin más dilaciones".

La Razón Digital / EFE / La Paz

17:45 / 25 de septiembre de 2012

Los indígenas bolivianos que defienden la reserva ecológica Tipnis exigieron hoy justicia al cumplirse un año de la brutal represión policial sufrida en su primera caminata de la Amazonía a La Paz contra la construcción de una carretera en ese parque, y por la que hay un jefe policial con arresto domiciliario.

"Los pueblos indígenas merecen respeto, pero eso ha sido violado, no han sido respetados. Pedimos que se haga justicia y que se halle quién es el culpable de lo ocurrido el 25 de septiembre de 2011", dijo a Efe, en un contacto telefónico, un dirigente del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), Emilio Noza.

Noza dijo que hoy se celebraron actos de desagravio contra los indígenas en cuatro regiones, al tiempo que la Defensoría del Pueblo y dirigentes opositores criticaron la "impunidad" en la que quedó la intervención a la marcha ocurrida hace un año, cuando centenares de nativos descansaban pacíficamente a 300 kilómetros de La Paz.

Medio millar de agentes cargaron con gases y porras, amordazaron a los dirigentes y a mujeres con cinta adhesiva y trasladaron por la fuerza a decenas de ellos en vehículos a pueblos vecinos.

El presidente Evo Morales calificó entonces de "imperdonable" la acción policial, que causó una crisis en su Gobierno con la renuncia de dos ministros y otras autoridades, pero hasta ahora ningún funcionario estatal ha asumido responsabilidad por lo ocurrido.

Solo han sido imputados por la represión el exviceministro de Régimen Interior Marcos Farfán y el exsubjefe policial Oscar Muñoz, que es el único con arresto domiciliario desde hace diez meses.

La Fiscalía excluyó de las investigaciones a Morales, al vicepresidente Álvaro García Linera y al exministro de Gobierno Sacha Llorenti, ahora embajador en la ONU, lo que ha sido criticado por indígenas, activistas y opositores.

La Defensoría del Pueblo lamentó hoy en un comunicado que "los culpables materiales e intelectuales de este criminal suceso continúan en la impunidad, protegidos" por un sistema judicial que "se escuda en las formas y los procedimientos".

La institución también denunció que sus recomendaciones para que las investigaciones judiciales avancen no han sido tenidas en cuenta y que, por el contrario, la Policía y la Fiscalía han dado señales "que pueden considerarse como encubrimiento".

"No vamos a dejar que este hecho quede en la impunidad. Vamos a continuar (...) denunciando y exigiendo justicia y velando para que episodios como éste no ocurran nunca más", añade la nota.

Amnistía Internacional señaló en un comunicado enviado a medios bolivianos que "es alarmante" que después de un año del operativo "no se vean avances sustanciales en las investigaciones" y pidió a las autoridades que aseguren que los responsables de los "abusos policiales" sean llevados a la justicia "sin más dilaciones".

El líder del Movimiento Sin Miedo, el opositor Juan del Granado, tildó de "encubridores" de la acción policial a Morales y a García Linera y les acusó de dividir a los indígenas para construir la carretera en el Tipnis "a como dé lugar".

La presidenta del Senado, la oficialista Gabriela Montaño, mandataria interina del país por el viaje de Morales a la asamblea de la ONU, visitó hoy con regalos algunas comunidades del Tipnis, pero no se refirió a la polémica sobre la intervención policial.

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