Animal Político

Abaratamiento creciente de la fuerza laboral

Tras una breve descripción de cómo el salario mínimo nominal en Bolivia  fue muy bajo en el pasado, se concluye que en 2012 éste (Bs 1.000) sólo alcanzaba para el 52% de la canasta familiar;  incluso así, el 32% de los trabajadores ganaba menos, por lo que falta mucho por avanzar.

La Razón / Silvia Escóbar de Pabón

00:00 / 21 de abril de 2013

Con la aplicación de las políticas neoliberales, los salarios fueron fijados en un piso muy bajo y desde entonces los incrementos han sido insuficientes para mejorar su nivel y su poder adquisitivo. Las políticas salariales siguieron demandando el sacrificio “temporal” de los trabajadores para salvar las dificultades fiscales y además asegurar la rentabilidad empresarial, con la promesa siempre incumplida, de incrementar la inversión, generar más empleos y mejorar su calidad en el futuro.

En la realidad, antes que mejorar la productividad, las empresas acudieron al fácil recurso de abaratar los costos laborales para aumentar sus ganancias, ajustando los sueldos y ampliando las formas de contratación temporal mal remuneradas y sin beneficios sociales. El Estado siguió apoyando esta estrategia, adoptando prácticas similares y, sobre todo, congelando o haciendo variar lentamente los salarios, en el marco de una política de contención salarial.

Además, a diferencia de lo que acontece en otros países de la región donde aumenta el trabajo calificado,  la demanda laboral siguió concentrada en las tareas menos calificadas para las que existe abundante mano de obra disponible, generando las condiciones para el pago de bajos sueldos, en particular en la manufactura, el comercio, el transporte y los servicios personales diversos. Junto a estos factores, el progresivo debilitamiento de la capacidad de negociación de los sindicatos siguió alimentando una correlación de fuerzas adversa para los trabajadores, que incide en el mantenimiento de los salarios en un nivel por debajo del valor de la fuerza de trabajo, es decir, del costo de la canasta familiar.

De esta manera, Bolivia se mantiene como el país andino con los salarios mínimos y medios más bajos. Durante la década pasada el salario mínimo nominal (SMN) llegó casi a duplicarse (191%); en cambio, su poder de compra apenas aumentó en 13%. Ahora bien, considerando su variación entre 2006 y 2012, el SMN llegó a duplicarse de Bs 500 a Bs 1.000, sin embargo, su poder adquisitivo apenas aumentó en 35%, por la inflación acumulada en el periodo. Asimismo, desde 2006, los precios de los alimentos aumentaron a un ritmo superior a la inflación promedio, haciendo que el costo de la canasta de alimentos se incremente en 78%. Esto ha significado que, luego de seis años, el salario mínimo ni siquiera sirva para cubrir el aumento en el precio de los alimentos: en 2012 sólo alcanzaba para cubrir el 52% de la canasta de alimentos. Aún así, el 33% de los trabajadores ganaba menos de Bs 1.000.

La información oficial también muestra que la evolución de los salarios medios reales no fue mejor. Desde 2006, los salarios medios en el sector privado tuvieron una pérdida real de 1,9% anual hasta 2011, con una incidencia negativa en los ingresos de profesionales y empleados. Los obreros habían alcanzado una pequeña mejora que se explica por el boom de la construcción, puesto que los de la industria manufacturera siguieron entre los peor remunerados. La contención salarial en el sector público hizo que su capacidad de compra aumentara apenas en 1,1% anual hasta 2011, por la mejora en los salarios de una parte de los profesionales y técnicos. Los demás grupos ocupacionales también vieron caer su capacidad de compra.

En general, el grado en que disminuye el precio de la fuerza de trabajo se puede medir por la relación entre los salarios medios y el costo de la canasta alimenticia. Con pocas diferencias, el 60% de los asalariados y el 70% de los trabajadores por cuenta propia en las ciudades tenían un sueldo o ingreso neto inferior a ese costo en 2011, en un contexto en el que  cuatro de cada diez hogares tenía un solo perceptor de ingresos.

Igual que en materia de desempleo, las mujeres perciben menores salarios e ingresos que los hombres, no sólo por la discriminación que sufren cuando realizan trabajos similares, sino por su segregación en los empleos menos calificados y socialmente desprotegidos. Siendo el 44% de los ocupados en las ciudades, las mujeres solamente obtienen el 33% de la masa de ingresos laborales. Por eso, la lucha por la igualdad de género al permitir el acceso a los buenos empleos es tan  importante como la eliminación de la discriminación salarial.

Finalmente, existe una creciente desigualdad de los ingresos laborales y del reparto del ingreso nacional disponible entre capital y trabajo. Por un lado, con pocos cambios en el tiempo, la parte de la masa de ingresos que queda en manos del 50%  peor remunerado de las ciudades, llega apenas al 18,7%, mientras que el 10% mejor remunerado concentra el 40%. Por otro lado, mientras la economía crece y los sueldos se estancan, las ganancias aumentan. Hacia  2011, la parte del ingreso generado en la producción que queda en manos de los asalariados siguió cayendo hasta el 26,2%, mientras que la parte que se apropia el capital siguió aumentando hasta el 57%, en 2011.

Sin embargo, el sacrificio realizado por los trabajadores no se traduce en inversiones suficientes para transformar nuestro aparato productivo atrasado y poco competitivo. Seguir solamente por el camino de contener los salarios sólo ha servido para empeorar las condiciones de vida de la población. En consecuencia, es imperativo avanzar hacia una política económica efectivamente dirigida a la creación de empleos y a la mejora de los salarios, con el fortalecimiento del tejido industrial y la elevación de la productividad. Para lograr resultados, esta política requiere mejorar las capacidades de la fuerza de trabajo y fortalecer las condiciones para el ejercicio de sus derechos laborales, individuales y colectivos. Asimismo, requiere modificar el enfoque de la política salarial desde uno basado en criterios políticos hacia otro que permita una mejor distribución de los ingresos que se generan en la producción.

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