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Administrando riesgos que nadie quiere tomar

Casi sin mayor negociación, casi por iniciativa propia, es obvio que debieran relajarse algunas medidas en orden de incentivar la inversión de riesgo, e incluso, hacerla uno mismo. El propio Banco Central de Bolivia ha sido llamado a financiar el ambicioso programa de inversiones en exploración de YPFB.

La Razón (Edición Impresa) / Ernesto Sheriff B.

00:01 / 16 de noviembre de 2015

La extracción de recursos naturales no renovables es una de las actividades económicas más riesgosas, particularmente en la etapa de exploración. El cálculo es frío y haciendo uso de las más sofisticadas técnicas de cálculo basado en probabilidades. En efecto, el retorno económico esperado de una explotación petrolera tiene una primera variable incierta: la propia inversión; le siguen el precio de venta (casi impredecible), los costos de extracción y refinación (siempre inciertos aunque con menores niveles de incertidumbre que la inversión); los impuestos (que cambian de manera exógena a capricho de los gobiernos), las restricciones a las remesas de utilidades, los costos laborales (baste mencionar el segundo aguinaldo), etcétera. Volviendo al tema de la inversión, el retorno no es proporcional al monto invertido en exploración, y el monto invertido en esta etapa no asegura siquiera la ocurrencia de un descubrimiento.

Se dice que Bolivia es un territorio poco explorado y que sería relativamente fácil encontrar yacimientos de petróleo o gas con montos moderados de capital de riesgo. Sin embargo, en los periodos en que los gobiernos hicieron de todo para atraer inversión de riesgo, la misma no llegó, y es obvio que la decisión de no invertir tuvo que ver con ese cálculo probabilístico de que un centavo por barril puede definir hacer la inversión en otro país.

El endurecimiento en el tratamiento a la inversión extranjera, particularmente vinculada a la extracción de recursos naturales no renovables, obviamente hizo que la ecuación se torne menos favorable todavía. Ese endurecimiento, sin embargo, obedecía a varios lineamientos profundos en la política del actual Gobierno. Estaba el tema de soberanía, la participación en el excedente, el respeto a la Madre Tierra, la protección de las etnias y de los recursos naturales. Una convergencia de principios que derivaron en una de las economías más duras en cuanto al tratamiento del capital extranjero y, por ende, al capital de riesgo. Si antes no vinieron, menos podíamos esperar ahora. Sin embargo algo ha cambiado, en ambos lados de la ecuación.

Resulta que desde 2010 se escucharon más golpes a las puertas. Algunos inversores no dudaron en iniciar emprendimientos en Bolivia sin esperar la bendición gubernamental ni ningún tipo de dádiva; en pequeños montos (comparados con los que se manejan en minería o hidrocarburos) multiplicaron la oferta de servicios y ocio; otros compraron solapadamente tierras en cantidades industriales hasta prácticamente cambiar la nacionalidad de más de un millón de hectáreas; otros compraron participaciones genuinas en empresas agroindustriales y otros dinamizaron el mercado financiero boliviano. Los récords de inversión privada extranjera no se registraron en los ’90, son de 2013 para adelante. La inversión extranjera estuvo detrás (al menos en parte) de la bonanza boliviana de los últimos años y captó una buena parte de la renta de despilfarro (tanto público como privado) que se produjo a partir de la misma. Si eso estaba pasando en las ligas menores de la inversión, ¿qué pasaba en esa liga exclusiva de la inversión petrolera?

Desde mucho antes de la crisis, ya se puede hablar con el Gobierno. El lobby es posible y las negociaciones al menos para temas operativos se hicieron frecuentes. Y al final, ambas partes hablan el mismo idioma en términos de rentabilidad esperada y probabilidades y se llegan a equilibrios, a senderos comunes, aceptando las reglas del juego aunque sean más duras, a cambio de negociar roles. Uno explora, el otro explota. Uno enseña, el otro aprende. Es una ecuación simple de dos partes.

La caída de los precios del petróleo no alteró la ecuación. Solamente cambiaron los ritmos, hay un poco más de apuro en concretar algunos objetivos. La expectativa del Gobierno es que el cambio es transitorio, y en esa línea ve riesgos en la provisión de gas en sus proyectos de exportación y el propio desbalance en derivados de petróleo presiona a encontrar salidas hace tiempo esperadas. Casi sin mayor negociación, casi por iniciativa propia, es obvio que debieran relajarse algunas medidas en orden de incentivar la inversión de riesgo, e incluso, hacerla uno mismo.

El propio Banco Central de Bolivia (BCB) ha sido llamado a financiar el ambicioso programa de inversiones en exploración de YPFB. ¿Qué pasará si no se encuentran yacimientos que paguen dicha inversión? Indudablemente el riesgo lo tiene el BCB y junto con él el poder de compra de la moneda. Para maximizar la probabilidad de éxito debía complementarse con la ampliación de áreas para la exploración hidrocarburífera (aún a costa de la posición inicial respecto a la protección de derechos ambientales y pueblos indígenas originarios). Estas medidas fueron tomadas en 2013, en plena bonanza. Las posiciones ahora (en una coyuntura negativa) son mucho más cortoplacistas, los resultados deben verse pronto y por tanto era de esperar mayores estímulos.

Finalmente, llega el proyecto de Ley de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera, que establece que el Gobierno boliviano pagará hasta $us 55 por barril como incentivo a la exploración petrolera en las zonas no tradicionales, siendo el mínimo estímulo de 30 dólares por barril. Las leyes o proyectos de ley revelan la intencionalidad de la política pública sobre el tema. En este caso se busca claramente hacer positiva la ecuación para el gran inversionista, para que se anime a invertir en actividades riesgosas. Cuando YPFB hace exploración por su cuenta con crédito del BCB, quien asume todo el riesgo es el Estado.

Cuando la petrolera obtiene más del 100% de su costo de operación como compensación a su tarea exploradora, es como si hubiese recibido una prima como premio al riesgo enfrentado, es decir, igual el riesgo lo termina pagando el Estado. Ya se anunció la revisión de regalías, al menos su retención por ciertos lapsos de tiempo; y facilitación de información sísmica para disminuir el riesgo de inversión.

El Gobierno está revelando unas preferencias de neutralidad al riesgo facilitando un juego que podría ser perverso: aprovecharse del agente neutro al riesgo, urgido por beneficios de corto plazo, para que el otro jugador muy adverso al riesgo le transfiera la mayor parte del mismo. ¿Es esa la situación?

El Gobierno debiera saber equilibrar hasta dónde aceptar nuevos riesgos y hasta dónde transferirlos a la contraparte (aunque parezca invisible). Se requiere un análisis económico profundo por parte de un ministerio especializado (digamos el MEF, Ministerio de Economía y Finanzas) para dar racionalidad a las más abigarradas iniciativas que van surgiendo de estamentos menos técnicos urgidos por mostrar resultados de corto plazo. El tiempo dirá si estos nuevos estímulos fueron suficientes, sostenibles y coherentes con la visión de largo plazo que se tiene del país.

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