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Carlos Romero: Informe de EEUU, decisión política antes que ciencia

Para el ministro Carlos Romero no toda la coca que es ilegal (que no pasa por los dos mercados legales que hay en el país) va al narcotráfico; hay ciertos circuitos comerciales, dice, que falta estudiar pero que están ahí, dando indicios del enorme potencial del consumo lícito aunque encubierto de la hoja sagrada.

Carlos Romero.

Carlos Romero. Foto: Victor Gutierrez-Archivo.

La Razón (Edición Impresa) / Iván Bustillos Zamorano / La Paz

00:03 / 30 de agosto de 2015

El 17 de agosto, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés: United Nations Office on Drugs and Crime) presentó el informe Monitoreo de Cultivos de Coca 2014; se trata del duodécimo en este tema, pues anualmente lo viene entregando desde 2003. Entre sus principales hallazgos está que entre 2013 y 2014, la extensión de los cultivos de coca ubicados en los Yungas de La Paz, el trópico de Cochabamba y provincias del norte del departamento de La Paz, bajaron en 11%, de 23.000 hectáreas a 20.400; se trata del cuarto año consecutivo en este ritmo descendente, desde 2010.

Al mismo tiempo, el comercio de la hoja de coca subió en 3,4% (esto expresa una tendencia, pues de 2004 a 2014 la comercialización subió en 66,1%, de 11.916 toneladas métricas a 19.797; y si estas 19.797 toneladas son las comercializadas legalmente, y si se toma en cuenta que la producción total estimada en realidad es 33.100 toneladas, se concluye que la coca legal es el 60% del total, siendo 40 lo ilegal, aunque se duda si todo de lo último va al narcotráfico. A los días de salir el informe de la UNODC, el Departamento de Estado de Estados Unidos hizo conocer otro informe en que se destaca que la extensión de los cultivos de coca es de 35.000 hectáreas, nada menos que 14.600 sobre lo cuantificado por UNODC (20.400).   

— ¿Qué impresión le causa la enorme distancia entre el informe de UNODC, que afirma que hay 20.400 hectáreas de cultivos de coca, y el de Estados Unidos, que habla de 35.000 hectáreas, poco más del 70 por ciento por encima?

— No hay que darle ninguna importancia al informe ese de Estados Unidos, por dos razones. Primero, no es un informe oficial siquiera, no es un informe que lo hayan suscrito o que lo hayan asumido; segundo, está fechado en julio de este año. Es información colgada en la página web del Departamento de Estado, pero fechada con más de un mes atrás del informe oficial de UNODC; tercero, UNODC desarrolla procedimientos científicos, expresa una estructura oficial de organización de la comunidad internacional; (el informe de) Estados Unidos en todo caso es la visión de un país cuyo dispositivo de lucha contra el narcotráfico a través de la DEA fue expulsado de Bolivia, acusado de haberse entrometido en asuntos políticos. Es un informe incompleto, tiene muchos errores, no registra datos de los años 2012, 2013; omite los datos de erradicación; no señala sus metodologías, sus procedimientos, sus áreas de estudio; el informe de UNODC es un trabajo que se hace en campo, con GPS, es un trabajo de medición física que contrasta los datos que se captan a partir de las ondas satelitales. Entonces, no hay que caer en la trampa de darle mayor importancia a este documento que sale en la página web del Departamento de Estado, porque es simplemente pretender poner en una balanza un informe oficial, científico, técnico, bien trabajado, por una instancia autorizada, con una versión que ni siquiera ha sido asumida oficialmente.

— Para fines prácticos, ¿tendrá alguna importancia el informe de Estados Unidos?

— No, porque es un informe político, como los muchos que se han emitido en este último tiempo. Todos los años Estados Unidos descertifica a Bolivia en la lucha contra las drogas; y entre los fundamentos de su descertificación se cita inclusive varios avances; o sea, son informes contradictorios, porque toman los datos oficiales, toman los datos de UNODC, reconocen los grandes avances en la erradicación de los cultivos de hoja de coca, la multiplicación de operativos, etcétera, y concluye descertificando a Bolivia, por una razón política. Hay que partir de que esos trabajos responden a una decisión política antes que a un aporte científico.

— En cuanto al informe de UNODC, con cuatro años consecutivos que baja la extensión de cultivos de coca y cuando en noviembre de 2008 se expulsa a la DEA, ¿diría que esto es un resultado directo de la ‘nacionalización’ de la lucha contra el narcotráfico?

— Como resultado positivo. Porque antes la erradicación forzosa era violenta, represiva, con saldos de muertos, heridos, confrontación, con componentes de persecución política; ahora es un proceso concertado, donde hay control social, control comunitario; hay acción comunitaria, movilización de los productores para traducir una gran conciencia nacional de respeto a los límites establecidos. Antes, cuando ingresaba el Estado en el norte de La Paz, por ejemplo, no tenía los medios tecnológicos; ahora se ha ingresado en otras áreas que nunca tuvieron presencia estatal; entonces, es ampliamente positiva la lucha, los resultados de Bolivia y el modelo aplicado a partir de la nacionalización.

— ¿Se acuerda de Larry Memmott (ex encargado de Negocios de EEUU)? Él decía que la nacionalización de la lucha contra el narcotráfico es lo deseable, incluso de interés de EEUU. En la práctica, ¿es consecuente con esto?

— Es un doble discurso, porque en el caso de Colombia, por ejemplo, tiene una injerencia directa, aplican el modelo que ellos consideran el más apropiado, que es el represivo, y los datos nos muestran que en Colombia se ha multiplicado, se ha disparado la superficie de cultivos, el 42% si comparamos el 2014 con el 2013, de acuerdo con datos de la UNODC.

— ¿El gran valor del ‘modelo boliviano’ es la movilización social, el llamado autocontrol social de los cultivos?

— Sí, efectivamente. Porque cuando hay participación, concertación, control social, los mismos dispositivos del Estado son más eficientes; éste recibe colaboración, coordinación, información; por eso hay más operativos, más incautación de sustancias líquidas y sólidas; por eso hay mayor número de aprehendidos y mayor erradicación de cocales excedentes.

— Las fuentes del informe de UNODC son el satélite, trabajo de campo e instituciones gubernamentales. ¿No faltan las organizaciones de productores o no corresponde que estén, por lo técnico?

— Ellos (los productores) no mienten a su registro, y el trabajo de planificación que se hace (para estos estudios) precisamente se basa en los mapeos, en los registros de las propias organizaciones de productores por día; el control social implica que ellos mismos efectúan sus propios censos y aplican sanciones internas para los transgresores, o sea que los transgresores se ven sometidos a dos tipos de normativa, de sanción: la interna comunitaria y la estatal.

— Según el informe, bajó la extensión de cultivos pero subió la coca comercializada. Así, el problema no parece ser tanto que baje el número de hectáreas, sino que los productores o comercializadores destinen la coca más a lo legal que a lo ilegal.

— Nosotros tomamos en cuenta que el estudio de consumo que ha realizado el Ministerio de Gobierno a través de Conaltid, que establece 14.700 hectáreas para el consumo tradicional, y establece más o menos los mercados de captación de este consumo tradicional, hay también coincidencias; o sea, el mayor mercado es Santa Cruz, porque hay mucha migración poblacional, porque se ha disparado la construcción, se han disparado varias actividades económicas en la agricultura y otros rubros que explican que haya un consumo tradicional y que se haya incrementado en este departamento, pero obviamente también en esta región se han ubicado cinco zonas conflictivas que están siendo permanentemente combatidas a través de las acciones de Umopar y la FELCN; entonces, es muy difícil tener una precisión de datos o datos referenciales acerca de los mercados, porque los mercados además son irregulares a propósito del desvío de coca ilegal con fines de narcotráfico.

— Hay una porción, como 12.700 toneladas que no entran al mercado legal; pero parece que no todo se va al narcotráfico, parece que hay un, si vale, ‘mercado negro’ de coca, al que los productores acuden más por temas administrativos o de mejor ganancia, pero no es para el narco.

— Definitivamente, sí. Definitivamente hay muchos circuitos de comercialización para el consumo tradicional, pero también hay que tomar en cuenta que hay una gran cantidad de coca que se destina al mercado argentino, y no solamente al norte argentino, sino a la región pampeana; hay estudios de investigadores argentinos que dan cuenta que la expansión del consumo del acullico de coca en Argentina se ha extendido más allá del norte, inclusive; y esta comercialización en zonas de frontera generalmente no es registrada en los mercados formales.

— Entonces, hay que estudiar mejor la comercialización, para saber dónde está la coca y cuánto realmente hay que cultivar…

— Efectivamente, esa es una tarea permanente, porque si bien tenemos  dos mercados formales, hay otros mercados que si bien muchos de ellos se pueden dirigir al narcotráfico, no necesariamente todos ellos tienen este destino.

— ¿Que el 93% se comercialice en Villa Fátima y el 7% en Sacaba, no está indicando otra vez que mucho de la coca del Chapare es para el narcotráfico?

— Esa es una hipótesis, pero también hay que tomar en cuenta que la mayor erradicación de cultivos de coca opera precisamente en la zona del trópico de Cochabamba y, hablando de las áreas protegidas, en el Parque Carrasco, que es donde más se ha trabajado, en la zona de Yapacaní, donde se están incrementando acciones en estos últimos meses, que muestran también que los mayores esfuerzos estatales de erradicación se asienten en esta zona.

— El estudio es de los Yungas de La Paz, el trópico de Cochabamba y de provincias del norte del departamento de La Paz. ¿No hay un área que está por fuera del estudio? Se habla de regiones en Beni, Santa Cruz. ¿Se tiene alguna estimación de esto?

— En términos de producción de coca, (la misma) está en la franja adyacente al área de amortiguamiento del TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure), hacia el norte, en la parte exterior del parque Isiboro Sécure, ahí es donde tenemos cultivos; luego, en Beni más bien se ha encontrado actividades de producción de cocaína, generalmente en zonas de frontera, como Guayaramerín y Puerto Siles, y trasiego de cocaína, también preferentemente en lugares de frontera.

— La coca incautada; si 12.700 toneladas es lo ilegal, lo incautado en 582, o sea el 4,6%; de todos modos es bajo.

— Reitero que no es un parámetro de mucha certeza el volumen, porque el volumen consumido no necesariamente coincide con el volumen comercializado; entonces, todavía habría que cruzar más variables para tener precisión en este aspecto.

— Pero lo de la incautación hay que mejorar, digamos.

— Seguramente, hay que ejercer mayor presión en algunas zonas de comercialización, de circuitos ilegales o de mercados irregulares, porque éstos suelen bifurcarse respecto de las zonas tradicionales donde se ejerce ese control.

Perfil

Nombre: Carlos Gustavo Romero Bonifaz

Nació: 23-08-1966

Profesión: Abogado

Cargo: Ministro de Gobierno

Vida

Entre 1995 y 2000 fue responsable del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS-Trinidad). Entre 2006 y 2008 fue asambleísta constituyente de Santa Cruz por el Movimiento Al Socialismo. Hoy senador del Estado, es la segunda vez que ejerce como Ministro de Gobierno; ya fue ministro de Desarrollo Rural, de Autonomías y de la Presidencia. 

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