Animal Político

Actos chilenos poco sabidos

En la presente entrega de Animal Político se pone énfasis en los actos unilaterales menos citados en los alegatos bolivianos presentados en la primera semana de mayo en el Palacio de la Paz, en Holanda.

La Razón (Edición Impresa) / La Paz

00:05 / 17 de mayo de 2015

Nunca está de más el recuento de cosas tan importantes para el país, como los actos unilaterales de Chile prometiendo o insinuando una salida soberana de Bolivia al mar; más cuando ésta es la base de la actual demanda boliviana contra el país vecino ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya.

En la presente entrega de Animal Político se pone énfasis en los actos unilaterales menos citados en los alegatos bolivianos presentados en la primera semana de mayo en el Palacio de la Paz, en Holanda.

Los actos chilenos desarrollados en abundancia fueron, recordemos: el Tratado de Transferencia de Territorios (1895), el Acta Protocolizada de 1920, el intercambio de notas de 1950, las negociaciones de Charaña y sus correspondientes declaraciones conjuntas (1975-1978), y la Resolución de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (1983).

Pero hubo al menos otros seis que de alguna manera fueron aludidos en el alegato boliviano en La Haya, pero que vale la pena precisar: la declaración de Domingo Santa María (primero como canciller y luego como presidente); la nota de 1923, la respuesta de 1926 a la Propuesta Kellogg; el artículo 1 del Protocolo de Lima; la declaración del presidente Gabriel González Videla en 1948; la nota “Trucco” de 1961; y la mención chilena en el juicio de Perú contra Chile en 2012. Las  manifestaciones expresas de ese país, sin embargo, son aún más.

En la segunda parte del reportaje central se precisa cómo máximas autoridades chilenas, ministros de Relaciones Exteriores y presidentes, también comprometieron la fe de su Estado con sus declaraciones.

Una autoridad, recuerda el agente boliviano en La Haya, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, no puede hablar como el común de los ciudadanos. Su palabra es “una suerte de garantía de que las declaraciones o promesas también pueden tener un efecto jurídico vinculante”.

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