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El Alto, crisis de una organización social en el poder

La coincidencia es que hay crisis de la Fejuve en El Alto; una obviedad, se dirá, pero el tema tiene tantas aristas que se hace difícil cualquier  calificativo. Ahora, el punto es saber cómo la encararán ya no sólo los dirigentes de la Federación, sino sobre todo las bases ciudadanas.

La Razón (Edición Impresa) / Iván Bustillos Zamorano / La Paz

00:07 / 14 de junio de 2015

Por lo menos hasta ahora, la Federación de Juntas Vecinales de El Alto fracasó en su intento de revertir la decisión de la alcaldesa Soledad Chapetón, de nombrar ella a los subalcaldes de El Alto. Hasta el cierre de esta edición (viernes) solo el Distrito 13 mantenía su medida de presión (bloqueando el ingreso al relleno sanitario de la urbe alteña), exigiendo nombrar a su subalcalde. ¿Qué pasó, qué está pasando?

Para el Gobierno, para el Movimiento Al Socialismo (MAS), en voz del vicepresidente Álvaro García Linera y del viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada Vélez, la base de razonamiento, el principio, para entender el problema es no confundir, no mezclar, la conducta, o inconducta, de algunos dirigentes sociales con la organización misma, con “la voluntad soberana de miles de personas” (Rada, en el artículo adjunto).

El vicepresidente García Linera, tras defender la importancia para la sociedad y la historia de las organizaciones sociales (“las sociedades avanzan por las organizaciones sociales; cuando uno habla de democracia en Bolivia, está hablando del voto y de la organización social, garante del ejercicio democrático de derechos”), apunta contra las dirigencias y su posible corrupción: “otra cosa son los dirigentes, o algunos de ellos. Cuando hay dirigencias de organizaciones sociales que no respetan la democracia interna, que comienzan a usufructuar de manera personal, sin involucrar al colectivo en las decisiones, ahí tenemos un uso malicioso, un uso deformado de la vida organizativa de la sociedad, y eso hay que castigar; nos hemos opuesto y criticamos que dirigentes usen la organización social para obtener beneficios personales; eso no es democrático”. 

Desde una perspectiva un tanto distinta, la socióloga cochabambina María Teresa Zegada destaca que si bien, por definición, es un avance democrático, “en términos de democracia participativa, la presencia de las organizaciones sociales en escenarios de decisión”, el problema no está en esto, sino en la forma en que se ocupa y mantiene el poder, en “la manera en que llegan al poder estos representantes, que normalmente es en un proceso de negociación bilateral con las autoridades”.

Un hecho central que Zegada señala en esta manera de tomar el poder es la lógica del cuoteo, de la repartición del aparato estatal: el momento en que la presencia de los representantes sociales en el Gobierno se da a través del cuoteo, y no de todas las organizaciones sociales: “no es que todas las organizaciones de El Alto tienen esta posibilidad, sino aquellas que tienen una capacidad de poder”.

El problema es, asegura, que cuando una organización social participa como tal dentro de un espacio público, lo que tiende a hacer es “velar por los intereses de sus bases, y esto distorsiona la noción básica del interés público, del bien común, que debería tener una entidad pública, que es no solo velar por los intereses de determinados sectores, sino de toda la sociedad”.

Tanto para Zegada como para el sociólogo Jorge Komadina, se trata de la transformación que puede tener la misma organización social; en el caso de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, por ejemplo, para Komadina, se trata de una organización que en 2003 enarbolaba, además de sus intereses locales, sobre todo aspiraciones nacionales; “hoy, en cambio, ha dejado de ser movimiento social, de expresar estos intereses, y ahora lo que están expresando son intereses sectoriales, gremiales y corporativos”.

Un movimiento social, apunta Komadina, puede pasar de un momento “hegemónico”, que es cuando “encarna un proyecto de transformación del Estado y la sociedad”, a otro “corporativo”, que es cuando “su acción gira en torno a la defensa de intereses sectoriales”.

Para Zegada, otro hecho que se da en el proceso de corporativización del movimiento social, es el clientelismo: “en el sentido en que la autoridad se beneficia del apoyo político de un sector a cambio de beneficios para este sector, en una suerte de intercambio”, de favores, se diría. Ambos sociólogos coinciden en señalar que esta forma de degradación del movimiento social especialmente tiende a darse en el espacio local o municipal.

Rada, reivindicando la presencia de las organizaciones sociales en el Gobierno, afirma: “Se acusa al Gobierno de ser corporativista, y se lo hace buscando fijar en la ciudadanía una imagen per se negativa de la participación social en la conducción del Estado. Es el viejo planteamiento liberal de que el individuo es más importante que el colectivo, y la idea arguediana de que es mejor dejar que gobiernen los ilustrados organizados en tecnoburocracias antes que permitir que la masa plebeya lo haga”.

En otra línea de razonamiento, para la socióloga Zegada, la salida a la situación de corporativismo en que puede caer el movimiento social (como es el caso de la actual Fejuve de El Alto), es que dicha organización social recupere su autonomía. “Cuando un movimiento social termina subordinado al poder estatal, de una u otra forma pierde toda su capacidad crítica o contestataria, pierde su razón de ser. La apuesta es que en el futuro se pueda recuperar esa autonomía, y que estas organizaciones sean unas verdaderas fiscalizadoras, que puedan participar en espacios de decisión, pero de acuerdo con ciertos mecanismos establecidos para ello; no con una lógica de repartija de cargos, como está sucediendo en muchos lugares”.

En cuanto a la elección de subalcaldes, mientras para Rada este “ejercicio democrático” debería ser más bien “respetado y plasmado en nuevas leyes”, para Zegada, en rigor lo principal sería que esta elección sea ciudadana, “lo correcto en democracia sería que la población en el momento de elegir a su autoridad edil pueda elegir también, por voto, a sus subalcaldes”.

En este punto interviene el sociólogo alteño David Ali Condori, que, además, fue dirigente en una de las zonas alteñas. Él revela que la elección del subalcalde en El Alto no es directa, por voto ciudadano: “La designación de subalcaldes se ha convertido en una prioridad de los dirigentes barriales, quienes en medio de acuerdos subterráneos los eligen en ampliados distritales, donde solo participan los presidentes de las juntas vecinales y no así los vecinos de base”.

Además, relata Ali, esta forma de nominación de los subalcaldes, por medio de las juntas vecinales, “también era legitimada por el ejecutivo municipal, ya que el alcalde de turno solía emitir una convocatoria para que los dirigentes barriales nombren a sus subalcaldes”.

Ahora, una razón para este proceder del Ejecutivo edil, señala el sociólogo, puede ser la de asegurar la gobernabilidad en el municipio: “Quizás, los actores del gobierno municipal pensaban que cooptando a los representantes vecinales podían neutralizar la capacidad reivindicativa de éstos y así generar mayor gobernabilidad. Pero, la realidad ha mostrado que la administración pública corporativizada por las organizaciones sociales es deficiente, una muestra de ello es la gestión del exalcalde Édgar Patana”.

Luego de reivindicar la importancia histórica que tuvo la Fejuve alteña para el país en 2003 y en 2005, especialmente, Ali no deja de ser crítico a su organización: “En la actualidad, la Fejuve ya no es la misma de antes, al parecer todo el capital simbólico construido de una organización representativa, lo ha ofuscado con prácticas clientelares y cuoteo de cargos en la administración pública municipal. Los nuevos actores dirigentes vecinales paulatinamente han abandonado los principios de reivindicación colectiva, para buscar intereses particulares”.

En coincidencia con el vicepresidente García Linera, Ali señala que “ha habido y sigue habiendo una separación entre los dirigentes y sus bases, por eso no ha tenido éxito el paro declarado por la Fejuve de El Alto. Ellos no necesariamente llevan ya la voz de los vecinos; entre ellos han decidido el paro a nombre de la colectividad, pero los vecinos de base no han respaldado. La Fejuve sufre una crisis de legitimidad”. De hecho, revela, ni los mecanismos de coacción ejercida a través de las multas y sanciones ya funcionan.

La salida, destaca Ali, es volver a representar los intereses colectivos antes que los sectoriales, aunque prevé un largo y complejo proceso de recuperación: “Nos parece importante señalar que la Fejuve retome los principios de acción reivindicativa de los intereses colectivos, ya que la intersubjetividad colectiva espera de ellos la gestión de obras y servicios de consumo colectivo. Aquí en la urbe alteña, el cargo de autoridad vecinal aún es considerado de servicio al pueblo, y cuando los representantes se alejan de este principio, generan suspicacias y deslegitimidad en sus bases”.

La primera pulseta

Alfredo Rada Vélez

El conflicto en la ciudad de El Alto, iniciado luego de la designación de subalcaldes por la señora Soledad Chapetón, ha puesto en juego varias construcciones discursivas y estrategias políticas, tanto del movimiento vecinal organizado en la Fejuve alteña, como de la nueva derecha con tintes populares que hoy gobierna ese municipio.

La declaración pública de Chapetón sobre los usos y costumbres, restringidos según su particular comprensión, a los pueblos indígenas, mismos que no serían “ciudadanos”, fue de tal torpeza que ella misma tuvo que corregirse afirmando que quiso decir “citadinos”. Pero con su aclaración, la señora Chapetón yerra nuevamente, pues ¿de dónde se le ocurre que ser indígena es excluyente tanto de ser ciudadano como de ser citadino?

No fue un lapsus. Fue la expresión de un pensamiento colonialista reciclado que, ante la evidencia de que era políticamente incorrecto expresarse así, trató de encubrirse con nuevas frases. Voltaire decía que es frecuente el uso de las palabras para ocultar lo que piensan las personas. Y la estrategia de la derecha restauradora pasa hoy por la derrota de los movimientos sociales, para lo que necesita acusarlos de haberse prebendalizado a la sombra del poder, tildando al gobierno de Evo de “corporativista”. Este es el discurso de los operadores ideológicos de esta nueva derecha; escribidores que en el pasado fueron parte del hipercorrupto mirismo, y que hoy reaparecen luego de haber estado más de una década en silencio, derrotados junto al modelo neoliberal que con tanto entusiasmo defendieron.

Ya he planteado en otras ocasiones y me ratifico ahora en la idea de que no puede mezclarse la conducta de algunas dirigencias con la voluntad soberana de centenares de miles de personas que conforman las organizaciones campesinas, obreras y populares. El potencial transformador de estos movimientos sociales se ha expresado en la recuperación de la democracia resistiendo a las dictaduras militares; en la defensa y ampliación de derechos sociales, económicos, ambientales y culturales, alcanzados luego de años de resistencia contra el neoliberalismo; en los exitosos procesos de nacionalización que han fortalecido nuestra posición económica como país. Bolivia le debe mucho a la acción organizada de los movimientos sociales que fueron eliminando los privilegios de las clases dominantes. Y éstas van a reaccionar como lo hizo un representante de la burguesía, el señor Samuel Doria Medina, cuando dijo que es hora de “poner fin al reino de los movimientos sociales”.

En el caso particular alteño una cosa es la participación vecinal en la selección de subalcaldes, como un ejercicio democrático que se viene practicando desde hace más de 15 años; otra cosa es el afán de alguna dirigencia de utilizar esas prácticas comunitarias para obtener cuotas personales de poder. La primera debe ser respetada y plasmada en nuevas leyes, tal como ya está incorporada la elección por voto de gobernadores y hasta de subgobernadores en departamentos como Pando o Tarija. La democratización supone este tipo de avances.

Pero la actitud prebendal de algunos dirigentes envilecidos, debe ser objeto de sanción por las propias bases de sus organizaciones y, si correspondiera, de investigación sin atenuantes por las instituciones de contraloría y lucha contra la corrupción.

Se acusa al Gobierno de ser corporativista, y se lo hace buscando fijar en la ciudadanía una imagen per se negativa de la participación social en la conducción del Estado. Es el viejo planteamiento liberal de que el individuo es más importante que el colectivo, y la idea arguediana de que es mejor dejar que gobiernen los ilustrados organizados en tecnoburocracias antes que permitir que la masa plebeya lo haga. Curiosamente los restauradores ideológicos que hoy se esmeran por escribir diatribas contra el proceso de cambio, nunca cuestionaron, en las épocas de los gobiernos de Paz Estenssoro, Banzer, Paz Zamora o Sánchez de Lozada, que empresarios privados sean ministros o presidentes. Entonces sí que había un “corporativismo” de los ricos.

Condenando la mala gestión de Édgar Patana en El Alto, pretenderán luego acusar al gobierno de Evo, un gobierno de los movimientos sociales que nunca efectuó el reparto de áreas estatales en favor de tal o cual organización social. El objetivo de los restauradores no es criticar lo que se estuviera haciendo en forma equivocada; su verdadero objetivo es echar a andar un proceso de contrarreforma liberal en toda la línea de los avances logrados con la Asamblea Constituyente.

Chapetón ha ido por el camino de sentar principio de autoridad aprovechando el momento de debilidad y confusión en el movimiento vecinal alteño. Pero en ese afán ha abierto heridas con varios distritos, alguno de los cuales comienza a debatir su separación en otro municipio. La derecha alteña había prometido en la campaña unir a todos, en los hechos está sembrando la división.

La democracia es fruto de las organizaciones: Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia.

Es imposible pensar democracia sin organización social; es la historia de Bolivia, en verdad, es la historia del mundo. La democracia en Europa es fruto del movimiento sindical, y en Bolivia, con mucha más razón, de la COB. El proceso de cambio, el fin de la era neoliberal, la recuperación de los recursos naturales es fruto de las organizaciones sociales, de su movilización.

No perder de vista los medios democráticos: María Teresa Zegada es socióloga, cochabambina

En muchos lugares hay una presión de las organizaciones sociales por ocupar los cargos públicos en esta lógica equivocada, diría yo, de “ahora nos toca”. Lo ideal es que todo esto pase por otros mecanismos democráticos, y no perder de vista que la democracia tiene como base la participación, pero también el objetivo de velar por el pluralismo y el bien común.

En las urnas en El Alto  hubo una protesta: David Ali Condori es sociólogo y docente alteño

Lo que ha pasado con Chapetón es como una rebeldía en las urnas, como que los vecinos de base no tienen posibilidad de expresarse, y ha llegado el momento, las elecciones, donde muestran su voz, esa que estaba callada, latente; el descontento, eso es lo que se ha mostrado, como un rechazo a este cuoteo de intereses de los dirigentes, que ya no les representan.

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