Animal Político

Breve ensayo ‘comunista’ en el ministerio de trabajo

La prensa de 1936 reprodujo el usual distanciamiento, aún hoy persistente, entre socialismo y comunismo.

La Razón (Edición Impresa) / Grecia Gonzales Oruño - es periodista

15:00 / 04 de octubre de 2018

En su etapa fundacional, en 1936, el Ministerio de Trabajo fue moldeado por ideas socialistas. Eso generó tirria en el ala liberal del gobierno, la rosca minera y su prensa, que fraguaron un complot que luego consiguió la dictación de un decreto supremo anticomunista. La norma permitió el exilio de al menos tres autoridades de esa cartera de Estado. Después cayó el primer ministro obrero.

En la nueva institución, el “fantasma del comunismo” —expresión usada por Marx y Engels en el Manifiesto Comunista— recorrió sus oficinas y se materializó en el reajuste de salarios, la sindicalización obligatoria y la creación de la Confederación Sindical de Trabajadores de Bolivia (CSTB) y de la Asamblea Nacional Permanente de Organizaciones Sindicales (ANPOS).

Quienes timonearon esas políticas a favor de los trabajadores no eran personas inexpertas. El ministro obrero Waldo Álvarez se había rodeado de lo más destacado de la izquierda de entonces. Nombró a Ricardo Anaya como asesor técnico; a José Aguirre Gainsborg, subsecretario; y a José Antonio Arze, asesor jurídico.

Frente a ese plantel, los liberales desplegaron una campaña hostil que concluyó con la persecución, el arresto y el exilio de quienes encarnaban dicho espíritu socialista.

Acciones. El Ministerio de Trabajo fue creado mediante el decreto supremo de 17 de mayo de 1936. Su primera autoridad fue Pedro Zilveti, que ejerció el cargo cinco días. Luego, el 22 de mayo, se posesionó como segundo ministro al gráfico Waldo Álvarez.

La entidad nació en la posguerra del Chaco, cuando se desató una crisis con el alza de precios, el encarecimiento del costo de vida, el desempleo y una galopante inflación.

Tras la creación de ANPOS, Guillermo Lora en su obra Historia del movimiento obrero boliviano puntualizó que esta Asamblea fue el “comando supremo de sindicatos y fuerzas de izquierda”.

Campaña. Esas acciones fueron cuestionadas por el bloque liberal. El periódico La República, el 20 de junio de 1936, denunció que “las medidas relativas a (la) fijación del salario mínimo y bonificaciones de sueldos y jornales (…) son manidas disposiciones que no alcanzan a constituirse en sólidos guiones del esquema revolucionario”.

A su turno, Última Hora, el 22 de julio, afirmó que “el sindicalismo obligatorio, que está encarando la Junta Militar, es —lisa y llanamente— el primer paso hacia el comunismo”.

En esa línea, la antigua La Razón, el 2 de septiembre, enfatizó que los “decretos y hechos que consagran las reivindicaciones obreras han contribuido a empeorar la moneda, depreciándola, y al aumento excesivo del costo de vida”.

El periodista Cornelio Tejada, en La Razón, el 3 de septiembre, condensó esas demandas en una consigna: “Impidamos la tendencia y propaganda bolchevique, e invoquemos como doctrina de progreso evolutivo: el Socialista Nacional Boliviano”.

Zarpazo. Así, a cuatro meses de la creación del Ministerio de Trabajo, la cruzada contra los denominados funcionarios “rojos” llegó a su cenit. Esa tarea se concretó el 16 de septiembre de 1936. Mediante decreto supremo, firmado por el presidente David Toro, se resolvió que “los nacionales que traten de poner en práctica procedimientos comunistas quedan sometidos a la vigilancia policial y a las sanciones legales, como perturbadores del orden público; a los extranjeros se les aplicará la ley de residencia”. 

Al respecto, Álvarez, en su libro Memorias del primer ministro obrero, explicó que ese decreto impulsó “la represión del comunismo desquiciador, extirpando de raíz el mal, evitando que los propagandistas del extremismo rojo vayan minando el orden social y la paz de la nación”.

De ese modo, el 24 de septiembre de 1936 “salieron deportados a Chile José Antonio Arze, Ricardo Anaya, José Aguirre Gainsborg y otros, y el resto fue confinado a Todos Santos, entre los que se contaban Wálter Alvarado, Carlos Mendoza, Durán Boger, Mario Illanes, L. Vilela, Orías” y una lista de cerca de cien personas.

Desenlace. Los liberales buscaron mostrar el exilio como un consenso entre partes. En La Razón, el 24 de septiembre, se aseguró que Álvarez “se entrevistó con Toro (...) y por acuerdo de ambos, los asesores del Ministerio serían invitados a presentar su renuncia, si es que voluntariamente no la formalizan”.

La noticia fue cuestionada por Álvarez, quien afirmó que Ricardo Anaya no fue invitado a que renunciara. La Razón, el 29 de septiembre, insistió en lo publicado, respaldado en un telegrama, donde se habría escrito: “Al presente, elevo renuncia de mi cargo en virtud de reasumir la jefatura de la Izquierda de Cochabamba”.

Luego del exilio, el ministro Álvarez puso a disposición de un congreso obrero su cargo. El 29 de noviembre de 1936 presentó su renuncia y con eso el fantasma del comunismo se alejó del Ministerio de Trabajo.

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