Animal Político

Alcalde con pollera, colonialismo cotidiano

El que hayan vestido de mujer al Alcalde de Caquiaviri como un castigo es una muestra de la persistencia del colonialismo interno; una muestra de una práctica machista, patriarcalista, de opresión cultural naturalizada y disfrazada de “justicia comunitaria”.

La Razón (Edición Impresa) / Víctor Hugo Cárdenas

00:00 / 04 de enero de 2016

El alcalde del municipio de Caquiaviri (La Paz) fue objeto de una sanción colectiva de los comunarios de la marka Achiri. Según las informaciones, éstos le vistieron con manta, pollera, sombrero y aguayo. Diversas causas habrían motivado la indignación popular. Unos, como el concejal de ese municipio, Ángel Gutiérrez, dicen que el motivo del castigo fue porque no se habían destinado “suficientes recursos” a la marka de Achiri. Otros, denuncian una supuesta mala administración. Un parlamentario señaló el mal manejo de cinco proyectos del Fondo Indígena. Otras personas denunciaron que el Alcalde era “manejado” presuntamente por su hermana, la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Adela Álvarez, quien a su vez fue implicada en malos manejos de los recursos del ex Fondo Indígena.

Esta sanción, justificada como una práctica de la denominada “justicia comunitaria”, no es un hecho aislado sino frecuente en varios lugares de los territorios aymara y quechua, donde es humillante ver a un hombre vestido de mujer (casos frecuentes) como a una mujer vestida de hombre (muy raro). Además del carácter misógino de la sanción, este abuso demuestra la escasa o nula aplicabilidad de la famosa Ley 348, la ley para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, la Ley contra toda Forma de Racismo y Discriminación y la Constitución.

¿Cuál es el mensaje de esta discriminación de género, sexo, cultura y de la propia condición humana? Al parecer, que la mujer es incapaz de realizar una buena gestión, que la mujer no cumple sus compromisos y que la mujer es un ser inferior, como dijo el Viceministro de Descolonización.

¿Una forma de castigo por una mala gestión municipal? Si esa fuera la razón principal, los agresores creen, por lo tanto, que la mala gestión es un asunto de responsabilidad personal. Humillado en público, el Alcalde debería corregir su conducta y alejarse de la “mala gestión”. Sin embargo, conviene preguntarse si la explicación es tan simple. ¿La humillación machista resolvió la mala gestión? ¿Ahora el Alcalde se corregirá? ¿Y la responsabilidad de quienes designaron al Alcalde? ¿Su partido le colaboró con los profesionales necesarios para una buena gestión?

Sorprende las reacciones de los funcionarios del Estado. Frente a la denuncia, el silencio inicial de las autoridades judiciales locales y regionales, silencio en la Gobernación departamental y las autoridades nacionales. El Viceministro de Descolonización trató de justificarlo al decir que este hecho “está distorsionando los usos y costumbres”. ¿Los usos y costumbres solo son buenos y no están contaminados por la injerencia colonialista? ¿Son justificables estas conductas por ser de indígenas? ¿El relativismo cultural llevado al extremo o la justificación de la impostura indigenista? Es más, interrogado sobre por qué no reacciona igual ante afirmaciones discriminatorias de autoridades y del propio Presidente del Estado, dijo que su despacho “no tiene competencia para llegar a ese nivel”.

Mientras se justificaba este hecho, las autoridades estatales predicaban al mundo su compromiso con la justicia, el respeto por las leyes, por la dignidad del ser humano y de los pueblos indígenas ante los asistentes de la primera Cumbre de Descolonización, Despatriarcalización, contra el Racismo y Discriminación, donde asistieron sectores sociales e indígenas de quince países. Otra vez la contradicción institucionalizada: una cosa se dice “for export” ante una audiencia de representantes internacionales y otra es la práctica dentro del país. El viceministro justifica el abuso y, por otro lado, pretende “diseñar políticas de descolonización en el ámbito continental (...) y entender que ya debemos cambiar de parámetros clásicos de marxismos e izquierdas”.

Por su parte, el concejal Jorge Silva (MAS) justificó el hecho al afirmar: “Hay que respetar usos y costumbres”. La reacción más voluntarista fue la del presidente del Senado, José Alberto Gonzales: “Quiero demostrarles que una persona honesta, que trabaja, también puede usar pollera”. ¿Desagravio o justificación personal? Por lo visto, unos usan la pollera para denigrar a un alcalde, otros se aprovechan de ella.

¿Y los administradores de la justicia? ¿Y el Ministerio Público, supuesto defensor de la sociedad? Silencio sepulcral. ¿No teníamos un Viceministerio de Justicia Indígena? Otra vez destaca el sospechoso silencio de las mujeres del MAS y de otros partidos. ¿Dónde quedó la furibunda convicción feminista y antipatriarcalista exhibida contra algunos infractores de la oposición? ¿Complicidad con el colonialismo o cálculo político de lealtad oficialista? ¿Ambas cosas?

Este hecho provocó una serie de juegos de encubrimientos y complicidades de autoridades estatales y municipales. Junto a las condenas y críticas, llama la atención la actitud de la víctima, que justificó ese avergonzamiento público. El Alcalde castigado se esmeró por atenuar los efectos del castigo escandaloso y amenazó denunciar a quienes difundieron las fotografías ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados. ¿El Alcalde cree que no está mal que le vistan con ropa de mujer mientras las fotos no sean difundidas? Como justificación de su actitud, el burgomaestre dijo que quienes difunden las fotografías “están hablando cosas que no han visto” y le están denigrando. Desde la sociolingüística, es cierto que uno de los postulados de la lengua y cultura aymara es el conocimiento directo/indirecto, es decir, no se puede afirmar algo del cual no tenemos conocimiento directo (uñjasaw kunas uñjt saña. Jan unjasax janiw uñjt sañawa). Sin embargo, el delito cometido trasciende esta categoría sociolingüística.

El mismo Alcalde no denuncia ni critica  a sus victimarios al decir que las “autoridades pertinentes” se encargarán del procesamiento a las personas que le vistieron de mujer de pollera. ¿Quiénes son las autoridades pertinentes? Por cierto, según la Ley de Deslinde Jurisdiccional no son las autoridades de la justicia indígena, tal vez las de la justicia ordinaria, las que por ahora guardan un silencio cómplice.

En resumen, este hecho es una muestra de la persistencia del colonialismo interno, es decir, es una muestra de una práctica machista, patriarcalista, de opresión cultural naturalizada y disfrazada de “justicia comunitaria”. Persiste la conducta colonialista y la justificación colonialista disfrazada de justicia comunitaria.

Las autoridades del Estado Plurinacional desconocen la naturaleza y alcances de estas prácticas. Si los involucrados son de su familia política, se desatan los tentáculos del encubrimiento y la dilación. Sus funcionarios, supuestamente descolonizadores, aún persisten en comportamientos y pensamientos justificatorios del colonialismo.  La dignificación de la mujer y del hombre solo quedó para los discursos e informes presidenciales. Seguimos en la humillación colonial de las mujeres, sobre todo de las mujeres indígenas y campesinas.

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