Animal Político

Agendas orgánicas de los indígenas

Paradójicamente, luego de haber constitucionalizado el vivir bien, los gobiernos de Ecuador y Bolivia vienen implementando políticas estatales que contravienen su enfoque filosófico y los principios éticos que lo sostienen.

La Razón (Edición Impresa) / Fernando Heredia

00:02 / 20 de septiembre de 2015

En la historia contemporánea de las organizaciones indígenas y campesinas de la región andino amazónica, se registra el rol estratégico de sus agendas orgánicas como ejes articuladores y factores movilizantes de procesos sociopolíticos que han interpelado no solo las bases filosóficas de los Estados, sino también aquellos modelos de desarrollo cuyo horizonte civilizatorio se asienta y reproduce en la lógica de un progreso ilimitado. Ello ha implicado, en muchos casos, el tránsito de sus agendas sectoriales a agendas colectivas de país. Sin embargo, en el contexto andino amazónico actual, inevitablemente influenciado por la desaceleración de la economía asiática y la baja de los precios internacionales de los hidrocarburos, las agendas de las organizaciones indígenas y campesinas parecen haber sido “secuestradas” e “instrumentalizadas” por los Estados, desnaturalizando su cualidad y filosofía transformadora.

En Ecuador y Bolivia, las afirmaciones identitarias que a partir de la década de los 70 genera el movimiento indígena, han estado fundamentadas en un conjunto de agendas orgánicas que han puesto en evidencia el límite regenerativo de la naturaleza y el colapso del sistema civilizatorio de la humanidad, que como efecto del modelo de desarrollo extractivista reproducen las políticas estatales en dichos países. De esta manera, durante las últimas décadas, el vivir bien comienza a posicionarse en el debate teórico como una alternativa y horizonte civilizatorio que emerge desde el saber y los sistemas de vida de los pueblos indígenas. Así, por ejemplo, Ecuador y Bolivia adoptan la dimensión humana, ética y holística del vivir bien como esencia de un nuevo paradigma rector de una sociedad digna, igualitaria, complementaria y armoniosa con la naturaleza.

Paradójicamente, luego de haber constitucionalizado el vivir bien, los referidos gobiernos vienen implementando políticas estatales que contravienen su enfoque filosófico y los principios éticos que lo sostienen. Por ello, el movimiento indígena en Ecuador ha interpelado la decisión gubernamental que autoriza la explotación hidrocarburífera en el parque natural Yasuní, hábitat de pueblos indígenas no contactados y área de una extraordinaria biodiversidad que cumple un rol estratégico en la regulación del bioclima. Por su parte, el movimiento indígena de Bolivia, por medio de marchas colectivas desde las selvas amazónicas hasta la sede de gobierno, ha logrado que se paralice “momentáneamente” la decisión del gobierno nacional de construir una carretera cuyo tramo atravesaría el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), afectando con ello la Casa Grande y los medios de vida de ocho pueblos indígenas amazónicos.

En Brasil, país con el territorio más grande en la región amazónica, emerge a mediados de la década de los 80 el Movimiento Sin Tierra. Este actor social, que aglutina a más de un millón y medio de personas, fundamenta y estructura su agenda orgánica en torno a la democratización de la tierra y el fortalecimiento de la agricultura familiar, puesto que las políticas agrarias estatales dirigidas a la promoción y fortalecimiento de los modelos de desarrollo agroindustriales están configurando un sistema de tenencia de la tierra caracterizado por el acaparamiento de este recurso natural en desmedro de las estrategias de vida de los pequeños productores: de los 5,1 millones de establecimientos agropecuarios, el 84% corresponde a la agricultura familiar, pero solo posee el 24% de la superficie agrícola y pecuaria del país.

Con el objetivo de concretar sus agendas, el Movimiento Sin Tierra del Brasil ha establecido alianzas estratégicas con los gobiernos progresistas de su país. Sin embargo, pese a la promulgación de políticas públicas y la constitución de estructuras estatales dirigidas al fomento de la agricultura familiar y la democratización de la tierra como elementos centrales de la agenda de este movimiento social, el crecimiento y amplificación de sus acciones reivindicativas en la actualidad explica la colisión de sus planteamientos con la visión de desarrollo del Estado brasileño y, por tanto, el carácter irresuelto de los lineamientos centrales de su agenda orgánica.

En Colombia, desde 2013, el movimiento de los pequeños productores campesinos, junto a otros trabajadores del campo, ha iniciado el llamado “paro agrario nacional”. Esta acción colectiva campesina cuestiona la sostenibilidad ambiental y el alcance socioeconómico de las políticas estatales que fomentan el modelo agroexportador y confinan la economía campesina a niveles de alta vulnerabilidad frente a los Tratados de Libre Comercio.

Hasta hace dos décadas, Colombia aprovisionaba su mercado interno con productos agrícolas en un 90%. Actualmente importa el 100% del trigo y la cebada, el 75% del maíz, el 90% de la soya y el sorgo. Es decir, Colombia se alimenta hoy de productos básicos importados de países con los cuales ha establecido Tratados de Libre Comercio. Este factor, sumado a la dependencia de la tecnología agrícola y los insumos agropecuarios controlados por los monopolios, sustentan la necesidad de “una reforma agraria integral” como eje central de la agenda del movimiento campesino de este país. Sin embargo, dicha agenda encuentra dificultades en su atención por su contraposición a la visión y filosofía estatal sobre el desarrollo rural.

En el Perú, el movimiento indígena y el movimiento campesino han establecido una alianza en torno a una agenda común que reivindica la seguridad jurídica de sus territorios y el fomento de la agricultura familiar como medio de vida de miles de familias rurales y fuente generadora de la seguridad alimentaria del país. Esta agenda encuentra su pertinencia y relevancia frente a las políticas del Estado peruano que prioriza los lineamientos y enfoques de los modelos de desarrollo extractivistas, cuyos impactos socioambientales vulneran los territorios y sistemas de vida indígenas y campesinos. En este marco, las acciones colectivas de estos movimientos sociales, que buscan la atención de sus agendas orgánicas, han sido criminalizadas y judicializadas por el Estado.

En estos escenarios: ¿Cuál es la situación actual y el horizonte de las agendas indígenas y campesinas en la región andina amazónica? Eddy Timias, líder indígena del Ecuador en representación de la Coordinadora de la Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica; Ulisses Manacas, líder del Movimiento Sin Tierra del Brasil; Feliciano Vegamonte, secretario Ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, junto a Olga Quinteros, líder campesina de Colombia y Antolín Huáscar de la Confederación Nacional Agraria del Perú, serán las personas que, en el marco del III Foro Internacional Andino Amazónico a realizarse el 23 y 24 de septiembre en la ciudad de La Paz, dialogarán y profundizarán el debate democrático sobre las diversas dimensiones y perspectivas de sus agendas orgánicas.

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