Animal Político

Avances paritarios: paradojas y desafíos

La experta considera que la participación  política de las mujeres desde la década de los 90 ha incorporado gradualmente  una serie de temáticas, antes impensables en la agenda legislativa. La propuesta de Brockmann fue parte de los diálogos académicos de la FES.

La Razón (Edición Impresa) / Ericka Brockmann Quiroga

00:00 / 02 de julio de 2017

Una agridulce y a veces amarga sensación me invade cada vez que discursivamente celebramos el hecho de que Bolivia ocupe el segundo sitial en el mundo, después de Ruanda, con presencia paritaria de mujeres en los órganos electivos de representación política nacional y subnacional así como en otros órganos del Estado.

No hay duda, el camino para garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos está sembrado de obstáculos por efecto de la visibilidad, la densidad histórica que arropa al sistema patriarcal, sus múltiples formas de dominación, desde las solapadas hasta las más violentas. La persistencia del patriarcado en un contexto de desprestigio de la política y de las instituciones democráticas obliga a superar posiciones irreflexivas y complacientes. Los desafíos son enormes.

Hay preguntas y cuestionamientos imposibles de eludir. Con matices, la crítica más aguda a la conquista paritaria proviene del feminismo radical cuyo posicionamiento discursivo antiestatal trasluce la desconfianza y hasta la negación de la capacidad transformadora de la institucionalidad estatal construida sobre un orden patriarcal, aun con mujeres participando en la misma.

Paradójicamente, a la par que se normaliza la presencia de mujeres en el espacio político como sentido común de la sociedad, preocupa la ocurrencia de hechos de acoso y violencia política hacia las mujeres como efecto indeseado ante la inserción y participación política paritaria de las mujeres bolivianas en los cargos públicos electivos. Ya el año 2000, Bolivia fue el primer país en la región que encendió la luz roja por denunciar los primeros casos de acoso y violencia política coincidentes con la implantación de las listas con una cuota mínima en las elecciones municipales de 1999, hasta finalmente promulgar una ley tipificando el delito en 2012. Hoy el fenómeno es un referente internacional.

Dicho esto, conviene referirse a los límites del régimen paritario que  cambió la faz hegemónicamente masculina de la representación política:

a) Mientras las cuotas son medidas temporales, la paridad es una medida definitiva, dado que reformula la concepción del poder político como espacio igualitariamente compartido entre hombres y mujeres. Su implantación no garantiza calidad de desempeño, siendo su finalidad el revertir una injusticia histórica al honrar la promesa de universalidad incumplida de los teóricos de la democracia moderna. b) La paridad aritmética lograda no es sinónimo de igualdad sustantiva que aún parece una meta difícil de alcanzar. Frente a los obstáculos se ha dado lugar a la conceptualización de la Democracia paritaria, entendida como “un modelo de democracia en el que la igualdad sustantiva y la paridad entre hombres y mujeres son ejes vertebradores de las transformaciones que asume un Estado responsable e inclusivo, donde la representación política (50/50) constituye un referente fundamental, pero no suficiente para lograr el verdadero equilibrio social y político en las responsabilidades compartidas por hombres y mujeres en todas las esferas pública y privada (ONU Mujeres). c) Tener presencia en un órgano electivo tampoco es sinónimo de representación política sustantiva. El desafío está en que las mujeres políticas y electas, al igual que los mismos varones, superen la representación presencial, simbólica y domesticada, a partir del compromiso y conocimiento no solo de temas de la agenda de las mujeres, sino también de temas centrales inherentes a reformas de Estado, a la fiscalización de políticas públicas diversas frente a la hiperinflación de leyes que no se cumplen, al debate en torno al desarrollo y la construcción institucional de una democracia cada vez más plena.

La victoria del MAS-IPSP hace 11 años se tradujo en el empoderamiento de sectores populares, indígenas y campesinos. Este poderoso mensaje incluyente derivó, en el tiempo, en la designación simbólica de mujeres, en particular de origen indígena, en puestos jerárquicos para los cuales no tenían oficio, generando situaciones que han tenido un alto costo para mujeres investidas de poder simbólico e institucional, costo que permite reavivar prejuicios, estereotipos, actitudes conservadoras y machistas. En el otro extremo, los contextos de polarización y confrontación son propicios para inducir a las mujeres a jugar el papel de agentes “disciplinadoras” de primera línea o demandando de ellas más lealtad y abnegación.

Ahora bien, ¿hace alguna diferencia que mujeres ocupen cargos de representación política? Pese a los límites expuestos, la participación política de las mujeres desde la década de los 90 ha posibilitado incorporar, gradualmente y con distinto ritmo, una serie de temáticas antes impensables en la agenda legislativa y debate público en el país. Es el caso de la violencia sexual y política, de las reformas constitucionales enfocadas en derechos y en debates centrales como el ocurrido en torno a la ley de derechos sexuales y reproductivos, o a la ley del trabajo asalariado del hogar durante la primera década del siglo XXI. Los logros en la ruta o itinerario de reformas impulsadas en los últimos años se han debido a la fuerza de coaliciones más o menos duraderas de mujeres políticas visibles en el Órgano Legislativo, en el Órgano Electoral, aliados gubernamentales y ante todo organizaciones de la sociedad civil, entre estas últimas ONG alineadas al feminismo institucional y otros más radicales.

El próximo reto parece radicar en la discusión de la futura Ley de Organizaciones Políticas, que constituye el eslabón clave para entender los mecanismos y prácticas que producen y reproducen el orden patriarcal desnudando el machismo discursivo desde el cual, entre ironía y ridiculización, se ofende sistemáticamente a las mujeres.

Es necesario repolitizar y resignificar el legado multidimensional del feminismo, tanto de la igualdad como de la diferencia, de las categorías analíticas de género en el diseño de diversidad de iniciativas de política pública añadiendo al debate temáticas sobre la calidad de la democracia en Bolivia y la región. Esta tarea demanda el concurso de mujeres que asumen la participación política institucional como proyecto de vida y de aquellas que alzan banderas emancipadoras desde fuera del campo político propiamente dicho, de la academia cuyas agendas no siempre son congruentes, mas no imposibles de armonizar en un orden democrático en construcción.

Queda claro que la legitimación del orden patriarcal y del ejercicio del poder político como atributo masculino se erige sobre el entramado de condiciones materiales y simbólicas profundamente arraigadas en la sociedad; pero no por ello inmutables. No hay construcción social blindada a la influencia de las corrientes transformadoras de la historia de los avances en el reconocimiento de derechos humanos universales. En otras palabras, la lucha y las conquistas de las mujeres a partir del siglo XX y los cambios graduales y sostenidos producidos demuestran que el patriarcado de hace menos de un siglo ya no es el mismo.

  • Ericka Brockmann Quiroga es psicóloga, politóloga, feminista y exparlamentaria

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