Animal Político

Abuso de la contratación directa

Para Ortiz hay irregularidades en la contratación de bienes y servicios de los Juegos Odesur.

La Razón (Edición Impresa) / Óscar Ortiz es senador por Unidad Demócrata (UD)

00:00 / 16 de mayo de 2018

El Gobierno le adjudicó de manera directa a la empresa unipersonal Kronopios, de propiedad del exministro de Culturas Pablo Groux, un contrato de Bs 11 millones para organizar la inauguración y clausura de los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018.

Creemos que es un proceso de contratación simulado, debido a que previamente ya estaba definido que dicho contrato de servicios sea adjudicado a Groux.

La denuncia se sustenta en que esta contratación se hizo de forma directa y no hay ninguna evidencia de que se haya realizado una invitación pública y abierta para que otras firmas se adjudiquen el contrato.

El Ejecutivo aprobó, el 3 de enero de 2018, el Decreto 3447, que amplía las contrataciones directas a todo tipo de bienes, obras y servicios, tanto en el ámbito nacional como en el externo, bajo lo cual se hizo el contrato con el exministro.

Asimismo, en febrero de 2017, el Gobierno emitió el Decreto 3097, que declara prioridad nacional a los Juegos Odesur y autoriza las contrataciones directas para las obras de infraestructura deportiva.

En el marco de la norma emitida este año, el Gobierno adjudicó en los últimos tres meses contratos para obras y servicios por más de 100 millones de bolivianos en los Juegos Odesur, de los cuales 11 millones pertenecen al convenio contractual con Groux, lo que nos llamó la atención.

También se observó que el exministro no tiene una trayectoria empresarial propia, ya que su empresa fue creada en junio de 2015 con un capital de 75.000 bolivianos, cuatro meses después de ser destituido del cargo de ministro de Culturas.

Otra de las irregularidades es que en diciembre de 2017 hubo una reunión del Comité de Organización Deportiva Suramericana (Codesur) en la que se analizó las ofertas de las empresas Kronopios de Groux y Arte Bolivia para organizar la inauguración y clausura de dichos Juegos; decidieron que la mejor propuesta era la de Kronopios.

Esto muestra una irregularidad porque el 3 de enero recién el Ejecutivo aprobó las contrataciones directas de bienes, obras y servicios y el 24 de enero se dispuso el inicio del proceso de contratación. Dicho de otra forma, ¿cómo es posible que ya en diciembre el Codesur analizara las dos ofertas?

Otra de las contradicciones en este caso es la versión que dio el exministro a medios locales: que la propuesta la trabajó un año antes.

Con estos indicios, es urgente efectuar una investigación de la empresa Kronopios de Groux por los delitos de uso indebido de influencias, enriquecimiento de particulares con afectación al Estado, favorecimiento al enriquecimiento ilícito, contratos lesivos y conducta antieconómica.

A ello se suma otra irregularidad: la empresa Arte Bolivia, que fue creada en octubre de 2017 y perdió ante Kronopios, se adjudicó otro contrato para los Juegos Odesur, el organizar el encendido y recorrido de la antorcha en Tiwanaku, como una especie de “premio”, pues ésta prestó su imagen para que sea utilizada en una supuesta competencia con la empresa de Groux.

Otra observación es que un mes antes del lanzamiento de la convocatoria a licitación pública para los Juegos Odesur, el presidente Evo Morales revisó las propuestas de las empresas Kronopios y Arte Bolivia, según una nota de prensa del 26 de diciembre de 2017.

Ante este panorama, el problema de fondo es que el Gobierno abusa de las contrataciones directas para bienes, obras y servicios.

Bolivia logró en 2013 ser sede para los Juegos Odesur, pero en los siguientes años no hubo avances concretos y en los dos últimos recién se hizo este trabajo y se optó por saltarse la norma y autorizar las contrataciones directas y adjudicarlas a personas vinculadas con el Ejecutivo.

Otro caso que también ha sido cuestionado es la posesión del nuevo viceministro de Lucha Contra el Contrabando, el coronel Gonzalo Rodríguez, debido a que fue jefe de los edecanes y comandante del Comando Estratégico Operacional.

Este nombramiento me parece una imprudencia del Ejecutivo, porque si pasa algo irregular con esta persona se arriesga el prestigio del Gobierno. Por ello, pienso que este tipo de nombramientos de autoridades debe ser más objetivo, porque es una responsabilidad delicada con la reciente emisión  de una norma que autoriza a  policías y militares el uso de armas, pues el contrabando es un delito de alta peligrosidad.

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