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Acoso político psicológico, el ‘más natural’

La violencia política psicológica y simbólica es poco visible, está naturalizada y es difícil probarla.

La Razón (Edición Impresa) / Aline Quispe es periodista

07:00 / 25 de julio de 2018

Esta no nos va a mandar, se cree la reina”, habían dicho dirigentes varones acerca de la lideresa de una junta vecinal del municipio de El Alto. El acoso y violencia política psicológica es la forma más común que sufren las mujeres de la comuna alteña; luego está la violencia simbólica, según el estudio cualitativo “Acoso y violencia política a mujeres en el municipio de El Alto”.

La investigación establece que entre el 53% y el 65% de las mujeres dirigentes, autoridades políticas y lideresas del municipio alteño que participaron en tres grupos focales, reunidos entre diciembre de 2017 y enero de 2018, afirmaron que fueron víctimas de acoso y violencia política psicológica. (Ver infografía)

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Tania Sánchez, directora del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, indica que en la indagación se identificó que las formas que más se utilizan para ejercer acoso psicológico contra las mujeres en el ámbito político son: el miedo, la intimidación, las amenazas, los chantajes, el desprestigio, la desvalorización, y la difamación, a las que se suman las amenazas de muerte, así como poner obstáculos en el trabajo.

“Esta es la forma más común de acoso y violencia política que es utilizada en las instituciones políticas y públicas, la cual está naturalizada y busca relegar a las mujeres a un segundo plano”, sostiene Sánchez.

El acoso y la violencia política se pueden definir como la afectación del “estado mental o bienestar de los individuos, que causa ansiedad, depresión y estrés. Lo definimos para incluir amenazas de violencia física, así como actos que buscan dañar la reputación de la mujer víctima. Los datos sobre violencia contra mujeres en política indican que esta es una herramienta particularmente usada contra las mujeres”, se lee en el texto de conclusiones del estudio.

Gioconda Diéguez, coordinadora de proyectos y programas de Alianza por la Solidaridad —Organización No Gubernamental española—, manifiesta que en base están las desigualdades de género aún imperantes en nuestras sociedades y que en el ámbito público y político se manifiestan las mismas maneras de violencia que se dan en el ámbito familiar y privado (física, psicológica, sexual y simbólica).

En la investigación se menciona que otras expresiones de este tipo de acoso son la presión de las organizaciones sociales y las amenazas de la extensión de la violencia al entorno familiar de las mujeres.

Sánchez detalla que en el municipio de El Alto rige un sistema de gobierno “consociativista” —que se basa en el pacto constante de las élites y los grupos de dirigentes en países con fuerte fragmentación de intereses— y eso genera otra forma de violencia, que se refleja en la imposición a las mujeres autoridades de que antes de tomar cualquier decisión relevante, la misma debe consultar permanentemente con las bases y organizaciones sociales alteñas.

La investigación cualitativa identifica el acoso y violencia política contra las mujeres en El Alto desde la perspectiva de concejalas, dirigentes en organizaciones sociales y gremiales, su entorno y desde los medios de comunicación. También analiza las percepciones de las mujeres que sufrieron este problema, las barreras que implica y las estrategias adoptadas para afrontar este tema.

Para el estudio se efectuaron entrevistas en profundidad y semiestructuradas, además de tres grupos focales, entre diciembre de 2017 y enero de 2018, a mujeres representantes, autoridades políticas y lideresas que vivieron situaciones de acoso y violencia política o conocieron de este tipo de casos. Asimismo, se entrevistó a autoridades masculinas del Concejo Municipal y dirigentes de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), así como a mujeres del área de comunicación y periodistas.

Diéguez precisa que dicho estudio y otro similar efectuado en Perú son parte del proyecto binacional impulsado por Alianza por la Solidaridad, denominado “Fortaleciendo ciudadanía activa y servicios locales para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia en los municipios de El Alto (Bolivia) e Independencia (Perú)”, que fue implementado por Alianza por la Solidaridad, el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza y el Movimiento Manuela Ramos (Perú), con el financiamiento del Ayuntamiento de Madrid.

La investigación también menciona que entre 20% y 30% de las integrantes de los grupos focales señalaron que vivieron acoso y violencia simbólica, que pretende anular o borrar la presencia de las mujeres en el espacio público y es más efectiva para mantener las condiciones de opresión debido a que es “sutil, indirecta, invisible e indiscutible”.

“La violencia simbólica se refiere a la invisibilización de las mujeres o el no uso de un lenguaje inclusivo. Por ejemplo, esto se ve en las sesiones cuando ellas levantan la mano y quieren opinar, pero se las coarta o no se las toma en cuenta”, explica la directora Sánchez.

La coordinadora de proyectos y programas de Alianza por la Solidaridad detalla que este tipo de violencia refuerza y naturaliza el acoso porque hace creer a la sociedad que la “política no es un espacio para las mujeres y que es solo para los varones”.

Diéguez detalla además que otro aspecto que se ha naturalizado es la división sexual del trabajo, que asigna a las mujeres la tarea exclusiva del trabajo doméstico o el cuidado de los niños, obligándolas a realizar una doble o triple jornada y a competir con los hombres en condiciones de desigualdad tanto en el campo laboral como en lo político.

Sánchez afirma que el acoso psicológico y simbólico están “entrelazados”, son poco visibles y hay dificultades para probarlos y sustentar una denuncia, sobre todo cuando se trata de mujeres del área rural, pues muchas no saben leer, ni escribir y no dominan el castellano.

La directora señala que la falencia para probar estas formas de acoso muestra que falta profundizar los protocolos de aplicación de la Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política Hacia las Mujeres. Indica, por ejemplo, que en la norma actual se dispone que los concejos municipales y las asambleas departamentales deben adecuar sus reglamentos para definir medidas en el área civil y penal, a fin de poder controlar hechos de acoso político.

Otros resultados de la investigación son que entre el 15% y el 23% de las participantes de los grupos focales sufrieron acoso y violencia política física, mientras que entre el 1% y el 10% de las consultadas fueron víctimas de acoso y violencia sexual.

Según datos de la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) al 8 de junio de 2018, 70 concejalas y alcaldesas fueron víctimas de acoso político. En 2017, la cifra llegó a 64.

Para Sánchez y Diéguez, el estudio da muchos insumos que buscan contribuir a mejorar la aplicación efectiva de las normas, luchar contra la impunidad de estos casos, realizar campañas de concientización para deconstruir la naturalización del acoso y la violencia política y promover la equidad de género.

Barreras que afrontan las mujeres en la política

El bajo nivel educativo, la división sexual del trabajo, la violencia de género, la “gestión compartida” a que se les obliga, la débil institucionalidad de la norma vigente, son algunas de las barreras para el acceso y permanencia de las mujeres autoridades, dirigentas y lideresas en los espacios políticos.

Estos factores sociales y culturales limitan el ejercicio de las mujeres en el ámbito político, según el estudio cualitativo “Acoso y violencia política a mujeres en el municipio de El Alto”.

Tania Sánchez, directora del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, señala que las mujeres entrevistadas, especialmente las migrantes del área rural, manifestaron que no haber concluido el colegio o no contar con estudios universitarios influye en su autoestima y genera limitaciones para el ejercicio de sus derechos políticos, pues son criticadas, presionadas e incluso podrían ser obligadas a suscribir documentos no acordes a las normas.

“Hoy se ha demostrado que para ser un buen líder no es necesario tener un título profesional, pero es una barrera”, afirma Sánchez.

La directora explica que la ausencia o el bajo nivel educativo de algunas mujeres restringe el conocimiento de las normas de protección y de gestión.

La indagación establece también que si bien otras cuentan con una formación académica elevada y provienen de espacios de hacer política diferente, lo mismo son tratadas como “recién llegadas” y su experiencia es minimizada.

Gioconda Diéguez, coordinadora de proyectos y programas de Alianza por la Solidaridad, afirma que otras barreras son la división sexual del trabajo que expresa una “desigualdad estructural” y la violencia de género que se da en el ámbito familiar y privado.

Para Sánchez, otra traba es que en muchas ocasiones a la mitad de la gestión las concejalas o asambleístas titulares son presionadas por sus pares varones suplentes para asumir la titularidad por la “gestión compartida”, lo cual es ilegal. A ello se suma la débil institucionalidad de la Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política Hacia las Mujeres, las deficiencias en las competencias asignadas, el poco seguimiento a los casos denunciados y la no adecuación de las normas.

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