Animal Político

‘Administración de bienes incautados no funciona’. Carlos Romero

El Ministro de Gobierno se vio envuelto en  un impasse personal con la presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, al asegurar que la legisladora no estaba a  su nivel político ni académico para debatir sobre la Ley de Extinción.

Carlos Romero.

Carlos Romero. Fotos: Alejandro Álvarez

La Razón / Luis Mealla Gutiérrez

00:02 / 02 de diciembre de 2012

El Ministro de Gobierno se vio envuelto en  un impasse personal con la presidenta de   la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, al asegurar que la legisladora no estaba a  su nivel político ni académico para debatir sobre la Ley de Extinción. Tras una reunión con autoridades del oficialismo, Romero dio por cerrado el tema y no dio más detalles al respecto. De inmediato, el caso pasó a otro plano tras develarse una red de extorsión en dos ministerios, cuando se investigaba   al estadounidense Jacob Ostreicher.

El impasse que el ministro de Gobierno, Carlos Romero, sostuvo con la presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, al decir que no está a su altura académica ni política para debatir la Ley de Extinción de Dominio de Bienes, pasó a segundo plano cuando se destapó un escándalo mayúsculo en dos ministerios del Órgano Ejecutivo.

El estadounidense Jacob Ostreicher, acusado por legitimación de ganancias ilícitas, denunció “corrupción y extorsión” en funcionarios de los ministerios de Gobierno y de la Presidencia, que fue develada la semana que termina. Hasta el jueves, Romero hablaba de ocho investigados, entre ellos un juez (Zenón Rodríguez) y dos abogados (Dennis Rodas y Fernando Rivera) de la cartera que rige. En una entrevista con Animal Político de La Razón, la autoridad argumenta que este hecho responde a un problema estructural en la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), donde el procedimiento de administración de  los bienes incautados ya no funciona.

— ¿Cuál es la actual situación jurídica de Jacob Ostreicher?

— Se lo acusa por legitimación de ganancias ilícitas y vinculación con un narcotraficante. Ése es un tema sobre el que yo no puedo opinar porque, obviamente, forma parte de la investigación principal y es el objeto detrás del proceso judicial que se ha instaurado contra Ostreicher.

— La detención y su libertad...

— Es otro elemento que tiene que ver con la detención preventiva de Ostreicher y las varias solicitudes de audiencia para analizar la cesación de su detención preventiva presentada por el acusado, en el que hubo varios componentes irregulares, como el hecho de que varias audiencias se suspendieron, jueces impugnados y una dilación de justicia impresionante. También llama la atención que un juez (Rodríguez) haya dispuesto la cesación de su detención preventiva y a los días se haya retractado de esa decisión. En fin, son elementos que han merecido como respuesta de Ostreicher denuncias de extorsión    y de irregularidades en el proceso,     y eso es lo que debe investigarse.

— ¿Hay más implicados en esa red en su ministerio?

— Presumo que sí, pueden haber; de hecho, la estructura de Dircabi, que está conformada por exfuncionarios, exdirectores, los que se encuentran prófugos... todos ellos son gente que está implicada en esta  red, desde mi punto de vista. Ahora, hay que establecer si esta red tuvo conexiones y ha involucrado a funcionarios judiciales; ése es un tema de investigación.

— ¿Son funcionarios contratados por el actual Gobierno?

— Eso es relativo, porque resulta que hay funcionarios públicos que vienen de gobiernos anteriores, que están en la administración pública desde hace muchos años, no necesariamente en la misma institución. Entonces, no podría decir exactamente si son funcionarios de este Gobierno. Evidentemente, algunos de ellos tienen mucha antigüedad en la administración pública.

— Con estos hechos de corrupción hallados en Dircabi, ¿qué pasará con esa institución?

— Es un problema estructural; es decir, donde hay manejo de bienes incautados hay corrupción, lamentablemente. Puede ser en Dircabi  u otra institución. Entonces, desde mi punto de vista, no funciona el esquema de administración de los bienes incautados, por eso planteamos la Ley de Extinción de Dominio, para monetizar los bienes.

— Una purga en Dircabi...

— Es un gran desafío, es decir, Dircabi está ante el desafío de poder esclarecer a todos los funcionarios que tienen responsabilidad en estas irregularidades. Está ante un desafío de sanearse por sí misma y para eso debe participar muy activamente en el esclarecimiento de todos estos hechos.

— Se habló de cerrar Dircabi y abrir otra entidad...

— Es sólo un trámite de forma, podemos abrir otra institución y cambiarle el nombre, pero habremos hecho solamente un maquillaje. El fondo de la cuestión es el procedimiento de administración de bienes incautados que no funciona y por eso la Ley de Extinción ha planteado la monetización de los bienes incautados.

— Entonces, se mantiene. Pero, ¿cambiará la forma de administrar los bienes incautados?

— Hay bienes incautados que han sido administrados por Dircabi o por otras instituciones y casi en todos los casos hay las mismas irregularidades; entonces, no es la institución ni el nombre, sino es el procedimiento que no sirve. Hay bienes incautados y administrados durante largos periodos de tiempo por gente que, en muchos casos, no tiene capacidad ni experiencia para administrarlos. En otros casos, al no tener una relación patrimonial con los mismos, pretenden aprovecharse de ellos, por eso la Ley de Extinción plantea que haya una monetización más o menos rápida de esos bienes en vez de estar administrándolos.

— ¿Eso planteará la devolución de algunos bienes?

— Eso corresponde a derecho, es decir, a un proceso judicial.

— ¿Se tiene en Dircabi un inventario de bienes incautados?

— Cuando nos hicimos cargo de Dircabi no habían registros; estamos precisamente en ese trabajo de auditoría de inventarios y de registros notariados, de trabajos periciales; estamos en esa labor que es muy compleja, porque cuando recibimos Dircabi no tenía nada.

— ¿Desde hace cuántos años no se hicieron los registros?

— No sé exactamente, pero seguramente muy pronto vamos a estar en condiciones de dar una información parcial acerca de la situación de los bienes incautados.

— ¿Habrá más casos similares a los de Ostreicher?

— Podría haberlos, por eso ojalá que a partir del caso Ostreicher se puedan abrir otras investigaciones.

— A estas alturas, ¿se puede decir que ya se desbarató la red de extorsión y corrupción?

— No puedo asegurar que toda la red está desbaratada, hay una investigación que puede establecer que haya más gente vinculada a esta red. Entonces, puede ser apresurado decir que la red está desactivada, pero de que ha sido una investigación y un operativo importante, de eso estoy convencido.

— ¿Se podría convocar a la exautoridad de esa cartera para dar detalles sobre los funcionarios?

— Si se habla sobre el ministro Sacha Llorenti, no corresponde hacer especulaciones, porque tendrían que venir a declarar los seis ministros anteriores, entre ellos, (Alfredo) Rada o (Wilfredo) Chávez, porque resulta que los dos abogados del Ministerio de Gobierno trabajaban desde la gestión de Rada.

— Si hay más casos, ¿qué garantía tendrá el denunciante de no ser perseguido o acusado?

— Si hay otras denuncias, es decir,  casos parecidos a los de Ostreicher, vamos a dar garantías a la gente y a los que presenten las denuncias; si precisan protección especial, la vamos a dar porque nos interesa esclarecer cualquier irregularidad que se haya podido producir.

— ¿Los abogados serán los cabecillas o hay otros funcionarios de mayor rango implicados?

— No creo (que haya) funcionarios de alto nivel, si existe alguien más involucrado se podría sospechar de toda la estructura que maneja Dircabi, porque hay algunos prófugos, hay un exdirector que tiene medidas sustitutivas. Si me dicen de quién más sospecho, (será de) todo lo que era Dircabi-Montero y Dircabi-Santa Cruz. Probablemente aparezcan otros nombres de funcionarios en las investigaciones; pero a nivel del Ejecutivo, serían funcionarios intermedios.

— En este caso, ¿ya se puede hablar de un consorcio entre abogados, fiscales y jueces?

— Tal vez hablar de un consorcio, por ahora, es prematuro. Habría un consorcio si los abogados hubieran tenido vínculos con los fiscales, jueces y otros funcionarios judiciales, además de otros abogados; ahí estaríamos en presencia de un verdadero consorcio. Todavía no hay los elementos suficientes para determinar ello. Que puede haber un consorcio no lo descartaría totalmente, pero la investigación tendrá que establecer todo aquello. Por eso, junto al viceministro Jorge Pérez y el comandante (de la Policía, Víctor) Maldonado empezamos a investigar.

Perfil

Nombre: Carlos Romero Bonifaz

Nació: 23-08-66

Profesión: Abogado

Cargo: Ministro de Gobierno

Carrera

Romero es uno de los ministros más afines al presidente Evo Morales; hasta la fecha se hizo cargo de tres carteras de Estado  y asegura que seguirá cumpliendo su labor enmarcado en las leyes. Este año, el abogado reemplazó a Wilfredo Chávez en esa cartera.

‘No se debe politizar la investigación de este caso’

— ¿Los abogados también extorsionaron en el caso Terrorismo?

— Si estos abogados (Rivera y Rodas) extorsionaron a alguien en el caso Terrorismo, que las personas que saben del hecho denuncien y los investigaremos con la misma responsabilidad y seriedad con la que se maneja el presente caso.

— Las embajadas de Suiza y de Estados Unidos enviaron información de que Ostreicher no tiene antecedentes. ¿Se van a tomar en cuenta esos datos?

— No dirijo la investigación sobre    la legitimación de ganancias ilícitas que pesa sobre el ciudadano Ostreicher; esa investigación la dirige el Ministerio Público. Obviamente, con este caso han cambiado muchas circunstancias del proceso, pero es el Ministerio Público el que debe volver a valorar el caso, pedir declaraciones ampliatorias e informes periciales.

—¿Esto no cambia la situación jurídica de Ostreicher?

— Hay que ver tres dimensiones de la investigación, uno es el referido a  los bienes incautados; de ahí provienen esas irregularidades; dos, la solicitud de cesación preventiva que corresponde a las autoridades judiciales, lo que nos llamó la atención en  la postergación de audiencias y suspensiones. Tercero, la acusación de fondo y verificar si tenía vínculo con el narcotráfico o no, si ha legitimado ganancias ilícitas o no; éste es un tema que tiene que continuar en la investigación judicial.

— ¿Hay autoridades políticas vinculadas en este caso?

— No hay que intentar aprovechar una investigación que se la maneja con mucha valentía y con mucha honestidad, por eso no se debe politizar la investigación de este caso. Por ejemplo, no se debe hacer lo ocurrido con la revista Veja, que fue una canallada; entonces, dijeron que el ministro Juan Ramón Quintana tuvo alguna conversación con Mauro Vásquez (líder de una banda de narcotraficantes). Quintana me sugirió que solicitemos su traslado a Chonchocoro por la peligrosidad de esa persona y porque había riesgo de fuga en Cobija, creo que el tema hay manejarlo en su justa dimensión y no con especulaciones.

— Opositores pidieron su renuncia por este tema...

—  Entonces ellos están defendiendo a la red de corrupción y extorsión; los que están pidiendo mi renuncia son los abogados defensores de esa red. Quiere decir que están contra la investigación.

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