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Bolivia: socio pleno del Mercosur?

Resulta paradójico que el actual Gobierno hubiera completado la obra de vinculación de Bolivia al Mercosur iniciada por su predecesor Sánchez de Lozada. Ambos gobiernos prescindieron de la opinión de su pueblo al respecto. Aquel, con un enfoque aperturista y éste con un enfoque ideológico.

La Razón (Edición Impresa) / Ana María Solares

00:01 / 26 de julio de 2015

Ha vuelto a posicionarse en la agenda pública el tema de la nueva membresía que adquiriría Bolivia como socio pleno del Mercosur (Mercado Común del Sur).  Las opiniones se dividen: por una parte, se acrecientan los temores y, por otra, se incentivan las expectativas.

El tema tiene diversas aristas. Reconozcamos que la constitución del Mercosur fue un hecho histórico, de alto contenido político. La recuperación de los sistemas democráticos alentó a que Argentina y Brasil —países que tradicionalmente rivalizaron por sus pretensiones hegemónicas— decidieran revertir esa actitud, creando un eje de integración, que cambiaría la geopolítica de la región. A esta iniciativa se sumarían Paraguay y Uruguay.

Estos países, en marzo del 91, constituyen un proceso de integración de metas ambiciosas. Su objetivo, conformar un espacio común sobre la base de sus mercados nacionales, denominado Mercado Común del Sur, en el que circulen libremente mercancías, servicios, capitales y mano de obra.

En el camino hacia ese objetivo, se deben eliminar los aranceles para el comercio recíproco y adoptar una tarifa externa común, lo que la teoría conoce como una Unión Aduanera. Pero el proyecto va más allá, la cooperación en el plano político y la proyección externa constituyen igualmente objetivos importantes. En definitiva, la concepción del Mercosur resulta estructurante para los países que lo componen, toda vez que la consecución de sus objetivos exigirá de ellos cambios estructurales en su economía, su comercio exterior y en su manera de relacionarse con el mundo, ahora en forma común.

Sobre sus realizaciones, destaquemos que fueron muy significativas  en aspectos comerciales, en sus primeros años. La liberación de aranceles produjo un incremento exponencial en sus intercambios, que en su primera década crecieron un 25%. Sin embargo, la crisis de los 2000, que afectó primero a Brasil y luego a Argentina —y como efecto rebote a Uruguay y Paraguay—  mostró que la integración comercial lograda era vulnerable.

En el área política se evidencia la adopción de importantes instrumentos jurídicos, como el Protocolo de Ushuaia, que hace de la democracia un principio fundamental del bloque, o la Declaratoria del Mercosur como Zona de Paz. En su proyección externa, el Mercosur logra posesionar una imagen de bloque, pero sus intentos de tener vínculos jurídicos, como con otros actores internacionales, no tienen éxito: una negociación de vieja data con la Unión Europea para suscribir un tratado de asociación, que no llega a concretarse; concertaciones de tratados de libre comercio con Israel, Egipto y Palestina son de poca incidencia. Lo más importante fue la suscripción de acuerdos de asociación con Bolivia, Chile, Perú y Ecuador.

Hace ya muchos años que el avance en los temas estructurales ha quedado detenido. No se vislumbran desarrollos hacia un mercado común. El comercio intrazona se está deteriorando, afectado por los constantes incumplimientos de los compromisos asumidos y por una política tradicionalmente proteccionista de Brasil y Argentina. En el primer semestre de este año, el comercio recíproco se ha contraído en un 21% respecto al periodo similar de 2014.

Quizá lo más importante a destacar, en su última década, sea la constitución del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur, creado para favorecer el desarrollo de proyectos en los países más pequeños y con esto atender  las profundas diferencias en el nivel de desarrollo que tienen respecto de los otros países. 

Sin embargo, salvo momentos de crisis —como la controversia que por años tuvieron Argentina y Uruguay por la instalación de una fábrica papelera en la frontera o la separación transitoria de Paraguay,  por la interrupción de su proceso democrático, momento que fue aprovechado para encaminar el ingreso de Venezuela— no se identifican mayores elementos perturbadores. Se podría decir que Mercosur atraviesa una “triple E”: Estado Estable de Estancamiento. Quizá sustenta esta situación una “nueva fuerza integradora”, la coincidencia ideológica de la mayoría de los gobiernos de turno, incluidos los de los países que se están adhiriendo.

En este escenario analicemos la vinculación de Bolivia con el Mercosur. Como país que concretaba su dimensión rioplatense, mediando una polémica decisión de un gobierno “neoliberal”, el del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, se suscribió un Acuerdo de Asociación entre Bolivia y el Mercosur en 1997. Este acuerdo tuvo dos proyecciones: la comercial y la política.

En el plano comercial, propició una zona de libre comercio entre el bloque y el país, que prácticamente, ya está conformada. Esto significa que como socio pleno o como asociado, Bolivia debe recibir los productos del Mercosur sin cobrar aranceles y puede exportar a estos países sin pagar aranceles. En el plano político, Bolivia, junto con Chile, desde la firma de sus respectivos acuerdos de asociación, fueron considerados como socios plenos, suscriptores de todos los compromisos y avances en estas áreas.

Por tanto, la adhesión de Bolivia al Mercosur no representará mayores cambios en cuanto a la liberación comercial o a la participación en el Mercosur político. El cambio, y costo a la vez, se dará por el compromiso que se estaría asumiendo de aplicar una tarifa arancelaria común. Un instrumento de esta naturaleza en un proceso de integración tiene el efecto de proteger la producción interna del bloque. Es como un modelo proteccionista que asume un Estado para resguardar su producción nacional. La tarifa externa del Mercosur protege la producción del bloque, particularmente la de Brasil y Argentina. El impacto lo reciben los consumidores, que ven disminuidas sus posibilidades de elección en la oferta y encarecidos los precios. En la práctica, el consumidor boliviano si quiere obtener precios accesibles tendrá que contentarse con consumir productos brasileños o argentinos. Los que vengan de extrazona tendrán precios inaccesibles por la tarifa externa.

Resulta paradójico que el actual Gobierno hubiera completado la obra de vinculación de Bolivia al Mercosur iniciada por su predecesor Sánchez de Lozada. Ambos gobiernos prescindieron de la opinión de su pueblo al respecto. Aquel, con un enfoque aperturista y éste con un enfoque ideológico, desembocaron en lo mismo, sin sopesar de una manera integral las consecuencias de sus respectivas decisiones.

Pero hay más, como hemos visto, las características con las que se concibió el Mercosur hacen de éste un proceso estructural de integración. Si nos remitimos a nuestra Constitución, según el artículo 257, para que Bolivia ingrese a un proceso de integración estructural deberá haber una consulta popular. ¿La misma se dará antes de la aprobación parlamentaria?

Esta salvedad jurídica pondrá también a prueba la solidez con la que se respalda la democracia en el Mercosur. Hasta el presente, el bloque fue muy puntilloso para defender la interrupción del proceso democrático del Paraguay, no lo es frente a las flagrantes violaciones de los derechos humanos y constitucionales que se dan actualmente en Venezuela.

Falta saber en el caso de la adhesión boliviana —si no se diera el referendo  prescrito por la Constitución—  si el Mercosur seguirá recibiendo con aplausos a un país que viola su Constitución por adherir al bloque. ¿Las identidades ideológicas darán para tanto?

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