Animal Político

Autoridades chilenas crearon obligaciones a su Estado

Son varios los presidentes y ministros de Relaciones Exteriores de Chile que se manifestaron a favor de negociar una salida soberana al mar para Bolivia. Las declaraciones y documentos que firmaron, en algunos casos, fueron mencionados en los alegatos en el juicio en la Corte Internacional de Justicia.

La Razón (Edición Impresa) / Ricardo Aguilar Agramont / La Paz

00:06 / 17 de mayo de 2015

Determinadas actuaciones de los Estados, hechas por funcionarios o personeros con determinado nivel de autoridad o de representación pública y que se emiten de buena fe, comprometen los contenidos y la conducta de ese Estado. Es decir que son una suerte de garantía de que las declaraciones o promesas también pueden tener un efecto jurídico vinculante. Éste es un desarrollo que procura que los Estados sean serios cuando tienen relaciones que comprometen su disponibilidad sobre un asunto, es esa seriedad la que procura garantizar el Derecho Internacional”, señaló el agente de Bolivia en La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé, para definir la noción de “acto unilateral” durante la última entrevista que dio a la prensa antes de los alegatos preliminares y que fue publicada en Animal Político.

Entonces, una declaración o un documento firmado por una autoridad de un Estado sobre un tema en el que tiene competencia crea una obligación jurídica. En la Corte Internacional de Justicia (CIJ) existe jurisprudencia de casos en que ese tribunal obligó a países a cumplir sus compromisos adquiridos mediante actos unilaterales.

Para mostrar este hecho en relación con el tema marítimo, a continuación se pondrá en evidencia otros actos unilaterales llevados a cabo por diferentes autoridades chilenas con relación a su abierta disponibilidad a negociar una salida soberana al mar para Bolivia. Que se cumplan esos compromisos es el fallo que el país busca en la CIJ.

Aníbal Pinto, presidente de Chile (1876-1881), fue posiblemente la primera autoridad chilena en pronunciarse en favor de la cesión de una salida soberana al mar para Bolivia. En una carta dirigida a Eusebio Lillo (escritor chileno), el 2 de julio de 1880, manifestó: “Las bases para la paz serían por parte de Bolivia: renuncia de sus derechos en Antofagasta y Litoral hasta el Loa, y en compensación cederíamos los derechos que las armas nos han dado sobre los departamentos de Tacna y Moquegua”.

El canciller de Pinto, Domingo Santa María (luego también presidente), se pronunció en ese mismo sentido: “No olvidemos por un instante que no podemos ahogar a Bolivia… Privada de Antofagasta y de todo el Litoral que antes poseía hasta el Loa, debemos proporcionarle por alguna parte un puerto suyo, una puerta de calle. (...) No podemos ni debemos matar a Bolivia…”.

Ricardo Lagos, expresidente de Chile, dio la razón, en 2011, a Santa María, si bien hoy fue arrastrado a la posición más conservadora: “el ministro Santa María tenía razón cuando le señaló al presidente Pinto que había que resolver el tema, porque no podía haber un Estado que no tuviera acceso al Pacífico como le había sucedido a Bolivia. En consecuencia, hay que buscar una solución...” (presentación del libro “Un futuro común. Chile, Bolivia, Perú”, Libro del Mar).

Jorge Montt, presidente de Chile de 1891 a 1896, también estuvo a favor de la cesión. Fue en su gobierno que se negoció y firmó el Tratado de Transferencia de Territorios con el que se daría Tacna o Arica a Bolivia a perpetuidad. Su canciller, Luis Barros, puso su firma en ese documento.

Luego estuvieron las gestiones del presidente Juan Luis Sanfuentes (1915-1920) y su embajador plenipotenciario en La Paz, Emilio Bello. Firmaron el Acta Protocolizada de 1920, que habla de la necesidad de dar a Bolivia una salida por fuera del Tratado de 1904.

Otro caso es el del presidente Arturo Alessandri (1920-1924), quien dijo en 1923 a la prensa: “Sí, señor. En caso de que el fallo arbitral (a cargo de los Estados Unidos) que naturalmente se inspirará en la justicia y en el derecho, lo permita, es mi resolución considerar generosamente las aspiraciones de Bolivia, en la forma y en los términos clara y frecuentemente planificados…” (Periódico El Mercurio, 4 de abril de 1923).

Pasando a otro episodio, por la negociación llevada a cabo por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Frank Kellogg, se conoce las comunicaciones del embajador estadounidense en Santiago, W. Miller Collier, con su país. Sobre el canciller Beltrán Mathieu Andrews (administración del presidente Emiliano Figueroa Larraín), Collier primero informó que “el canciller Mathieu personalmente deseaba transferir toda la provincia de Arica a Bolivia, y que necesitaría unos días para convencer al Presidente y a los Comités de Relaciones Exteriores del Senado y la Cámara de Diputados sobre la citada solución” (Estados Unidos y el Mar, Jorge Gumucio).

Asimismo, en otra comunicación, Collier respondió a Kellogg que Mathieu había sugerido que Chile podría aceptar ceder a Bolivia un corredor de cuatro kilómetros de ancho que incluiría la parte norte de la ciudad de Arica. (Gumucio)

Por último, Collier desde Santiago informó a su país su parecer sobre Mathieu: el gran obstáculo a la solución del corredor para Bolivia era en realidad Mathieu, quien sostenía que la mejor solución era entregar la totalidad de Tacna y Arica a Bolivia y persistía en esa posición. (Gumucio)

Estos últimos hechos apuntados no son ni declaración ni documentos; sin embargo, el embajador de Estados Unidos da fe de la disposición de Mathieu en sus conversaciones durante la mediación Kellogg.

Son conocidas las posiciones a favor de una salida marítima para Bolivia de Gabriel González (Presidente de Chile de 1946 a 1952) y su canciller Horacio Walker por las notas de 1950; también de Jorge Alessandri (Presidente de 1958 a1964) y su embajador en La Paz, Manuel Trucco, al ratificar en 1961 las notas del 50. Asimismo, es conocida la posición de Augusto Pinochet al firmar la declaración conjunta de Charaña en 1975. Lo mismo puede decirse de su canciller Patricio Carvajal.

Luego vino el Enfoque Fresco (1986) y la interrumpida conversación de Algarbe (2000) durante la administración de Eduardo Frei, quien luego, en 2011, dijera: “Sé que darle una salida al mar a Bolivia encuentra aún muchas resistencias en nuestro país, pero sinceramente pienso que no podemos pasarnos toda la vida discutiendo este tema” (presentación del libro “Un futuro común. Chile, Bolivia”, Libro del Mar).

Luego vino Michelle Bachelet y se inició la Agenda de los 13 puntos. El sexto es, en rigor, una negociación para dar solución al enclaustramiento marítimo. Cuando Bachelet fue sucedida por Sebastián Piñera, éste dio continuidad a la negociación, sin embargo se dilató el tratamiento del punto seis. Bolivia vio que no había intenciones de la contraparte de abordarlo por lo que se planteó la demanda ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya.

El patrón del comportamiento de Estado de Chile, que va del siglo XIX a la década de los ochentas del XX, y que se caracteriza por la política de apertura y negociación, dista del que comienza en los 90, cuando todas las negociaciones o se interrumpen o son infructuosas.

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