Animal Político

Bolivia empieza a ser ‘Estado Plurinacional’

Bolivia no sería Estado Plurinacional si no contara con autonomías indígenas; ahora ya cuenta con la primera de manera efectiva (Charagua). Lo más trascendente y de carácter universal es que les devuelve a los pueblos indígenas el derecho a autodeterminarse, a tener su autogobierno.

La Razón (Edición Impresa) / Alejandro Vargas

00:01 / 11 de octubre de 2015

El 20 de septiembre se sometió a votación siete estatutos, cinco departamentales y dos indígena originario campesinos. En relación a los departamentales, es evidente que el tiempo transcurrido desde su aprobación por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) hasta su sometimiento al voto popular fue breve. Este hecho ocasionó que su contenido no sea conocido a cabalidad por el ciudadano; habrá que agregar que el tiempo de campaña de un mes resulta muy corto para este cometido. 

Otro factor importante es que se prohibió hacer campaña a las autoridades en ejercicio, evitando así usar recursos públicos para dar a conocer las bondades de las normas y dejando huérfano al estatuto, sin nadie que de manera efectiva promueva su aprobación. Es importante analizar este extremo ya que en el caso de los pseudoreferendos para los estatutos del oriente del país (de la denominada media luna en 2008) se los promovió desde las gobernaciones, utilizando el aparato público con el que disponen y los recursos económicos del Estado.

La naturaleza de una elección de candidatos es distinta al sometimiento de una norma de política pública; en este último caso, el referendo responde a una política estatal recogida en la Constitución Política del Estado, por tanto, las reglas del juego deberían ser distintas. Cabe decir que la crisis del Tribunal Supremo Electoral fue otro factor que incidió para que el proceso quede trunco o no cuente con mejores condiciones.

En todo caso, la norma era necesaria para cerrar cinco temas sustantivos que hacen a las autonomías: el modelo de gobierno, el modelo de gestión, la asunción de competencias, el financiamiento y el modelo de desarrollo; solamente con base en estos temas uno puede darse cuenta de la importancia de contar con esta norma.

Desde quienes impulsaron el No se produjo una miopía en cuanto a la importancia de contar con el estatuto; esgrimieron argumentos como que la norma no era conocida por el ciudadano o que habían artículos que atentaban contra las propias autonomías y, por lo tanto, había que modificar el estatuto; lo que hicieron  fue hacer caer la discusión en un falso debate, ya que la norma una vez aprobada podía ser modificada en aquellos aspectos que se cuestionaban, dejando que los artículos no cuestionados entraran en vigencia; otros temas podían ser regulados a través de normas que se hubiesen desprendido del mismo estatuto.

Para nadie es un secreto que solo la Constitución Política del Estado ha tenido una alta participación ciudadana, usualmente las políticas públicas son hechas por nuestros representantes o, como era antes, por un equipo de “expertos”, pero entre gallos y medianoche, a espaldas del ciudadano. En este caso, los estatutos fueron trabajados por representantes legítimos de pueblos y sufrieron sendas consultas en distintas provincias de los departamentos; seguramente no se llegó a todos los ciudadanos, pero sí hubo un alto grado de participación, dotándolos de un grado mayor de legitimidad que cualquier otra política pública que haya salido después de la Constitución Política del Estado o antes de ella.

La oposición, en su afán de ganar puntos con la ciudadanía, manipuló la importancia de contar con la norma, volviendo el referendo en un plebiscito contra el Gobierno, cayendo de este modo en un falso debate, porque en el referendo no se ponía a votación la aprobación o desaprobación de las políticas del gobierno; pero además traicionaron sus propios postulados autonómicos, postergando así, con la decisión del pueblo, las autonomías efectivas por unos años más.

En el caso de los estatutos indígena originario campesinos, tenemos una de cal y otra de arena.

Totora Marka en el departamento de Oruro fue la gran sorpresa, pues allí ganó el No al estatuto. Creemos que en parte la población fue arrastrada por el clima negativo que se generó acerca de los estatutos departamentales, pero también por la falta de claridad en las autoridades originarias sobre el ambiente que se vivía en relación a uno de los postulados del estatuto: el thaki o turno, por el cual se exige haber cumplido con cargos inferiores en la comunidad para aspirar a un cargo mayor en el gobierno autónomo; esto se vio como un hecho contrario a las aspiraciones de los jóvenes o de los llamados residentes, que a causa de vivir en otras ciudades se les dificulta cumplir con dichos cargos.

También estuvieron los intereses de la recién electa alcaldesa, que vio que peligraba el poder cumplir cinco años de gestión; si se aprobaba el estatuto, su mandato se acortaría, y por eso no dudó en usar los recursos estatales para hacer campaña, incluso con el apoyo de otros estamentos del Estado y el mismo día del referendo.

En el caso de Charagua, en el departamento de Santa Cruz, hubo distintas condiciones, aunque también algunas similares que las de Totora. Lo diferente es que no se estaba sometiendo al mismo tiempo a referendo el estatuto departamental, por tanto, no hubo ese factor externo que sí existió en Oruro. La Alcaldía de Charagua está en manos de la alianza APG-MAS (Asamblea del Pueblo Guaraní-Movimiento Al Socialismo), favorable al proceso; se logró cohesionar a los actores más importantes en torno a la autonomía y los capitanes grandes apoyaron todos el proceso. Instituciones como Cipca (Centro de Investigación y Promoción del Campesinado) que apoyaba ambos procesos, dio más asistencia a Charagua, desplazando hacia allí incluso a personal de Cipca altiplano.

Y es que si en el municipio de Charagua en conversión a Autonomía Indígena Originario Campesina (AIOC) incluso se preveía perder, en Totora se creía que por haber sido el Conamaq (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu) el impulsor de la AIOC (tanto en el Pacto de Unidad como en la Asamblea Constituyente) respaldaría radicalmente el proceso de Totora, cosa que no sucedió.

Es importante recalcar la trascendencia de implementar las autonomías indígena originario campesinas en el país, más aun en el oriente boliviano, donde persisten oligarquías colonizadoras que aun hoy sojuzgan a los indígenas.

Bolivia no sería Estado Plurinacional si no contara con autonomías indígenas; ahora ya cuenta con la primera de manera efectiva; luego, la AIOC es emancipadora de nuestros pueblos indígenas porque rompe con la hegemonía de unas élites arcaicas y desfasadas del proceso de cambio que vive el país; pero lo más trascendente y de carácter universal es que les devuelve a los pueblos indígenas el derecho a autodeterminarse, a tener su autogobierno, a dirigir su destino.

Hay que decir de manera valiente y contundente que las guerras de la independencia libradas en América no liberaron a las naciones y pueblos indígenas del continente, solo hubo cambio de manos en el poder, de los españoles a los hijos de éstos nacidos en América, los llamados criollos; ambos siguieron excluyendo a los indígenas; marginándolo y discriminándolo. Y si bien dentro los nuevos estados en América hubo varias conquistas de derechos para estos pueblos, hasta el día de hoy no se les había dado un poder real y genuino para seguir construyendo su destino y ser verdaderamente Iyambae.

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