Animal Político

Ayotzinapa, cuando todos sabían

De estas escuelas rurales salieron y salen los maestros que atienden a niños de comunidades con altas tasas de marginación y pobreza diseminadas en rincones de la república a las que nadie quiere ir a enseñar. Escuelas sin pupitres ni luz ni techo que llevan un atraso de medio siglo respecto de las escuelas citadinas.

La Razón (Edición Impresa) / Justo Zamorano

00:00 / 02 de noviembre de 2014

La noche del 26 de septiembre, los alumnos de la escuela rural de maestros Ayotzinapa se disponían a regresar a su pueblo, luego de recaudar fondos para su escuela en la ciudad de Iguala, municipio del estado de Guerrero (a 184 kilómetros de México DF, la capital). A bordo de unos autobuses y ya en camino, fueron atacados por un grupo de policías municipales que sin mediar palabra abrieron fuego contra ellos.

Primero pensaron que los habían confundido y gritaron que eran estudiantes, pero esto pareció avivar más el ataque que provenía de las varias patrullas policiales que los habían rodeado. Tras las primeras ráfagas, que al instante mataron a un estudiante y al chofer del autobús, los bajaron, y a varios de ellos se los llevaron detenidos. Los que se habían escondido salieron a auxiliar a sus heridos más graves, uno con un disparo en la cabeza, que hoy es mantenido en estado vegetativo, y otro que tenía la mandíbula destrozada; otros avisaron a las autoridades locales, estatales y a la prensa.

En eso estaban cuando sobrevino el segundo ataque, ahora de un grupo de civiles que les dispararon desde un vehículo en marcha; ahí murieron otro normalista y dos personas que por casualidad pasaban por ahí.  Esto a solo unas cuadras de un cuartel militar que no dio señales de haberse enterado no obstante la duración de las balaceras y los pedidos de auxilio. Solo cuando los estudiantes trasladaban a sus heridos hacia un hospital cercano, salieron varios soldados que con insultos y cortando cartucho rodearon a los jóvenes e impidieron en un primer momento la atención médica que los lesionados requerían.

En la madrugada del día siguiente, al hacer el recuento se dieron cuenta de que de los 80 que eran, dos habían muerto, 20 resultaron heridos, otros aparecieron, pero faltaban 44. Tras una primera búsqueda, encontraron al tercer normalista: antes de matarlo, sus torturadores le habían sacado los ojos y desprendido la piel del rostro. De los otros 43 supieron después que los policías municipales los habían entregado a un grupo de sicarios pertenecientes al cártel de narcotraficantes llamado “Guerreros Unidos”. 

Ha pasado más de un mes de los hechos y lo único que se sabe es que el atentado en contra de los normalistas habría sido ordenado por María de los Ángeles Pineda, esposa del alcalde de Iguala, que a esa hora finalizaba un acto político en la plaza del pueblo. “¡Sáquenme de aquí a esos hijos de la chingada y denles un escarmiento!”, dicen testigos, fue la orden que dio al comandante de la policía local. Esta mujer, según un expediente policial, es hermana de tres de los principales cabecillas de ese cártel de narcotraficantes; dos de ellos muertos durante un enfrentamiento con la policía en 2009 y otro —Nicolás Pineda Villa— capturado hace unos días. Fue este hermano, precisamente, quien en su confesión la inculpó de la desaparición de los estudiantes.

Del alcalde, José Luis Abarca, salió que es responsable del homicidio de tres luchadores sociales de su región que hace dos años lo habían acusado de robar el presupuesto municipal. A uno de ellos —según denunció un testigo— lo habría matado él mismo de un tiro en la cara y otro en el pecho, luego de decirle: “Me voy a dar el gusto de matarte personalmente”. (Expediente judicial HID/SE01/0758/2013). Hoy el alcalde y su mujer están prófugos.

Según el código de procedimiento militar, el ejército está obligado a intervenir en cualquier hecho delictivo flagrante. En los 40 minutos que en total duraron los disparos, nadie salió del cuartel a ver qué pasaba. Tampoco intervinieron agentes de la policía estatal que, el día de los hechos, tenían patrullas en diferentes puntos de esa pequeña ciudad. El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre (que ya renunció), sabía del pasado delictivo de la pareja al igual que las autoridades federales de justicia que desde hace un año habían recibido denuncias al respecto. También lo sabían los dirigentes del partido político que postuló a Abarca como alcalde hace dos años.

Si hay una institución que sabe todo de todos los políticos mexicanos es el CISEN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) que es el máximo organismo de inteligencia de este país, ellos también sabían de los nexos y antecedentes criminales de esta pareja de funcionarios.

La pregunta es: ¿por qué no dijeron nada? ¿Por qué tuvo que ocurrir algo como lo que ahora relatamos para evidenciar la clara connivencia entre el Estado y el crimen organizado? ¿Cuántos muertos más necesita el Gobierno para reconocer que el narcotráfico está incrustado en la médula espinal del sistema político mexicano?

Cabe decir, finalmente, que no es casualidad ni la primera vez que estas escuelas rurales de maestros son atacadas. Fundadas en 1922 (hoy son 16) gozaron de prestigio y apoyo gubernamental durante una primera etapa, pero al llegar los años 80, cuando irrumpió el sistema económico neoliberal, se convirtieron en el enemigo número uno del actual modelo educativo mexicano. Comenzaron quitándoles varias ayudas y estímulos y terminaron ahorcándolas con un presupuesto reducido a más de la mitad.

De estas escuelas rurales salieron y salen los maestros que atienden a niños de comunidades con altas tasas de marginación y pobreza diseminadas en rincones de la república a las que nadie quiere ir a enseñar. Escuelas sin pupitres ni luz ni techo que llevan un atraso de medio siglo respecto de las escuelas citadinas.

De extracción indígena, sus maestros y alumnos han construido sus métodos y objetivos de enseñanza basados en las necesidades sociales de sus regiones y por eso participan en sus movilizaciones políticas. Eso ha provocado que sean consideradas “semilleros de guerrilleros” por autoridades educativas del gobierno federal que desde hace varios años buscan la forma de desaparecerlas. Por eso las reprimen cada que salen a las calles a protestar junto a sus comunidades, como ocurrió hace tres años, cuando mataron a dos estudiantes de esta misma normal rural que marchaban por una importante vía que conecta al puerto de Acapulco. Ese día (12 de diciembre de 2011), los estudiantes de la normal de Ayotzinapa exigían una reunión con las autoridades para pedirles más apoyo económico para su escuela; fueron asesinados a balazos por policías que nunca fueron llamados ante la justicia.

Para cuando se esté leyendo esta nota quizás el Gobierno haya revelado por fin que esos 43 normalistas ya están muertos; que sus cuerpos son esos que fueron encontrados en las nueve fosas descubiertas y el basurero a cielo abierto donde los arrojaron,  unos descuartizados y otros calcinados. Ellos ya lo saben, como desde un principio supieron todo.

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