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‘Auditaremos resoluciones de rechazo o sobreseimiento’ . Ramiro Guerrero

A poco más de dos meses de su nombramiento, Guerrero hace una evaluación de la situación del Ministerio Público y tras la desarticulación de la red de extorsión que tocó cargos del Gobierno y de la Justicia

Ramiro Guerrero.

Ramiro Guerrero. Foto: Ángel Illanes.

La Razón / Luis Mealla Gutiérrez

00:02 / 30 de diciembre de 2012

El Fiscal General del Estado apuesta por una reestructuración del Ministerio Público con auditorías y la institucionalización de nuevos profesionales para bajar los niveles de corrupción; la autoridad reconoce que será complicado que la institución recupere la confianza de la población y admite que uno de los problemas para la generación de irregularidades es que existen fiscales departamentales que se creen ‘dueños y señores de sus casos’, con capacidades para investigar, imputar, rechazar o sobreseer.

Tras destaparse la red de extorsión que involucra a funcionarios gubernamentales, jueces y fiscales, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero —que tiene poco más de dos meses en el cargo—, hace una primera evaluación sobre el estado del Ministerio Público. Anuncia que desde enero se auditará los procesos donde los fiscales emitieron resoluciones de rechazo o sobreseimiento. Asegura que por la desinstitucionalización del ente, algunos colegas se creen “dueños y señores” de sus casos. Apunta a dignificar la labor de los fiscales y recuperar la confianza perdida ante la población; pero afirma que, para ello, también precisan de mayor presupuesto.  

— Ahora que con el caso de la red de extorsión se destapó una serie de irregularidades, ¿cuál es la primera tarea a realizar en la Fiscalía?

— Vamos a mejorar los sistemas de control y seguimiento a la gestión de las fiscalías departamentales desde la Fiscalía General, se hará un seguimiento tanto en capitales de departamento como en las provincias.

— ¿Qué tipo de control?

— Vamos a empezar en enero un proceso de auditoría a todos los procesos donde se emitió resoluciones de rechazo o sobreseimien- to de parte de los fiscales. Vamos a anunciar diferentes medidas que tomaremos desde el 4 de enero, al inaugurar el año fiscal. Comprendemos que para evitar la corrupción, para hacer un trabajo más profesional, tienen que haber procesos de capacitación y formación: 60% de los fiscales son interinos, eventuales, entonces los nuevos deben formarse más.

— ¿Todos serán institucionalizados para la próxima gestión?

— En el marco de la Ley 260 del Ministerio Público, con la nueva Escuela de Fiscales habrá una formación diferente, acorde con todos los cambios  legales y estructurales del Estado. Esperamos que en 2013 podamos tener el 100% de los fiscales dentro del nuevo proceso de institucionalidad, con formación y capacitación, además de otros ítems que esperamos crear a partir de un presupuesto adicional que solicitamos al Ministerio de Economía y Finanzas.

— Entre fiscales de carrera y eventuales, ¿en qué grupo se detectó más irregularidades?

— No podría decir en cuál hay más o menos corrupción (...), aunque quienes son de carrera han estado en cursos de capacitación y cuentan con experiencia y trayectoria; en cambio, los invitados en muchos casos improvisan, no todos por supuesto. La mayoría tiene muy poca experiencia y no conoce el tema de la investigación y la persecución del delito, entonces hay limitaciones y deficiencias en el aspecto profesional que, en algún momento, repercuten en los resultados de la averiguación y en el trabajo del Ministerio Público.

— Cómo se garantizará a la población que la designación de los nuevos fiscales no sea política?

— Con procesos de  transparencia, claros, abiertos, públicos donde se mida la capacidad profesional, el compromiso de trabajo por la sociedad; aquí no va a haber favoritismo de ninguna naturaleza. En próximos días o semanas saldrá una convocatoria pública nacional para los profesionales que quieran formar parte del nuevo Ministerio Público y con esa base se comience a trabajar en la Escuela de Fiscales.

— El exfiscal Roberto Achá, del Beni, y su colega Isabelino Gómez (Santa Cruz) ahora están presos por el caso de la red de extorsión. ¿En qué se falló para llegar a esto?

— Es un tema estructural. La falta de procedimiento y la desinstitucionalidad del Ministerio Público, a falta de autoridades, ha hecho que en cada departamento, cada fiscal se crea dueño y señor de su caso con facultades para investigar, imputar, rechazar o sobreseer. La desestructuración de la Fiscalía ha hecho que cada fiscal actúe por su lado y forme ciertos núcleos o redes con abogados, jueces y otros funcionarios para aprovecharse circunstancialmente del cargo.

— ¿Continúa esa crisis interna?

— Parte de esa crisis estructural se ha vivido y sigue viviendo en esta etapa de transición del Ministerio Público. En la medida en que podamos transparentar la selección de nuevos fiscales, capacitemos y hagamos seguimiento a su gestión con un régimen disciplinario fuerte, vamos a dotarnos de una nueva institucionalidad. Así vamos a poder, si no extirpar, por lo menos luchar contra la corrupción dentro el Ministerio Público y, posteriormente, en la sociedad.

— ¿Y cómo se acabará con los “dueños y señores”?

— Ése es el reto y hemos venido a cambiar y transformar. Es un tema de toda la justicia, no sólo de los fiscales, sino también de los jueces que llevan adelante audiencias, juzgan y dictan sentencia. Vemos que es difícil transformar y recuperar la confianza de la sociedad.

— ¿Recuperar la confianza?

— Esa recuperación la vamos a lograr los propios fiscales, nadie más, no podemos pedir a otras instancias que recuperen la credibilidad (...) otorgando celeridad en los procesos y objetividad en la investigación sin favorecer a ciertos indivi- duos ni grupos corporativos. No podemos cambiar en dos o tres meses (...), estamos cambiando de a poco; estamos haciendo varias medidas internas, empezando a evaluar, a limpiar la casa y, obviamente, los resultados deben ser percibidos por el ciudadano, que será el mejor indicador para ver el cambio.

— ¿La red de extorsión ha desestabilizado al Gobierno?

— Considero que no, aunque ese análisis corresponde a la gente que hace política o ciencias sociales, no nos corresponde como Ministerio Público. Cuándo se ha visto que el propio fiscal general, en persona, dirija un equipo especial, o tener fiscales y jueces detenidos con imputación. Ésa es una muestra de la transparencia, una señal de que no se va a encubrir ni proteger a nadie.

— ¿En qué medida influenciaban los exfuncionarios de gobierno en las resoluciones judiciales?

— Esos señores presionaban a jueces o fiscales indicando que eran temas de Estado o de interés para el Gobierno. Creemos que iban mucho más allá de sus atribuciones; incluso, hay casos en los que el Ministerio de Gobierno no tenía por qué querellarse ni ser parte de esos procesos, pero esos señores, abusando del poder, iban mucho mas allá por sus intereses personales y cometían esos ilícitos.

— ¿Hay suficientes fiscales para atender los casos en el país?

— No alcanzan, tenemos cerca de 430 fiscales para una población aproximada de 10 millones de habitantes, es decir, un fiscal para 23 mil habitantes, cifra que en otros países baja a 12 mil o 10 mil habitantes. También es un tema de presupuesto, mejorar infraestructura, aumentar los ítems, equipamiento; incluso, hay fiscales que no tienen computadora, un instrumento indispensable (...). Hay audiencias programadas hasta fines de 2013, entonces, por supuesto, ahí va a haber siempre retardación de justicia. Si queremos celeridad y prontitud, tenemos que hacer un esfuerzo coordinado entre todos.

— Se habla de agentes encubiertos para controlar el trabajo de jueces y fiscales, ¿es legal esa figura?

— Son propuestas, para cambios estructurales y mejorar la calidad y seguimiento de la gestión fiscal, pero sin presupuesto no haremos  nada. Esperamos hace más de un mes la respuesta del Ministerio de Economía sobre un presupuesto adicional y empezar esas reformas, trabajar un sistema de control interno, que no es precisamente agentes encubiertos, pero pasa por un control interno y un seguimiento de los casos. Todo eso no será posible si no hay presupuesto acorde para trabajar y transformar la Fiscalía.  Habría que analizar la factibilidad de esa propuesta o de otra que vaya a transparentar todo el trabajo que hacemos.

— ¿Cuánto se pidió?

— Un adicional de Bs 98 millones que permitirían mejorar la infraestructura, crear ítems. Para 2013 hemos sufrido una baja, el año pasado se recibía Bs 119 millones, pero ahora se recibirán Bs 10 millones menos porque la Fiscalía ya no genera ingresos propios, ya que la Ley 260 establece la gratuidad. En vez de aumentar nuestro presupuesto ha disminuido, por eso hemos pedido un adicional.

Perfil

Nombre: Ramiro Guerrero Peñaranda

Nació: 24-06-71

Profesión: Abogado

Cargo: Fiscal General del Estado

Carrera

Abogado con más de 15 años de experiencia. Egresó de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca;   fue constituyente por el MAS y, luego, ministro de la Corte Superior de Justicia. Fue electo fiscal general con más de dos tercios de votos en el Legislativo.

‘Desde enero habrá cambios, suspensiones y destituciones’

— Transparencia denunció a varios fiscales, ¿qué pasa con ellos?

— En nuestra base de datos no sólo están esas denuncias, también hay otros fiscales con procesos disciplinarios y penales. Estamos revisando y pidiendo informes a las fiscalías departamentales, eso nos ayudará a tomar decisiones desde enero, cuando habrá cambios, suspensiones o, si amerita el caso, destituciones. Son unos 70 u 80 investigados a nivel nacional (...), en próximos días o semanas vamos a dar un informe final.

— ¿Lo amenazaron?, se dice que aumentará su seguridad personal.

— Es parte del cargo que uno ocupa, luchar contra la delincuencia y esas redes siempre genera mayor nivel de vulnerabilidad, no sólo para uno sino para su familia; entonces, en próximas semanas vamos a redoblar la seguridad, por seguridad no podemos decir cuántos efectivos serán.

— ¿Cuál será su plan de gestión?

— Estamos trabajando en la reingeniería organizacional, en el marco de la Ley 260, para cualificar y dignificar la carrera fiscal. Lamentablemente el fiscal está siendo estigmatizado co- mo sinónimo de corrupción, extorsión, de retardación de justicia, eso hay que cambiar; el fiscal tiene que recuperar su dignidad. 

— ¿Qué opina del decreto de indulto presidencial?

—  Es una medida plausible, positiva; sin embargo, lo que hay que trabajar son temas estructurales, como los sistemas judicial y penitenciario. Pasa por mejorar los procedimientos, transparentar el actuar de fiscales, jueces y abogados y reinsertar a la gente con programas especiales.

— La Ley 007 amplía de seis a 18 meses la detención preventiva, ¿cambiar esa norma sería una alternativa para vaciar las cárceles?

— Hay que mejorar todo el procedimiento. Un año después estamos viendo que tenemos autori- dades nuevas, electas por voto popular, pero con procedimientos viejos, antiguos; entonces, en muchos casos, lo que se está haciendo es continuar con ese anterior procedimiento que no es rápido, que no es expedito, que tiene limitaciones en su aplicación, y por lo tanto, es ahí que no se nota mucho la transformación en la justicia. Considero que más allá de modificar una u otra ley, se debe apuntar a modificar todo el sistema y procedimiento penal, hacer tiempos más rápidos, más expeditos, sin vulnerar el derecho a la defensa de las víctimas como de los acusados.

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