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Bonos: más política que economía

En última instancia, la creación de un bono es discrecional, es decir, depende de la voluntad política de hacerlo, inclusive para el cálculo del monto del bono y para su propia logística de pago.

La Razón (Edición Impresa) / Ernesto Sheriff

00:01 / 11 de abril de 2016

El hecho de otorgar bonos por parte del Estado es una manifestación del fracaso del mismo en la provisión de educación, salud, seguridad, defensa o cualquier servicio y, al mismo tiempo, es la manera más simple de devolver al ciudadano aquello que entregó en calidad de impuestos.

Los bonos son también una herramienta redistributiva cuando son dados a segmentos sensibles de la población que contribuyen al Estado con mucho menos de lo que reciben por concepto de estos bonos; por tal razón, para maximizar el efecto distributivo, los gobiernos se esfuerzan en aplicar bonos a grupos muy pequeños de la población. El otorgamiento masivo de bonos es en sí mismo neutro ya que su efecto redistributivo es proporcionalmente inverso al tamaño de la población beneficiada, evidenciando una vez más el fracaso del Estado para atender las necesidades de segmentos poblacionales más grandes.

En Bolivia, la experiencia con bonos es amplia. El colapso fiscal de la primera mitad de la década de los 80 se debió en gran medida a la existencia de una amplia variedad de bonos que el Estado proporcionaba a un número tan grande de grupos poblacionales que prácticamente era la población entera. Bonos de incentivos productivos, bonos de asistencia al trabajo en las empresas públicas, bonos de producción en estas mismas empresas, subsidios a productos estratégicos, etc. constituían una pesada carga fiscal que el Estado finalmente no pudo soportar.

Posterior a la debacle macroeconómica de 1985, el bono más conocido fue el llamado Bonosol, establecido en 1996 con fines electorales y orientado a la población adulta mayor de 65 años en función de un diagnóstico que establecía que dicho segmento de la población tenía importantes porcentajes que no irían a ser beneficiados con rentas de jubilación, debido al colapso del sistema anterior. A pesar de que en Bolivia la población en ese entonces era mayoritariamente joven, el hecho de otorgar dicho bono a los adultos mayores implicó, primero, un esfuerzo logístico y, segundo, un esfuerzo fiscal, ya que a pesar de que los fondos para ese bono provenían de la utilidad de las empresas públicas recientemente privatizadas (llámese capitalizadas), para hacer electoralmente atractivo el bono, se lo estableció en un monto monetario que no podía ser soportado por dichas utilidades, las cuales, además, fueron mermando en el tiempo.

Los gobiernos posteriores, precisamente por razones electorales, solo modificaron los montos monetarios, el nombre del bono y su forma de pago. Se intuye (porque no hay estudios que hayan evaluado su resultado), que el efecto multiplicador de éste y los otros bonos que le sucedieron fue altamente positivo, especialmente en el área rural. Tómese en cuenta que el actual Bono Dignidad equivale al PIB per cápita de todo un año en las zonas rurales.

En el mismo período, ante la pequeñez del Estado se creó un bono que iría a ser pagado por el sector privado: el subsidio a la lactancia, equivalente a un salario mínimo nacional, creando un precedente de que aquello que no pueda pagar el Estado lo pague el sector privado, siendo el segundo aguinaldo una especie de bono de esta clase.

La sucesión de nuevos bonos, creados especialmente después de 2005, tuvo efectos positivos en relación a los grupos beneficiados, pero al mismo tiempo, representan fuertes cargas para el Estado que, en las condiciones actuales de crisis internacional, tiene una restricción presupuestaria más apretada que en años anteriores.

Sea cual fuese el origen de fondos de los bonos otorgados, para el beneficiario el valor psicológico de un boliviano recibido es igual simplemente a un boliviano, el efecto multiplicador se produce después, cuando el beneficiario gasta su bono en la compra de bienes y servicios nacionales. En cambio, el efecto distributivo es inmediato ya que el beneficiario por lo general recibe un boliviano proveniente de los demás contribuyentes. Por ello, existe una resistencia en los gobiernos a otorgar bonos ya que su efecto multiplicador es menor que el de un gasto público adicional generalizado y, por tanto, representan un retorno fiscal negativo. En las condiciones actuales, habiendo pasado hace mucho tiempo el impulso redistributivo de la gestión económica, es socialmente cada vez menos deseable la creación de un nuevo bono, puesto que, por un lado, las poblaciones beneficiarias son menos visibles y, por otro, la carga fiscal está prácticamente al límite debido a la multiplicidad de bonos y subsidios ya existentes; agravando el peligro de transferir la creación de nuevos bonos al financiamiento por parte del sector privado, el que a su vez ha sido fuertemente golpeado por el aumento del subsidio a la lactancia y por el segundo aguinaldo, lo que afectó de manera destructiva la rentabilidad de muchos negocios en el largo plazo.

No existe un protocolo para la creación de bonos; pero sí hay una pugna por parte de los grupos sensibles de la población para ser beneficiados por bonos, dada la existencia de lo mismo para otros segmentos poblacionales. En la medida en que el número de bonos aumente, se incrementará el número de grupos solicitándolos, provocando inevitablemente conflictos con los diferentes gobiernos. En última instancia, la creación de un bono es discrecional, es decir, depende de la voluntad política de hacerlo, inclusive para el cálculo del monto del bono y para su propia logística de pago.

Para evitar la creación de bonos, el gobierno debe hacer uso de su credibilidad y legitimidad para convencer, primero, a la población de la no conveniencia de crear bonos y, segundo, para ofrecer al grupo solicitante otras opciones que alivien su necesidad, que no pase por crear una nueva carga al Estado. En la medida en que la población tenga confianza en la actual gestión , podrá comprender los argumentos para la no creación de un determinado bono. En las actuales condiciones del bono para la población con discapacidad solicitado por sus dirigentes, la coyuntura actual ha puesto al actual Gobierno en una situación difícil ya que su credibilidad está en su punto más bajo, así como la confianza de la población ha mermado en relación a años anteriores; la legitimidad por sí sola en este caso no servirá para desmantelar el actual conflicto, y el Gobierno por lo tanto, obligado por la presión, deberá sentarse en posición desventajosa a negociar otras opciones.

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