Animal Político

Bolivia y la incertidumbre democrática

La lectura del último libro de Fernando Mayorga, ‘Incertidumbres tácticas. Ensayos sobre democracia, populismo y ciudadanía’ (Plural, 2014) confirma que Bolivia se ha convertido en el gran laboratorio para la teoría política contemporánea.

La Razón (Edición Impresa) / Rocío Annunziata

00:02 / 11 de enero de 2015

Para expresar la complejidad de sus experiencias contemporáneas, su carácter inacabado y experimental, Fernando Mayorga presenta en su libro la idea de que la democracia intercultural constituye una relación y un proceso. Distintas formas de democracia o distintas experiencias democráticas se combinan de diferente modo según los acontecimientos. Y no se trata así de una configuración estática (aunque tenga una traducción normativa) sino de una institución del sentido de esa democracia intercultural que varía según las múltiples combinaciones de sus principios representativos, participativos, comunitarios.

Entonces, en este terreno de experimentación democrática que es Bolivia en los últimos años, como proceso y como relación, pero proceso no lineal sino incierto, y relación no estática sino contingente, la teoría política contemporánea tiene un material ini- gualable para el pensamiento.

REPRESENTACIÓN. El libro nos muestra de manera muy clara cómo ha cambiado o se está transformando la representación electoral y, en particular, la temporalidad de la representación. La legitimidad de las elecciones ya no garantiza la legitimidad de las decisiones de los gobernantes, y la temporalidad de la representación pasa de ser la de la prolongación de un momento —el electoral— a lo largo del mandato, a una inmediatez que obliga, frente a cada decisión, a reconquistar la legitimidad, a ofrecer una nueva escucha de la ciudadanía. El modo en que Fernando Mayorga trabaja sobre los casos del “gasolinazo” en 2010 y del conflicto de TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure) en 2011 da cuenta de ello. En el primer caso, el Gobierno debió retirar la decisión que había tomado de aumentar por decreto presidencial el precio de los carburantes para disminuir la subvención estatal a la gasolina y el diésel, frente a las protestas de la población en varias ciudades. En el segundo caso, el Gobierno debió dar marcha atrás con la decisión de construir una carretera atravesando el TIPNIS, frente a multitudinarias movilizaciones iniciadas por los pueblos indígenas de tierras bajas congregados en la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), que recibieron la solidaridad de otras organizaciones indígenas y de la opinión pública.

En ambos casos pudo constatarse este fenómeno, que no es exclusivo de Bolivia sino que es compartido particularmente por otros países de nuestra región: el momento electoral ya no se extiende de manera evidente o necesaria en la legitimidad de las decisiones. Pero es interesante pensar también este fenómeno en relación con los resultados de las recientes elecciones de octubre de 2014 en Bolivia. El incontestable triunfo de Evo Morales nos demostró que no tendríamos que comprender aquellas protestas o vetos ciudadanos como el simple desgaste o fracaso de un gobierno. Algo más está en juego y es que la legitimidad electoral puede ser muy sólida en el origen y puede incluso volver a serlo en una nueva elección, aún luego de fuertes conflictos durante el mandato, pero, sobre todo, se encuentra disociada de la legitimidad de las decisiones.

El hecho de que la representación cambie su temporalidad, que ya no se asiente en la duración como prolongación de un momento, sino en la inmediatez como construcción permanente de la legitimidad de las decisiones, nos conduce a repensar el decisionismo, otro de los temas abordados en el libro y elemento central de las democracias contemporáneas.

Fernando Mayorga define como decisionismo presidencial a la centralidad de la figura de Evo Morales en la toma de decisiones del Gobierno. Los mecanismos convencionales de la democracia representativa que normalmente deberían contrarrestar este decisionismo presidencial, no estarían funcionando en el escenario actual de Bolivia, afirma el autor.

DEBILIDAD. Por un lado, el control multipartidario producido en la relación entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo se encuentra debilitado desde la segunda gestión del MAS por el predominio oficialista en las dos cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por otro lado, el control contra-mayoritario producido por las autoridades estatales que deben velar por la aplicación de la ley y la Constitución, se ha visto deslegitimado por el cuestionamiento de las elecciones judiciales de octubre de 2011. Sin embargo, en estas condiciones, sostiene el autor: “…surgieron otro tipo de frenos y regulaciones a la voluntad del órgano ejecutivo. Éstos provinieron de espacios ajenos a la institucionalidad política y se expresaron en mecanismos o acciones que, tentativamente, se definen como control o restricción episódica al decisionismo mayoritario. Se trata de una vigilancia informal y conflictiva por medio de la acción directa de sectores ciudadanos y por la protesta ejercida por grupos organizados en torno a intereses sectoriales. Estas acciones revierten las decisiones gubernamentales o impiden la aplicación de determinadas políticas.” (página 79). Su cristalización ha sido precisamente la de los ejemplos recién mencionados, el “gasolinazo” y el conflicto del TIPNIS, en los que el Gobierno retiró las medidas que había tomado ante las manifestaciones de la ciudadanía.

Fernando Mayorga crea así un concepto enriquecedor para la teoría política que contribuye a la compresión del tipo de control al decisionismo que caracteriza en los últimos años a las democracias de la región, en sintonía con el poder contra-democrático de veto conceptualizado por Pierre Rosanvallon. Pero con este concepto que propone el autor nos abre la puerta también para hacer una reflexión sobre el propio decisionismo.

Solemos entender el decisionismo —y así parece entenderlo por su parte el autor— como una forma unilateral de toma de decisiones, en particular, y con respecto a los otros poderes del Estado y otros actores políticos en general. Pero, ¿qué ocurre que si pensamos los procesos de toma de decisiones en una perspectiva más amplia o más larga, según la cual la decisión no pueda considerarse efectivamente tomada hasta que no se haya constatado una ausencia de rechazo o descontento? Si partimos de esta perspectiva amplia sobre la decisión y considerando los ejemplos recién mencionados que se tratan en el libro, y en los que las decisiones fueron retiradas, ¿podría sostenerse que hay decisionismo? ¿o podría decirse que hay decisionismo del mismo tipo que en aquellos casos en que los gobernantes mantienen la decisión a pesar del descontento expresado en las calles? Surge así la posibilidad de concebir dos tipos distintos de decisionismo, si comparamos la experiencia boliviana con las experiencias de otros países de la región.

El primer tipo podría denominarse decisionismo de iniciativa; en él la decisión se concentra en el líder en el origen del proceso, pero luego no hay negación de la escucha de la ciudadanía y el gobernante está dispuesto a modificar o retirar la decisión. Un segundo tipo podría denominarse decisionismo delegativo; en él la decisión no opera como apertura sino como cierre, no deja espacio a la posibilidad de revisión, y se autojustifica en la legitimidad electoral con la que se ha accedido al Gobierno. El avance en la clasificación latinoamericana de distintos estilos presidenciales en la toma de decisiones podría ser un camino productivo para la mejor comprensión de la representación política contemporánea, inspirado por el sugerente concepto de Fernando Mayorga en este libro.

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