Animal Político

Canastón de medio año

Ahora la personería jurídica es otorgada  con la firma del Presidente. Al parecer, ésta fue una demanda de la COB, porque algunas organizaciones sindicales de “oposición” no recurrían al Ministerio de Trabajo para obtener su personería, con lo que se estarían gestando organizaciones autónomas a la COB.

La Razón (Edición Impresa) / Rodolfo Eróstegui Torres

00:01 / 17 de mayo de 2015

Generalmente los canastones se los entrega a fin de año. Pero de un tiempo a esta parte, los trabajadores asalariados reciben en el Día del Trabajador su canastón con uno o más decretos que determinan la nueva política salarial. El reciente 1 de mayo el Gobierno entregó tres decretos salariales y uno, que llamo de reorganización institucional, que se refiere a la otorgación de personería jurídica a los sindicatos.

Decretos salariales. En términos cuantitativos, el salario mínimo nacional se incrementa en un 15%. De esta manera el nuevo salario mínimo es de Bs 1.656. Ningún asalariado, incluidas las trabajadoras del hogar, podrán devengar un monto inferior a esa cifra. El salario básico sube en 8,5% para las entidades del sector público. En el ámbito privado, ese monto es la base para que los sindicatos negocien hacia arriba con sus empleadores. Por tanto, el incremento al básico para los trabajadores que no dependen del Estado puede ser superior a ese monto. En los otros dos decretos se determina las características del incremento salarial para los distintos sectores laborales del sector público.

Si bien los incrementos salariales mejoran los ingresos de los trabajadores, en años anteriores la dirigencia sindical rechazó la decisión gubernamental con base en distintos argumentos. Este año la dirigencia aceptó de buena gana la política salarial. No se registró protesta alguna.

Pero lo que es sonrisa entre los asalariados, es mueca de disconformidad entre los empleadores. La discrepancia de los dirigentes empresariales se debe fundamentalmente a dos razones, una política y la otra referida al impacto de la decisión en los costos laborales.

La razón política se refiere a que el Ministerio de Trabajo, en el marco de sus atribuciones, incrementa los salarios sin realizar consultas con las organizaciones de empleadores, tal cual estipula el Convenio 26 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este convenio obliga a realizar consultas a empleadores y trabajadores antes de tomar la decisión del incremento al salario mínimo. Aunque este convenio dice consulta, no negociación.

El impacto que tiene en los costos laborales el incremento del salario mínimo es alto. Si bien ningún trabajador podrá mantener a su familia ganando el salario mínimo, debemos señalar que éste es la base para el cálculo del bono de antigüedad, subsidios y otros beneficios que reciben los asalariados. Por ello, un crecimiento del salario mínimo repercute en los costos laborales y, de este modo, en el costo total de la empresa. Estamos convencidos que el salario mínimo debería ser más alto, pero para que este deseo sea viable se debe desindexar los bonos y los subsidios, lo cual no es fácil; por lo tanto, antes se tiene que negociar entre trabajadores y empleadores.

Por otro lado, el tratamiento que se da a los trabajadores del sector privado es muy distinto respecto al que tienen los empleados en las empresas públicas. Para que el beneficio decretado llegue al trabajador de la empresa pública, los gerentes primero deben cumplir algunos requisitos: a) Demostrar sostenibilidad financiera en su flujo de caja proyectado para al menos tres años; b) haber generado utilidad operativa en la gestión anterior; y, c) el incremento salarial deberá ser financiado con ingresos generados en la operación del giro del negocio; no debiendo implicar ajuste en los precios de los productos o servicios prestados y uso de transferencias por subvenciones, fideicomisos, aportes de capital del Tesoro General de la Nación. De esta manera, los trabajadores que laboran en empresas privadas de baja productividad, como la mayoría de las empresas del país, recibirán su incremento obligatoriamente, mientras que los empleados de las empresas públicas, con tecnologías de punta, puede que no reciban el beneficio establecido para los trabajadores en los decretos.

Reordenamiento institucional. El cuarto decreto que integra el canastón se refiere a las organizaciones sindicales. De un tiempo a esta parte, muchas organizaciones sindicales no recurrían al Ministerio de Trabajo para tramitar su personería jurídica, sino al Ministerio de Autonomías y Descentralización, así como a algunas gobernaciones. Con este decreto, el 2349, lo que se hace es crear una única ventanilla para las organizaciones sindicales. De esta forma, la Dirección General de Asuntos Sindicales se convierte en la institución en la que se tramitan las personerías jurídicas. Desde esa perspectiva, podemos considerar que el decreto cumple la función de “reorganizar” a las instituciones estatales.

Por ello, se deja sin efecto “las personalidades jurídicas de sindicatos, federaciones, confederaciones y centrales obreras, otorgadas por entidades diferentes al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social”. La segunda parte del este decreto es lo que causa polémica, debido a que la personería jurídica es otorgada por una resolución suprema, vale decir, con la firma del Presidente del Estado Plurinacional. 

Al parecer, ésta fue una demanda de la Central Obrera Boliviana (COB), la que se plasmó en un acuerdo con el Gobierno. La motivación para ello es que algunas organizaciones sindicales, llamémoslas de “oposición”, no recurrían al Ministerio de Trabajo para obtener su personería jurídica; de esta manera, se estarían gestando organizaciones autónomas a la COB, lo que abriría la posibilidad de que en un futuro se cree una central nacional paralela a la COB.

Sin embargo, lo que nadie se dio cuenta es que una persona o un grupo de personas, cumpliendo con los requisitos, pueden crear su empresa en dos o tres días. Una vez que contratan a los trabajadores y que éstos tardarían aproximadamente dos años en contar con su personalidad jurídica, durante ese tiempo ese sindicato no puede presentar pliegos ni realizar ninguna gestión. Desde esta perspectiva, los nuevos trabajadores organizados se verían en desventaja frente a sus empleadores.

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