Animal Político

Cambios en la minería y crisis mundial

Mallku Khota y Jindal

La Razón / Alfredo Rada

00:01 / 29 de julio de 2012

Una cantidad sorprendente de ocupaciones de minas, desde hace tres años, muestra que el sector minero se ha convertido en un nuevo eje de tensiones generador de conflictos. Para salir de esta situación se requieren cambios estructurales, comenzando con la aprobación de una nueva Ley Minera acorde a la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional.

En las últimas semanas se han dado algunos avances de contenido nacionalizador en materia minera. Estos logros se materializaron no tanto por el despliegue de iniciativas gubernamentales, sino por presiones sociales o contingencias ante las que el Órgano Ejecutivo tuvo que responder. Me refiero a la reversión de la concesión de exploración minera de la empresa con asiento en Bolivia Mallku Khota y el proceso de resolución por incumplimiento del contrato con la Jindal Steel en el Mutún.

Laguna del Cóndor. Así se traduce Mallku Khota, ubicado entre los municipios de Sacaca y San Pedro de Buena Vista, del norte de Potosí. En ese lugar, la disputa entre comunidades que apoyaban el proyecto minero y otras que se oponían a las tareas de prospección y exploración, sin que antes se realice la consulta con los pueblos indígenas, ocasionó violentas confrontaciones entre pobladores, choques con la policía, toma de rehenes, heridos y un muerto.

Prevaleció la fortaleza de la movilización social, que terminó cohesionando a todas las comunidades originarias que, al quitarle todo respaldo a la empresa Mallku Khota, exigieron su salida para pacificar la zona. El Ministerio de Minería comprometió la reversión de la concesión otorgada en 2006, lo que se traducirá en un decreto supremo próximo a ser aprobado. Esta reversión significa que el yacimiento de plata e indio (un metal escaso que se utiliza en varias aleaciones, en fotoconductores, por ejemplo, en las pantallas de plasma de los televisores, y en la industria nuclear) retorna al control efectivo del Estado, a través de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), para completar las labores de exploración y futura producción.

Lo ocurrido en Mallku Khota puede ser analizado como la expresión práctica del ejercicio de los derechos constitucionales sobre los recursos naturales por parte de las comunidades originarias, pero fundamentalmente por el Estado en representación del pueblo boliviano. La concesión otorgada a la empresa se hizo en aplicación de la antigua Constitución y del viejo Código de Minería aprobado en 1997, en pleno apogeo del neoliberalismo. Estas normas ya no son compatibles con el catálogo de derechos colectivos y las disposiciones sobre recursos naturales de la nueva Constitución, cuyo respeto pedían las comunidades originarias con su movilización. Si alguna lección se desprende de este conflicto es que el sector minero no puede seguir regulado por una norma anacrónica.

Mutún. En 2006, uno de los primeros problemas que tuvo que resolver el gobierno de Evo Morales, fue el intento de la empresa EBX, de propiedad del potentado brasileño Eike Batista, de adueñarse del yacimiento del Mutún. Esta reserva mineral, ubicada en el sudeste de Bolivia, en el departamento de Santa Cruz cerca de la frontera con Brasil, contiene 42 mil millones de toneladas de hierro y 10 mil millones de toneladas de manganeso, lo que lo convierte en el mayor reservorio ferroso del mundo.

Hace seis años la EBX pretendía beneficiarse de un proyecto altamente contaminante y lesivo a los intereses económicos del país, para ello contaba como aliado a un comité cívico regional agresivo e intransigente. El Estado, si bien dueño de la riqueza natural, no tenía posibilidades económicas para afrontar un proyecto siderúrgico de la magnitud del Mutún, pues la Comibol, como resultado de las privatizaciones, era tan sólo una empresa residual sin capacidad operativa.

Los cívicos de la ciudad de Puerto Suárez, en su radicalidad, llegaron a tomar como rehenes a tres ministros, posteriormente liberados por la policía militar. El desenlace del conflicto fue la expulsión de la EBX y la adjudicación en junio de 2006, mediante licitación pública internacional, del proyecto a la empresa india Jindal Steel Power Limited.

Según los términos acordados, el Estado aseguraba su participación en toda la cadena productiva, desde la extracción de la materia prima, pasando por la producción de concentrados de hierro, esponja y acero, hasta la fabricación de barras y laminados, es decir, la industrialización. Para esto se conformó la Empresa Siderúrgica Mutún como entidad pública nacional estratégica.

Pero en los años siguientes, la Jindal no cumplió los compromisos de inversión por lo que se procedió a ejecutar sus boletas de garantía y, ante la manifestación expresa de los indios de irse de Bolivia, se dio inicio al proceso de resolución del contrato.

No es para rasgarse las vestiduras. A diferencia de 2006, hoy Bolivia cuenta con reservas internacionales que se acercan a los 13 mil millones de dólares estadounidenses (52% de nuestro Producto Interno Bruto); de ese total, una parte irá a inversión productiva, según lo dispuesto por la Ley del Fondo para la Revolución Productiva (Fipro).

Hoy el país tiene una Comibol revitalizada que opera en Huanuni, Colquiri, Corocoro, Uyuni y que también puede hacerse cargo del proyecto siderúrgico del Mutún, inicialmente en el 50% del yacimiento —reserva fiscal que no fue licitada— y luego en el restante 50%, sea como emprendimiento exclusivamente estatal o como proyecto con carácter asociativo.

Contexto. Sin embargo, no todo es viento a favor. La crisis del capitalismo, que comenzó afectando a Norteamérica y Europa, se abalanza ahora sobre los países asiáticos y sudamericanos. China (el mayor comprador de materias primas a nivel mundial) ha ingresado en una etapa de desaceleración, que si se prolonga se convertirá en recesión, lo que repercutirá en una caída de los precios de los minerales en el mercado internacional. Brasil y Argentina sienten también los efectos (“coletazos” les llamó la presidenta argentina Cristina Fernández) de esta crisis, con la consiguiente caída de sus ingresos nacionales por exportaciones.

La guerra interna en Siria puede desestabilizar a todo el Oriente Medio y hacer caer el precio mundial del petróleo, que es uno de los parámetros para la fijación del valor de venta del gas boliviano a los mercados brasileño y argentino. Estas amenazas externas nos obligan a acelerar las transformaciones en la minería, con el Estado como principal actor.

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