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Agenda 2025: 2013, año 1

Varios de los temas centrales de la agenda gubernamental de este año se derivarán de los resultados del censo de 2012: pacto fiscal, redistribución de la coparticipación y reconfiguración de la representación legislativa regional.

La Razón / Manuel Canelas

00:00 / 27 de enero de 2013

El martes, en ocasión del tercer aniversario del Estado Plurinacional, el presidente Evo Morales rindió su informe de gestión. En el marco de su discurso, explicó con algo más de detalle en qué consiste la Agenda Patriótica para el Bicentenario Bolivia 2025, que está estructurada en 13 puntos y tiene la intención de operar como un horizonte articulador de las líneas estratégicas de acción y de las políticas públicas a partir de este año hasta 2025.

Con el establecimiento de la agenda se procura romper con una larga tradición de apego al cortoplacismo —la idea de “aprovechar el paso por el Estado” sin dejar nada atrás ni mirar hacia adelante— y a la ausencia de planes de política estatal de largo aliento, costumbres demasiado presentes en nuestra historia política. Las metas trazadas en la Agenda 2025 son tan ambiciosas como necesarias para la consolidación de los logros actualmente conseguidos; la envergadura de su desafío se pondrá de manifiesto desde este mismo año que comienza.

En esa dirección, de señalar los principales desafíos, se inscribe la advertencia del presidente Morales a la situación en Colquiri. Esta advertencia apunta dos cosas fundamentales: la nacionalización, en cualquiera de sus ámbitos, se pone a prueba con una gestión eficiente de las empresas recuperadas por parte del Estado; en caso de que ésta no se demostrase se corre el riesgo de dar argumentos a los eternos enemigos de lo público (que vuelven a asomar la cabeza ocultos bajo la consigna de “la unidad democrática”). Como apuntó Morales en su discurso, el Gobierno tendrá como prioridad el garantizar celosamente el exitoso funcionamiento de estas empresas, ya que el país se juega mucho en ello. Por otro lado, dejó claramente abierta una puerta a la inversión extranjera, recordando que la demanda de seguridad jurídica resulta innecesaria si los socios extranjeros están dispuestos a respetar la normativa vigente, y siempre que no entiendan seguridad jurídica como sinónimo de prioridad de los intereses transnacionales sobre los intereses nacionales. Es probable que este 2013 acabe con una Ley de Inversiones que facilite progresivamente esta relación y termine de despejar las dudas en este apartado.

Cuando uno dice Colquiri, rápidamente se le viene a la cabeza el segundo tema importante en este ámbito: la necesidad de una política minera coherente a mediano-largo plazo, que sea capaz de dar respuestas a las necesidades e intereses de actores tan variados como los cooperativistas, los asalariados, el Estado y los socios extranjeros. Así como también esto resulta prioritario, vemos la necesidad de tener planes de contingencia ante las probables —que no inmediatas— variaciones en el mercado de los precios de los minerales. Uno de nuestros principales retos es, sin duda, el desarrollar nuestra minería con un ojo puesto en el contexto de la crisis económica mundial (de la que una buena gestión de la política económica nos ha mantenido al margen) y el otro puesto en las complejas articulaciones internas que son necesarias para plantear soluciones integrales y satisfactorias.

Otro de los temas que el presidente Morales abordó directamente, y que estará en la primera línea de discusión este 2013, fue el TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isoboro Sécure). Empezó reconociendo que “de verdad hemos olvidado” cómo vivía la gente allí. Se trata de un reconocimiento no poco importante, ya que a veces olvidamos (por empacho de titulares tendenciosos y por un bajo interés por lo que ocurre fuera del país) lo poco afectos que son los jefes de gobierno a reconocer cualquier error o señalar que han aprendido algo que antes desconocían: un vistazo a los lisérgicos discursos del presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, para justificar-ocultar el enésimo caso de corrupción en su partido o el volver a leer “la disculpa” de Sebastián Piñera por los conflictos estudiantiles, nos mostraría lo poco que aprenden y lo mucho que suelen saber los jefes de gobierno.

Las carencias de los ciudadanos bolivianos que viven en el TIPNIS y la necesidad de parte de cualquier gobierno responsable de darles una real y efectiva solución nunca más estarán fuera de la agenda política nacional. En ese sentido, el presidente Morales, al incluir este asunto en su discurso, eleva el rango del compromiso adquirido. Ahora bien, esto no hace que desparezca, más bien todo lo contrario, la necesidad de un debate sobre el modelo de desarrollo que queremos/podemos tener, un debate que no puede obviar las condiciones materiales del Estado boliviano, la manera en la que el país está inserto en la economía-mundo ni la consideración de lo plural como base de toda discusión democrática.

Por último, otro de los temas que ocupará buena parte de los titulares este 2013 es el resultado del Censo Nacional, llevado a cabo el 21 de noviembre de 2012. Son tres los temas problemáticos que se derivan de los resultados finales: los conflictos por límites, la redistribución de la representación parlamentaria entre los territorios y el pacto fiscal.

Con los resultados, empiezan a perfilarse posiciones duras en estos aspectos; al momento de escribir este artículo, había pronunciamientos de varios diputados: los que provienen de departamentos que perderían escaños se niegan a aceptar dicha reducción y hablan de “defensas corporativas” articuladas entre los afectados; por otro lado, algunos representantes de Santa Cruz y La Paz se mostraban algo más cautos aunque sin dejar de señalar que, según los resultados, les corresponde un mayor número de representantes.

Es deseable que la discusión se plantee de manera democrática y respetuosa de lo establecido para estos casos (con menos defensas corporativas y más precautelar el interés nacional); sin embargo, no hay que olvidar que la redistribución de escaños no sólo se lleva a cabo por criterios de crecimiento demográfico, sino también por criterios como la equidad interna y el desarrollo económico de los departamentos afectados.

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