Animal Político

Bolivia avanza en equidad de género

Incidencia de la mujer en la política

La Razón / La Paz

00:00 / 16 de septiembre de 2012

Rebeca Delgado Burgoa

Históricamente su acción política ha sido de afirmación de sus derechos ciudadanos y de resistencia contra las  dictaduras y las conductas de subordinación y discriminación. No obstante, sus demandas tienen plena vigencia en el sistema político, en especial de los partidos políticos y sindicatos, ejes de la vida pública y social.

Es así que tenemos un contexto más amplio para evidenciar la importancia de la mujer en la vida de nuestro país y su progreso actual. Si miramos nuestra historia no tan lejana, somos testigos de la inexistencia o, mejor dicho, de la “eclipsación” de la labor de la mujer en un ámbito que ha sido manejado casi exclusivamente por los hombres: la política. Esto puede explicar por qué la mujer no ha tenido, en muchos años, la protección constitucional, legal y jurídica de sus derechos; simplemente no ha tenido representación eficaz y eficiente en ámbitos de decisión. Así, la mujer ha sido considerada como un sector vulnerable y discriminado.

Esta situación nace como consecuencia de la postergación de sus demandas debido a la ausencia del género femenino en espacios donde se diseñan políticas, en órganos del Estado y el lugar real de la toma de decisiones. Se ha avanzado bastante, pero no es suficiente porque aún el ámbito político sigue siendo predominantemente masculino.

Innegablemente, en nuestra historia, la mujer siempre ha estado al pie del cañón, en la lucha por los derechos del país, de su familia y de sus derechos de manera muy abnegada. Sin embargo, su espacio de decisión se reducía al ámbito privado.

En los últimos años llegamos a un punto que ha marcado un cambio radical en la historia, y me refiero a la Asamblea Constituyente (por naturaleza, instrumento de amplia participación ciudadana que coadyuvó a la construcción y diseño del nuevo país), que ha sido producto de los sucesos de octubre de 2003, que causó —por actos completamente inexcusables, pendientes de juzgamiento y sanción— la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada. Este hito ha permitido que los sectores olvidados y discriminados tengan la oportunidad de hacer valer su voz.

La construcción colectiva de la Constitución Política del Estado (CPE) ha permitido avances muy importantes sobre género, basados en un marco histórico indiscutible que ha permitido la refundación del país. Gracias a este proceso se adelantó mucho en paridad y alternancia en órganos del Estado y espacios de toma de decisiones, áreas que, reitero, han sido objeto del patriarcado muy fuertemente marcado.

Un aspecto que considero muy importante e indudable, que nadie puede negar, es que estadísticamente las mujeres son mayoría en nuestro país. Sería completamente irónico ignorar esta realidad y más irónico tener lineamientos políticos, de derechos y participación sin su representatividad real en los ámbitos político, jurídico y orgánico, que simplemente significan una necesidad y un derecho irrenunciable.

La participación de la mujer en la política debe ser entendida desde los índices de mortalidad, la salud sexual, la maternidad (tan exclusivamente inherente a nuestra naturaleza), la violencia, la discriminación, la cultura de patriarcado, nuestros derechos no reconocidos, a los que hemos enfrentado y seguimos enfrentando, y que ahora, frente a la política, estos monstruos a veces se agrandan más.

Los procesos y progresos son muy lentos y sus objetivos, un gran reto. Los instrumentos jurídicos tienen su grado de relevancia en el avance hacia la igualdad, pero la base reside en otros factores, como el proceso de empoderamiento, que necesita de un tiempo de asimilación y que involucra a toda la comunidad. Los instrumentos jurídicos de protección de los derechos de las mujeres y el proceso de empoderamiento son dos funciones complementarias.

Nuestra actualidad puede demostrar que la presencia de la mujer en la política ha permitido avanzar en muchos temas y, lo más importante, en los referidos a los de género. Hay una presencia más efectiva de la mujer en ámbitos de toma de decisiones, que permiten incidir en temas troncales de la construcción de nuestro país. Su representación en los órganos Ejecutivo, Legislativo y Electoral, y en las organizaciones sociales, permite que el tema de género vaya consolidándose como transversal, hecho que debe ser considerado indispensable y no un simple favor.

Los puestos jerárquicos no significan ni garantizan, por sí mismos, una despatriarcalización mental de la mujer; nuestra cultura aún mantiene el patriarcado. Se ha avanzado mucho en normas en razón de género; así se hace transversal el asunto. Las leyes son instrumentos que permiten contar con cimientos, pero en lo que se debe trabajar realmente es en la formación educativa y cambiar los roles; “no somos una figura decorativa en los cargos”. Una prueba es que se pudo hacer frente al poder patriarcal mediante el mecanismo más democrático: el voto. Ésta es la muestra más clara de la importancia de la mujer en muchos ámbitos de la vida de nuestro país y, sobre todo, de la política Podemos estar orgullosas y orgullosos como bolivianos, porque nuestro país está avanzando en esto.

Frente a este hecho histórico, jurídico y revolucionario, la mujer tiene grandes retos como protagonista de la política: en que esta lucha presente frutos; que seamos partícipes de la erradicación de la violencia contra la mujer, del acoso político, de la discriminación en razón de género; que podamos ser forjadoras de una nueva sociedad, con justicia social y equidad en el ejercicio de nuestros derechos, y, esencialmente, que nos vean iguales en nuestras diferencias, con las mismas capacidades, aunque no con las mismas oportunidades. El proceso es lento, pero avanza.

Contexto normativo

En la agenda de demandas de las mujeres hay garantías para el ejercicio de los derechos políticos.

Para que un sistema sea democrático, el ejercicio de los derechos civiles y políticos debe ser protegido sin restricción por razón de género, es decir, que los espacios de representación política y el acceso a la gestión pública deben ser incluyentes para mujeres:

— Votar.

— Ser elegible para todos los roles públicos.

— Derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer funciones públicas.Artículo 26 de la CPE:

I. Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes, y de manera individual o colectiva. La participación será equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres.Artículo 147 de la CPE:

II. En la elección de asambleístas se garantizará la igual participación de hombres y mujeresArtículo 210 de la CPE:

II. La elección interna de las dirigentes y los dirigentes y de las candidatas y los candidatos de las agrupaciones ciudadanas y de los partidos políticos será regulada y fiscalizada por el Órgano Electoral, que garantizará la igual participación de hombres y mujeres.

Nuestra Constitución prohíbe y sanciona la discriminación. La promoción de la igualdad entre los géneros es uno de los temas prioritarios en la agenda internacional.

Camino a la igualdad

Cecilia Enríquez Aliaga

Mi aproximación a la lucha por los derechos humanos, particularmente los de las mujeres, es relativamente reciente, y recuerdo que como la mayoría de ustedes me preguntaba por qué las mujeres buscamos cuotas y otros mecanismos de acción afirmativa si toda la población nace en condiciones de igualdad y nada le es negado a nadie. 

Luego de un arduo trabajo conmigo misma para desnaturalizar el “espacio de las mujeres”, a la duda inicial, algunas preguntas se han ido sumando fruto de conversaciones en diferentes espacios. Podemos resumirlas de la siguiente manera: ¿A las mujeres que participan en este espacio no les interesa necesariamente la agenda de las mujeres? ¿las cuotas  crean “mujeres florero” o levantamano que no tendrían voz propia y que se sujetan a los mandatos de sus partidos políticos? ¿una vez que llegan a posiciones políticas, asumen el ejercicio de poder autoritario y vertical? ¿mujeres en ejercicio de poder viven matándose entre ellas y “la peor enemiga de una mujer es otra mujer”? y ¿para qué las cuotas si todas y todos somos iguales? Podríamos responder a algunas de estas preguntas en la explicación de dos principios: igualdad y diferencia.

Ciertas dudas subyacen porque muchas de nosotras vemos la realidad desde el principio fundado en la ideología de la igualdad que consiste en considerar que somos iguales a los hombres. No nos damos cuenta de que existe una estructura que valora de manera diferenciada lo femenino y lo masculino, lo blanco y lo indio, asignando superioridad a unos sobre otros. La superioridad tiene como hito a la desigualdad y, por lo tanto, acceso y ejercicio diferenciado de derechos.

Paradójico como parezca, el otro principio que subyace a estas miradas es la ideología de la diferencia. Este principio está fundado en la maternidad; las mujeres, por tanto madres, deberíamos ser todas buenas, amorosas, sensibles, dignas, sumisas, dando todo por los demás sin pensar en nosotras mismas. Por eso, cuando hay una mujer que rompe esquemas y no hace lo que se espera, es juzgada de una manera mucho más cruel. Así, a las mujeres que piensan en una agenda propia o disputan espacios de poder se las sanciona bajo múltiples adjetivos. ¿Díganme ustedes si los hombres no tienen pugnas por poder? Obviamente que sí; pero al ser su comportamiento el “esperado”, no es tan duramente sancionado ni mal visto como en las mujeres.

Los principios de igualdad y de diferencia con los hombres que caracterizan la subjetividad y la mentalidad de la sociedad en su conjunto se reflejan específicamente en la forma en que juzgamos el hacer política de las mujeres y/o de indígenas, lo cual nos muestra que continuamos siendo sociedades absolutamente machistas y racistas. Entonces, ¿por qué aceptar medidas de acción afirmativa (léase cuotas) para llegar a una representación similar a la de los hombres si deberíamos llegar por nuestros propios méritos?

Muchas de nosotras desconocemos que la lucha de las mujeres ha desembocado de una u otra manera en que hoy existan algunas “elegidas”; que topamos con un techo de cristal que nos impidió escalar y un piso pegajoso que hizo más arduo nuestro caminar para acceder a ramas del conocimiento, de la ciencia y la tecnología, de la Filosofía y la Teología; que por más esfuerzos, las mujeres tenemos topes a nuestra acción y, por lo tanto, en nuestra participación política.

Para zanjar brechas entre mujeres y hombres, diferentes “mujeres en movimiento” retomaron las luchas de grupos históricamente excluidos como el de los afroamericanos y su lucha por los derechos civiles, propuestas para eliminar otras opresiones (exclusión, explotación, discriminación, justificación de la violencia) que crearon las llamadas acciones afirmativas que consisten en la construcción política del principio de equidad. El proceso se inicia con el reconocimiento de la igualdad entre quienes están en desigualdad. Y ustedes dirán, ¿cómo?

Es la igualdad como equivalencia democrática que está en contradicción con la desigualdad que el sistema genera entre mujeres y hombres. El reto, entonces, es el de pactar la inclusión de las excluidas mediante mecanismos específicos para pasar, una vez eliminadas las desigualdades históricas, a elecciones por mérito.

Construir la ciudadanía de las mujeres ha requerido de una gran creatividad y muchos años de lucha a mujeres valiosísimas. Hoy recorre el mundo entero la exigencia de las mujeres de ser admitidas en los espacios de decisión política, en la representación social y en la ejecución gubernamental. Mas esta demanda será sólo para un núcleo reducido de mujeres privilegiadas si no es acompañada por la inclusión de los hombres en la esfera reproductiva.

Las mujeres participamos en minoría, presionadas y sin agenda propia. El gran desafío que tenemos es gestionar en la cultura política el simbólico sólido de las mujeres como universales, es decir, reivindicando las necesidades específicas nuestras para que nos representemos a nosotras mismas, planteemos necesidades, intereses y miradas propias sobre nuestros cuerpos, nosotras mismas, sobre la vida, la sociedad, el Estado.

Si bien nuestra participación es siempre cuestionada de una u otra forma, es indudable que la mayor presencia política de las mujeres en nuestro país se debe, en alguna medida, a que existe una mayor confianza en nuestras capacidades; que para algunas personas las mujeres no debemos solamente estar confinadas a la esfera privada; que las mujeres aportamos desde diferentes esferas, desde diferentes miradas y que nuestra participación es absolutamente necesaria.

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