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Brasil no pidió información oficial para decidir el asilo a favor de Pinto

Nardi Suxo - Hace una semana, la Ministra de Transparencia decidió no seguir un juicio particular por desacato contra el senador Pinto. Su declaración abrió la posibilidad de eliminar la figura jurídica en las leyes nacionales.

Nardi Suxo

Nardi Suxo

La Razón / Rubén D. Atahuichi / La Paz

00:02 / 17 de junio de 2012

Debe ser una de las más temidas del gabinete, por eso también la más vulnerable. Denuncia que es blanco constante de amenazas de las mafias.  “Lo ha dicho un expolicía que ahora es viceministro (Miguel Vásquez). Tenemos más de 30 policías, entre oficiales y clases, denunciados por este ministerio; las primeras tuvieron que ver con Covipol y la compraventa de botas, fue cuando recibí amenazas muy duras, incluso le pusieron precio a mi cabeza”, cuenta preocupada.

Una decena de cuadros adorna su oficina. En la mayoría, fotos de Ernesto Che Guevara, Fidel Castro, y, obviamente, Evo Morales. Parecieran regir sus acciones, no siempre fáciles. Nardi Suxo, la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, se siente agotada. Se vio envuelta en el caso del senador Róger Pinto, por cuyos juicios dice que Brasil nunca pidió información oficial para sustentar su decisión de otorgarle asilo.

Considera que el legislador de Convergencia Nacional (CN) tiene cuentas que rendir por daños al Estado en distintas funciones públicas. Dice que aquél no es perseguido político y que su reacción, con calumnias y difamaciones en su contra, derivó de las acciones del Gobierno por esclarecer casos de corrupción.

— ¿Persiste su decisión de alejarse de su cargo?

— Voy a estar en la trinchera de la lucha hasta que el Presidente me diga lo contrario. Yo tengo un compromiso muy fuerte y firme con el presidente Evo Morales y, sobre todo, con el país.

— El Presidente le dijo “llorona”…

— (Ríe). No sólo a mí. Hay agotamiento, son muchos años de un trabajo permanente. Pero hay que decirlo, las palabras de él, más que una llamada de atención, son un aliciente.

— Ya tiene su cargo en el exterior…

— Es una decisión única y exclusiva que la tomará el Presidente, que me dirá si sigo aquí o fuera del país, o, finalmente, me voy a la casa.

— Había quedado pendiente esa designación.

— Está pendiente, hay todavía temas que resolver de manera interna de la CAN (Comunidad Andina, con sede en Lima).

— Pocas veces una autoridad de su rango denuncia que es amenazada, en este caso, por un policía (Santiesteban).

— Me imagino que por el cargo y las funciones soy un blanco de amenaza, no solamente de parte de la Policía; hay amenazas de servidores públicos y gente ligada a los bingos; estamos hablando de mafias organizadas.

— El senador Pinto y sus colaboradores denunciaron que usted favoreció a su familia…

— Lo dijo bien: “Pinto y sus colaboradores”; yo diría “Pinto y sus muchachos”, porque incluso publicaron solicitadas en las que dañaron y difamaron a mi familia; menos mal que tengo una familia bien unida, que me ha dado su apoyo. Pinto y sus amigos han tenido que aclarar los temas y como no los probaron, incluso firmaron una carta dirigida a mi hermano (15 de diciembre de 2011), en la que se retractaron del hecho y piden disculpas. Eso demuestra que no pudieron probar su difamación tan burda.

Ellos dijeron que mi hermano ha sido favorecido con contratos. Me fui obligada a sacar certificaciones de parte de YPFB, la Caja Petrolera, para mostrar que no es así. Mi hermano tiene una empresa privada, cuyo 95% son clientes privados y el 5%, clientes del Estado, pero que los tiene desde hace 25 años.

— Pero hubo también acusaciones en su contra.

— Por supuesto, nunca han sido probadas.

— De eso derivó el proceso por desacato...

— Claro, yo no podía quedarme callada frente a las acusaciones falsas del señor Pinto. Pero estas denuncias de Pinto y sus compañeros nacieron de las denuncias que hicimos, que no tienen que ver solamente con Pinto; por ejemplo, en el caso Zofra y terrenos los denunciados también son Boris Salvatierra, David Murakami… que siguen siendo procesados.

— ¿Y se defienden?

— Se defienden, van a las audiencias. Otro caso, Zofra-Universidad, con daño de 11 millones de bolivianos, en el que los acusados son Miguel Becerra, Remberto Oni y Fernando Castillo, además de Pinto. A raíz de estos juicios, entre 2008 y 2009, en 2010 Pinto y sus compañeros empiezan a denunciarme, seguramente para callarme y amedrentarme; no lo logran y no lo lograrán, y yo seguiré con los casos.

En otro caso, Fondos en avance, están denunciadas también otras personas, exdirectores administrativos y jurídicos, que tienen que rendir cuentas al Estado. Otro caso, Desembarcaderos; se contrata una empresa para la construcción de cuatro desembarcaderos en Pando sin que exista diseño y normas; es más, se aceptan garantías que no cumplen la norma y esto causa un daño económico de más de dos millones de bolivianos al departamento. En este caso, otros imputados son Leopoldo Fernández, Paulo Bravo, Carlos Camacho, María Seegers, Mirko Ulloa, Celso Rojas, Óscar Rojas y Pedro Vigabriel.

— No solamente Pinto…

— No solamente Pinto. Tenemos un último caso. Denunciamos el caso de las casas de juegos contra una exautoridad, (Marco Antonio) Cárdenas, pero éste desembocó en otros. Se amplió la imputación contra Pinto, Luis Felipe Dorado, Álex Orozco Rosas, Julio Cortez, Adrián Esteban, Neiva Paola, Roy Moroni, Franz Grover Choque, Vanessa Moreno, Jackeline Yáñez, María del Carmen España.

— Se dice que recibieron dinero.

— Se han adjuntado copias de informes de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), sobre los cheques que habrían recibido de parte del Bingo Bahití. Eso debe investigar el Ministerio Público.Además, una prueba de esa relación que existía es que el que pagó las solicitadas en contra mía y de otros funcionarios del Gobierno fue otra empresa del consorcio Bahití, Supervit; tenemos la certificación del periódico El Día.

— ¿Por qué desistió del proceso de desacato contra Pinto?

— Es un delito de orden público y el Ministerio Público verá si eso continúa o no. Pero Pinto hace ver a la comunidad internacional que eso es persecución política. Desisto para que la gente pueda ver que no es un asunto político, sino uno de corrupción, que debe responder por daño económico al Estado.

— ¿Desistió para evitar que Brasil tenga más argumentos para asilar a Pinto?

— Estamos viviendo en un Estado democrático. Yo creo que no hubo suficiente información o la hubo distorsionada; no olvidemos, además lo dijeron los legisladores de Convergencia Nacional (el frente de Pinto), que han visitado varios países de la región, gente de derecha que armó todo esto. Luego de sus visitas viene todo esto.Yo lamento mucho, y respeto la decisión soberana de Brasil, que nunca se nos haya pedido información oficial de los casos.

— De Brasil…

— Desde el Brasil. Cuando sucedió lo del refugio de Mario Cossío (en Paraguay), el embajador paraguayo pidió información a través de la Cancillería; es más, yo viajé hasta Asunción a entregar toda la información. Paraguay le dio el refugio, pero al menos conoció toda la información y la documentación del caso. En este caso, no nos han pedido esta información.

— ¿A qué se debió eso?

— No sé, eso es algo que seguramente responderán las autoridades brasileñas.

— ¿Se precipitó Brasil?

— Yo pienso que asumió como válida una información completamente distorsionada, porque en un resumen que nos llegó, realizado por Pinto, dice que éste es perseguido políticamente por haber denunciado a funcionarios del Gobierno, lo cual no es cierto. Espero que la Embajada de Brasil, Naciones Unidas, los medios de comunicación o el que sea haga una auditoría jurídica o una revisión de los casos, y verán que, más bien, quien fue acosada y perseguida por Pinto y sus compañeros fui yo.

— ¿Recibió amenazas de parte de Pinto?

— No podría decirle, pero recibimos amenazas en nuestros celulares, incluso en los teléfonos de nuestros domicilios; a través de correos.

— El fiscal Mario Uribe dice que los casos por desacato continuarán.

— Así es, es un delito de orden público.

— Como Pinto, hay otros asilados y refugiados, Mario Cossío, Mirtha Quevedo, Manfred Reyes Villa…

— Están prófugos de la justicia, no se los puede considerar como refugiados y asilados.

— ¿Qué acciones se hace en contra de ellos?

— Varios de estos casos, como los de Reyes Villa, José Luis Paredes, el exrector de la Universidad del Beni Guillermo Suárez Zambrano, Cossío… se procesan y continúan en rebeldía, como dicta la Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz, terminarán en sentencia y ya se tomarán acciones en función de los convenios internacionales.

— Mirtha Quevedo en Perú y Mario Cossío en Paraguay, ¿no cree que el caso de Pinto sea una señal de que ‘algo’ pasa en Bolivia?

— Hay falta de información cabal de lo que sucede; éstos son delitos comunes, a nadie se ha perseguido por su manera diferente de pensar. Ellos son perseguidos jurídicos y judiciales, y deben responder por los hechos. Si una persona es inocente y cree que tiene la razón, no tiene por qué fugar del país; deberá estar aquí para asumir su responsabilidad y aportar todas las pruebas necesarias.

Perfil

Nombre: Nardi Suxo Iturry

Edad: 52 años

Profesión: Abogada

Cargo: Ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción

De a pie

Acostumbrada a salir los fines de semana sin seguridad, ella prefiere hacer mercado como cuando fue alguien de ‘a pie’. Guarda una especial admiración por el presidente Evo Morales, por el que alguna vez dijo que pone las manos al fuego.

De medios y la ausencia de coordinación institucional

— ¿Puede demostrar que el Gobierno también lucha contra la corrupción en su estructura?

— La sentencia contra Santos Ramírez.

— ¿Otras?

— Las denuncias contra varias de nuestras exautoridades y las más de 20 sentencias en contra de alcaldes del MAS (Movimiento Al Socialismo).

— ¿Cuán difícil es luchar contra la corrupción?

— Es difícil y complicado. Si yo tuviera el Ministerio Público a un lado, el Órgano Judicial, la Contraloría y la Procuraduría del Estado trabajando de manera conjunta, sería más fácil. Sin embargo, no tenemos apoyo del Ministerio Público; hoy nos enteramos que están designando fiscales que tienen denuncias y procesos, y vienen desde Sucre. No tenemos apoyo del Órgano Judicial, aún está muy débil, aunque tenemos mucha esperanza, porque son pocos meses de funciones de las nuevas autoridades. Por otro lado, tenemos varios fiscales y jueces denunciados por nuestro ministerio, incluso vocales de Chuquisaca, Oruro y La Paz.

— ¿Por qué no es posible hacer un frente común?

— Todavía hay resabios del pasado en sentido de pensar ‘cómo le sacamos ventaja’ a este cargo. Ojalá se pueda hacer un frente común, en el que cada una de esas instituciones cumpla sus funciones y que autoridades del Ministerio Público o el Órgano Judicial al menos sean suspendidas, hasta demostrar su inocencia.

— ¿Por qué cree que todo proceso anticorrupción termina siendo calificado de persecución política?

— Y seguramente va a ser así, pero las pruebas demuestran lo contrario. Incluso Santos Ramírez se declaró un perseguido político. Varios otros denunciados se declaran así. Lo que pasa es que antes el hacer política estaba bien ligado a la corrupción.

— ¿Por qué la opinión pública no ve que esos casos son tales, de corrupción?

— Pasamos toda la información cuando se la solicita. Lamentamos que algunos medios de comunicación simplemente mediaticen temas y victimicen a aquellas personas que tienen que responder por daños económicos. Para los medios, más o menos, Pinto es un héroe, al que hay que brindarle toda la protección. Escuchaba incluso en un canal de cocina a una señora que defendía a Pinto y que decía que iba a cocinar pensando en aquél. No tenemos un apoyo desde los medios de comunicación.

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