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Agosto del 71, la administración militar del país

El golpe de Estado del 21 de agosto de 1971, del cual el viernes se recordó los 44 años, como todo, fue parte de un proceso; para el caso, de los militares en el poder.

Coroneles y generales en el poder de 1964 a 1982.

Coroneles y generales en el poder de 1964 a 1982. La Razón-Archivo.

La Razón (Edición Impresa) / Iván Bustillos Zamorano / La Paz

00:06 / 23 de agosto de 2015

El gobierno de facto de Hugo Banzer Suárez, como todo en esta vida, fue parte de un contexto mayor, de un proceso o ciclo histórico de Bolivia. Se trata de los 18 años (con tres breves gobiernos constitucionales, de Luis Adolfo Siles Salinas, Wálter Guevara y Lidia Gueiler) del llamado “poder militar”, la administración castrense del Estado, con sus luces y sombras, sus contradicciones, miserias y grandezas.

Un proceso que empezó con René Barrientos Ortuño en 1964, continuó con Alfredo Ovando Candia (tras un breve gobierno de Luis Adolfo Siles Salinas) entre el 69 y 70; Juan José Torres, entre el 70 y el 71; Hugo Banzer Suárez, del 71 al 78 (el periodo más prolongado); Juan Pereda Asbún, el 78; David Padilla Arancibia el 78 y 79; Alberto Natusch Busch, el 79 (que derrocó al gobierno transitorio de Wálter Guevara Arce); Luis García Meza, el 80 y 81 (que dio el golpe de Estado a la presidenta Lidia Gueiler); Celso Torrelio Villa, el 81 y 82; y, Guido Vildoso, quien cerró el ciclo, durante 1982. Un total de diez presidentes militares, de los que, sin duda, destaca Banzer Suárez, por el tiempo que estuvo en el poder (siete años).

Como parte del “Estado del 52”, se puede decir, todos son “nacionalistas revolucionarios”, hijos, buenos y malos, hacia la izquierda y hacia la derecha, de ese proceso mayor; y es que, como precisó Luis H. Antezana a principios de los años 80: “El nacionalismo revolucionario es una intersección ideológica que, bajo los avatares del ejercicio del poder, se ocupa necesaria y permanentemente; es decir, el ámbito ideológico nacionalismo revolucionario precede, en cierta forma, al ejercicio del poder. Quien ‘toma’ el poder —legalmente o de facto— utiliza, marcando la ‘izquierda’ o la ‘derecha’ o proponiendo un posible ‘centro’, este ámbito ideológico”. (Sistema y proceso ideológicos en Bolivia (1935-1979), en Bolivia Hoy, René Zavaleta M. (compilador), 1983, Siglo XXI Editores, México).

Ciclo de tendencias. Como recuerda la historiadora Magdalena Cajías: a mediados de los 60, por ejemplo, al interior de las Fuerzas Armadas, mientras Ovando representaba a la línea institucionalista, más nacionalista, Barrientos encabezaba la corriente conservadora o de extrema derecha. (Poder militar y retorno de la democracia, 1964-1982, en Bolivia, su historia. Tomo VI, Coordinadora de la Historia, La Razón).

Barrientos, pese a estar en la línea de la Doctrina de la Seguridad Nacional, no dejó de tener sus “tintes populistas” y hasta una base social importante, con el Pacto Militar-Campesino; siguió manejándose entre dejar actuar a las transnacionales y mantener un cierto capitalismo de Estado; reprimir duramente al movimiento obrero, especialmente minero, y a la vez favorecer intereses de distintos sectores de las clases medias; entregando tierras a los campesinos en los valles y altiplano e impulsando el crecimiento de nuevos latifundistas en las tierras bajas, especialmente en Santa Cruz, destaca la historiadora.

“La destrucción del proyecto de Barrientos empezó, empero, señala Zavaleta Mercado (Consideraciones generales sobre la historia de Bolivia) con la discusión acerca de las materias primas, en una táctica que fue propuesta a la izquierda por Sergio Almaraz (…) el debate se localizó en torno a la cuestión del gas, aparte de los hidrocarburos líquidos”. Esto, dice, “penetró profundamente en el ejército”, lo que, luego de la muerte de Barrientos en un accidente aéreo en abril de 1969, resultó en la emergencia de los militares nacionalistas, más hacia la izquierda: Ovando primero, Torres después.

Si algo distingue a Ovando —recuerda Cajías— fue la derogatoria del Código del Petróleo (Davenport) y, como corolario, la nacionalización de la Gulf Oil Company, en octubre de 1969, impulsada por quien luego también marcará la historia política del país: Marcelo Quiroga Santa Cruz; aunque en justicia, apunta la historiadora, hay que decir que dicha medida fue resultado de meses de presión de sectores populares, universidades y otros intelectuales, como Sergio Almaraz, René Zavaleta y Mario Miranda.

El gobierno de Juan José Torres, el antecedente inmediato de Banzer, principalmente se distinguió por lo que Zavaleta llamó la existencia del “poder dual”: el funcionamiento de la Asamblea Popular, el momento cúspide de la radicalización de la izquierda de entonces.

Así, propone el exdiputado Carlos Böhrt, la Asamblea hay que verla como la acumulación política de los sectores populares, que viene desde toda la década de los 60, y que tuvo que ver sobre todo con la división en el MNR y su salida de este partido de su ala izquierda, representada entonces por Juan Lechín y Ñuflo Chávez; una división que en el fondo significó la independización del movimiento obrero con respecto al MNR, racalca.

Ahora, según Cajías, “comenzó a diferenciarse entre la llamada ‘izquierda tradicional’ (estalinismo, maoísmo, trotskismo y nacionalismo progresista) y los nuevos grupos de izquierda”; nuevos grupos que “creían en la lucha armada” porque consideraban posible el cambio inmediato debido a que para ellos las “condiciones objetivas” estaban dadas. Era el tiempo de las organizaciones conformadas por “los jóvenes de las clases medias” que “pasaron rápidamente a la acción”.

Y es que se vivía bajo la influencia del triunfo de la revolución cubana; se trataba de un rebalse ante los “modelos de revolución” impregnados por la Unión Soviética, y nutridos por la revolución cultural china, la vietnamita, las experiencias de descolonización y los socialismos africanos”.

Con la muerte de Barrientos, apunta Böhrt, se produjo una verdadera “irrupción” del movimiento popular, que dio lugar, tanto a la guerrilla de Teoponte, en 1970, como al régimen de Torres y la Asamblea Popular. El referido “poder dual” sugerido por Zavaleta, es lo que objetivamente, apunta el exdiputado, dio lugar a condiciones propicias al golpe de agosto del 71: el campo progresista dividido entre el ala radical, la Asamblea, y la moderada, Torres; su indefinición sentó el ambiente del golpe.

Esto explica el triunfo de Banzer, destaca Böhrt: “los líderes y los instrumentos políticos que actuaban en el seno de la Asamblea del Pueblo (...) no supieron evaluar seguramente el desarrollo objetivo de las fuerzas y torcieron el bastón más allá de lo que ellos mismos podían sostener”.

La derrota del gobierno de Torres también se le atribuye a él mismo, aunque aún se debate en qué medida; afirma Cajías al respecto: “según José Gallardo, ministro del Interior de entonces, el Presidente no actuó con la debida decisión cuando los obreros le pidieron que les entreguen las armas para la defensa popular contra el inminente golpe”.

Un dato no menor de entonces, es que el golpe del 71 también se explica como parte de la reacción continental de la derecha, mediante la instauración de gobiernos militares en Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Uruguay y Argentina; el ambiente propicio para el Plan Cóndor. De hecho, el golpe boliviano tuvo la inocultable ayuda de los gobiernos de Brasil, Argentina y Estados Unidos.

También la paradoja complotó contra el movimiento progresista, cortado en seco por el golpe de Banzer: si en 1969, el avance popular hizo posible la nacionalización de la Gulf, ésta terminó sosteniendo a la dictadura banzerista: el buen precio de los minerales y del petróleo sostuvo a una dictadura que tenía en sus manos a la empresa hidrocarburífera, recuerda Carlos Böhrt.

Y si algún rol histórico, estratégico y de largo aliento tuvo el régimen banzerista, añade, fue “la consolidación de la burguesía agroindustrial del oriente; en los años 70 se establece esta nueva élite (...) en este sentido, se cambia la estructura social del país”. Tomando la historia en sus tramos largos, se puede afirmar, resalta Böhrt, los 18 años de gobiernos militares y el régimen de la UDP (Unidad Democrática y Popular), a principios de los 80 significan el agotamiento del Estado del 52; no por nada en 1985 sobrevino la Nueva Política Económica (NPE) con el decreto 21060; Víctor Paz Estenssoro, como pocos, gobernantes tuvo el raro privilegio de conducir al país en dos direcciones diametralmente distintas: el 52 revolucionario y el 85 neoliberal, con el MNR totalmente derechizado en ese último periodo, ya aquella vez se arrullaba a la nueva expresión histórica de la derecha: el gonismo.

En el plano de los partidos políticos, el gobierno de Banzer, iniciado el 21 de agosto de 1971, también ocurrió la emergencia de la nueva izquierda nacional: la fundación del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) y del Partido Socialista  (PS), encabezado por Marcelo Quiroga Santa Cruz.

Factor del triunfo de Banzer, se dice, también fue que el campesinado en esos años aún estaba fuera de los movimientos progresistas, estando todavía vigente en los hechos el Pacto Militar-Campesino propiciado por Barrientos. El Pacto, que para Zavaleta, por lo menos en la época de Barrientos, era uno “entre el sector menos politizado del movimiento democrático (el campesino) y el sector de la burocracia estatal más penetrado por el imperialismo. Demuestra ello, sin dudas, hasta qué punto los campesinos se habían convertido en el núcleo conservador del país, en su calidad de productores independientes”. (Consideraciones...)

Al punto, interviene el historiador y antropólogo Esteban Ticona. No es cierto, afirma, que el indigenismo o katarismo no haya estado presente entre las organizaciones progresistas antes del golpe de Banzer; de hecho, asevera, en ambas vertientes “ya estaba muy activo, otra cosa es que la izquierda no los reconocía; en el momento de la Asamblea Popular, incluso, había una izquierda que veía el proceso hasta racializado”. Pero un signo de la presencia del campesinado independiente es la aprobación en 1971, en un congreso de Potosí, de la Tesis del Partido Indio de Bolivia.

Ticona subraya que incluso Juan José Torres y algunos otros militares progresistas se acercaron, entre otros, a Fausto Reinaga y hablaban de su intención, ya en esa época, de indianizar a las Fuerzas Armadas. “El golpe de Banzer sí fue contra la izquierda, pero también contra el movimiento indígena; los kataristas entrarán en la clandestinidad; y toda la etapa del potenciamiento del katarismo ocurrirá del 71 al 78, llevando varias acciones de manera clandestina”.

El katarismo se fortalecerá precisamente socavando el pacto militar campesino, señala Ticona. Ya en la dictadura de Luis García Meza, será  Genaro Flores el que en la clandestinidad se hará cargo de dirigir la Central Obrera Boliviana (COB). La emergencia del katarismo o indigenismo y su consolidación desde los 70, coinciden de alguna manera Böhrt y Ticona, llevará a la acumulación del nuevo actor político decisivo en la historia moderna del país: el indigenismo que irrumpirá en la crisis estatal del 2000, momento que significará para Böhrt la verdadera ruptura con el Estado del 52.

El ‘abrazo de Charaña’, el inesperado beneficio

El llamado “abrazo de Charaña” entre los dictadores Hugo Banzer por Bolivia y Augusto Pinochet por Chile, en su tiempo fue rechazado como una forma de ‘traición’ a la reivindicación marítima.  El escritor Manfredo Kempff Suárez afirma al respecto que “la negociación de Charaña fue tomada como una peste porque la empujaba con determinación el general Banzer. La animadversión que se creó llegó al extremo de hacer tambalear a su gobierno”.

Pues bien, así y todo, lo cierto es que la negociación de Charaña, el compromiso a que más lejos llegó Chile en su intención de otorgar una salida soberana de Bolivia al mar, hoy es una de las principales bases de la demanda marítima presentada por el gobierno del presidente Evo Morales ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

“Hasta hace poco tiempo, era señal de ignorancia y estupidez citar como positivo el encuentro de Charaña. Hoy, pasados los años, muerto el gestor, fallecidos los dos cancilleres militares y  también los eficientes embajadores en Santiago, resulta que lo más rescatable de cuanto se hizo en materia marítima fueron nomás las negociaciones iniciadas en 1975”, destaca Kempff Mercado en uno de sus artículos de opinión.

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