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Chile creó un ‘clima’ de tensión para justificar una invasión a Bolivia y Perú

Uno tras otro, Chile dio una serie de pasos —armamentismo, diplomacia amenazante, ofrecimientos desleales, espionaje— todos los cuales se dirigían a un mismo camino: obtener por la fuerza la supremacía en el océano Pacífico.

La Razón (Edición Impresa) / Ricardo Aguilar Agramont / La Paz

00:07 / 15 de marzo de 2015

El mito llevado al extremo de la historia oficial chilena de la Guerra del Pacífico es que ese país se defendió de Bolivia y Perú. El punto medio, aunque también mitológico, de la versión chilena es que el vecino reaccionó violentamente por el impuesto o gravamen boliviano de 10 centavos al quintal de salitre que extraía la Empresa de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, de capitales ingleses y chilenos. La historia lo desmiente, en el sentido en que Chile venía preparando una guerra contra Bolivia y Perú, generando un clima propicio para ésta con anterioridad al referido impuesto al salitre.

Chile buscó el incidente, cualquiera que fuese, que detone su plan inspirado en la doctrina de su expresidente Diego Portales de establecer una supremacía en el Pacífico, bajo la creencia de que sus características geográficas le imponían solo dos alternativas: expandirse o desaparecer. A continuación, se hace una revisión histórica de cómo la política de Chile en el siglo XIX fue la de crear una que se puede llamar ‘temperatura de guerra’.

SÍNTOMAS. Una muestra de que Chile preparaba la temperatura adecuada para la guerra puede ser el modo en que encaró sus relaciones bilaterales. Así, por ejemplo, cuando Lima (Perú) quería firmar con Santiago un tratado de amistad, comercio y navegación, además de uno de extradición, en 1877, Chile guardó silencio, según recuerda el historiador y geógrafo peruano Mariano Paz Soldán en su libro Narración histórica de la guerra de Chile contra el Perú y Bolivia (Tomo I), publicado inmediatamente después de la guerra, en 1884.

Perú elevó esos documentos a rango de ley inmediatamente, el 15 de febrero de 1877. Chile, en cambio, dijo que su Congreso no tenía tiempo y solo se manifestó 17 meses después, pidiendo modificaciones, todas las cuales fueron admitidas por el Perú y ratificadas por su Congreso a mediados de 1878. Chile volvió a callar. Paz Soldán atribuye este silencio al artículo 17 del tratado, según el cual en caso de una desavenencia, de no arribarse a un acuerdo, el tema sería sometido a un arbitraje por una tercera potencia, antes de un rompimiento definitivo.

Pero la doctrina de Portales había echado raíces en la política de Estado chilena incluso antes. Esta política de expansión ya se veía en 1866, cuando Perú, Bolivia y Chile eran aliados contra los ataques de España a cargo del  vicealmirante Luis Hernández-Pinzón. En 1866, cuando la fuerza naval peruana vengaba el bombardeo español de Valparaíso, con la victoria llamada luego “Dos de Mayo”, Chile ofrecía a Bolivia armas y dinero para que el país invada Perú y ceda su departamento del Litoral a Chile.

ARMAMENTISMO. En 1866 —registra Paz Soldán— la alianza seguía viva y la guerra contra España continuaba en derecho, si bien las hostilidades fueron suspendidas de hecho. El tratado de esta alianza de tres países estipulaba que no se podía entrar en conversaciones con el enemigo español sino consultando a los otros dos firmantes; no obstante, Chile celebró un pacto secreto con España en Londres para que se le permita sacar dos corbetas de Inglaterra: el Chabuco y el O’Higgins a cambio de que España saque a su vez sus dos blindados: el Victoria y el Arapiles. Chile hizo esto a espaldas de sus dos aliados.

Algo similar sucedió a fines este año, cuando Chile intentó comprar a Estados Unidos un vapor blindado, el Idaho (luego Dunderberg); una vez más actuó ocultándolo a sus aliados. Por no haber sido lo suficientemente discreto, su embajador en Washington fue destituido, señala el historiador.

En 1871, Chile ya tenía firmada la paz con España, empero, vio por conveniente comprar dos buques blindados: el Cochrane y el Blanco Encalada (que luego serán fundamentales para la ocupación chilena del territorio boliviano).

No contento con los dos buques de guerra, Chile emprendió en 1873, la construcción de la cañonera Magallanes y el transporte Tolten, amén de embarcaciones menores y el fortalecimiento de su batallón de artillería. Hay que resaltar que para el siglo XIX, ese armamento adquirido era de una potencia que ni Perú ni Bolivia podían contrarrestar.   Mientras Chile se armaba, renovó sus exigencias con Bolivia sobre cuestiones emergentes del Tratado de 1874. Al llegar sus acorazados a Valparaíso, el tono de sus diplomáticos pasó de la ofensa a la amenaza.

CONFABULACIONES. Otro modo en que Chile fue tentando su expansión había sido mediante ofrecimientos de protección y cooperación a personajes bolivianos, a quienes apoyaba en sus expediciones revolucionarias a cambio de beneficios en caso de que las revueltas tengan éxito. Esto es lo que el escritor chileno José Miguel Concha llama la “política boliviana” de Chile en su estudio Iniciativas chilenas para una alianza estratégica con Bolivia (1879-1899).

Así, en 1872 llegó Quintín Quevedo a Chile. Enrique Vidaurre, en su libro El presidente Daza, relata que Federico Errázuriz (presidente de Chile), en 1875, propuso a Quevedo apoyo y disimulo en su aventura desestabilizadora a cambio de parte del Litoral boliviano además de ayudarle, “con todo el poder de Chile, en la adquisición del litoral de Arica e Iquique”. Esta misma proposición ya se hizo nueve años antes a Melgarejo.

Pero si Chile acogió y tentó al boliviano Quevedo, un año antes, en 1874, hizo lo propio con el peruano Nicolás de Piérola (luego presidente del Perú), acusa el texto de Paz Soldán a esta figura política que incluso da el nombre a la avenida principal de Lima. Piérola, apunta el historiador peruano, fue armado por Chile y alentado por su prensa a un segundo intento de revolución. “La prensa y el gobierno de Prado (presidente del Perú) callaron; porque no querían provocar cuestiones, sabiendo que Chile estaba armado y que solo buscaba un pretexto”, escribe Paz Soldán.

TRATADO. Otro argumento que utilizó Chile para la agresión fue el tratado defensivo firmado entre Bolivia y Perú en 1873, en vistas a las señales de beligerancia chilena. El espionaje del país transandino tuvo conocimiento de este pacto casi inmediatamente de haber sido firmado, así como lo supo el resto de las naciones vecinas; sin embargo, era una alianza estrictamente defensiva. “Si en la letra o en el espíritu del tratado de 1873 hubiese algo ofensivo al honor, o contrario a los intereses de las repúblicas vecinas, (...) el Brasil, Colombia, el Ecuador o la (...) Argentina, como naciones circunvecinas de las aliadas (Perú y Bolivia), habrían manifestado sus quejas, exigiendo explicaciones y seguridades”, escribe Paz Soldán. Este razonamiento da por el piso con el mito de que Chile vio en el ataque su modo de defenderse; además, fuera del tratado, la alianza peruano-boliviana no tenía ni remotamente ningún preparativo bélico real, como lo prueba el estado precario de ambos ejércitos incluso meses después de la invasión chilena.

DIPLOMACIA. Otro modo con que Chile preparó un clima de beligerancia fue mediante sus agentes diplomáticos, tanto en Perú como en Bolivia. Recuérdese el silencio chileno ante el tratado de amistad con Perú, que le iba a dar beneficio comercial. El caso más emblemático se da en Lima, a través del embajador de Chile en esa ciudad, Joaquín Godoy. En 1873, registra Paz Soldán, este diplomático escribe una serie de oficios ofensivos y amenazantes en respuesta a una supuesta uniformización del impuesto al salitre junto con Bolivia. Esa información era del todo falsa, explicó Perú, pero su conducta se mantuvo en la amenaza.

Con anterioridad al impuesto ratificado en 1878, “el gobierno del Mapocho fue preparando el ambiente necesario para aprovechar la primera causa o motivo según su criterio, por pequeñas que fueren para llevar a cabo la invasión del territorio nacional” (Sic), escribe Vidaurre. En este sentido daba instrucciones a sus agentes diplomáticos residentes en Antofagasta.

Este autor relata que a fines de 1877 el cónsul de Chile en Antofagasta, Salvador Reyes, comenzó a obstaculizar las funciones de las autoridades bolivianas en esa localidad haciendo causa común con el gerente de la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, el inglés Hicks, quien se negaba a pagar una obligación económica impuesta por la municipalidad en base al 3% de renta de cada propiedad, para el mejoramiento del alumbrado público. Es decir, que Bolivia cedía al inglés la explotación de minerales gratuitamente y la compañía no creía que debía devolver a la comunidad su cuota para el alumbrado público…

El prefecto boliviano, coronel Severino Zapata, “no podía consentir como legal el derecho de extraterritorialidad que pretendía asumir el cónsul chileno en favor de Hicks”.

Este asunto meramente local fue sobredimensionado por Chile y llevado a una esfera de conflicto internacional. Reyes llevó su queja al embajador chileno en La Paz, Pedro N. Videla. Éste le contesta mediante un telegrama: este impuesto “en su forma extensa era perfectamente legal, lamento que Ud. Haya tomado intervención oficial”.

Reyes, molesto por la respuesta, decidió dirigirse directamente al ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alejandro Fierro, que el 25 de octubre de 1877 le contesta favorablemente y se refiere al impuesto como: “atropellos que la Municipalidad está cometiendo con los que resisten el pago de dicho impuesto”. Sobre un hecho menor y local se da incluso una manifestación del jefe de la diplomacia chilena, en lo que puede leerse una orientación del gobierno a la creación de un clima de conflictividad.

En Bolivia, como en Perú, el roce diplomático también tuvo que ver con el salitre. Recapitulando brevemente el origen, hay que recordar que el gobierno de Mariano Melgarejo, en 1868, concedió a la empresa inglesa Milbourne Clarke —luego Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta— extensos territorios en Antofagasta para la extracción de salitre. A la caída de Melgarejo, se declaró ilegal todo lo hecho por éste; no obstante, en noviembre de 1872 una ley autorizó un arreglo para que dicha compañía continúe con la explotación, pero pague 10 centavos por cada quintal de salitre. Esto se ratifica con la ley del 14 de febrero de 1878, aún cuando la empresa inglesa-chilena no tenía derechos, si se considera que se había revocado todo lo dictado por Melgarejo.

Este impuesto, que nunca pasó de una intención, es enarbolado por Chile para crear la tensión desde su diplomacia (además, hay que recordar que una vez que Santiago ganó la guerra, cobró un impuesto de 1,5 pesos al quintal de salitre, lo que no impidió a los salitreros chilenos e ingleses hacerse ricos de todos modos).

En noviembre de 1878, el embajador chileno en La Paz rechazó el gravamen con una nota que hace que se suspenda: “la negativa del gobierno de Bolivia a una exigencia tan justa como demostrada, colocaría al gobierno de Chile en el caso de declarar nulo el tratado de límites que lo ligaba a ese país y a las consecuencias de esa declaración”. Chile toma como pretexto el impuesto para romper un pacto de límites y “sus consecuencias”, es decir la paz.

El tratado de la concesión daba la posibilidad a un arbitraje, que es aceptado por Chile a condición de que se suspenda la medida de la controversia. Ya en enero de 1879, a un mes de la guerra, Bolivia acepta la condición chilena para que se inicie un proceso de arbitraje; sin embargo, el buque blindado Blanco Encalada se mece amenazante frente a la costa de Antofagasta.

El prefecto Zapata ordenó, el 8 de enero, la detención de Hicks y el embargo de su empresa para que se cumpla el impuesto. El inglés logró huir refugiándose en el Blanco Encalada con la ayuda de Reyes. “Los hilos que manejan la actitud del cónsul chileno se hallan movidos por la mano del propio ministro de Relaciones Exteriores de Santiago, Alejandro Fierro”, acusa Vidaurre.

Días antes, Bolivia pidió explicaciones por la presencia de la nave de guerra y Chile dijo de manera falaz que la presencia del Blanco Encalada no tenía “el significado, ni el objeto que el gobierno de Bolivia le atri-buía”. Confiado en esto, el 1 de febrero Bolivia rescindió el contrato con la Empresa de Salitres... Si Chile consideraba que el impuesto era razón suficiente para una guerra, la rescisión era aún peor.

FUNCIONARIOS. Los empleados diplomáticos chilenos hicieron las veces de espías con anterioridad a la guerra. Pero, estos actos se intensifican en la víspera de la invasión. Por ejemplo, según el libro de Vidaurre, el 31 de enero, Nicanor Zenteno escribe a Enrique Villegas (diplomático de Chile en Calama uno y en Mineral de Caracoles el otro) un mensaje cifrado: “Por el puesto oficial que desempeño de observar vigilantemente la actitud, medidas y movimientos del gobierno y autoridades bolivianas, que pueden en cualquier manera afectar el desarrollo posterior de los sucesos…”. Luego, “la reserva que exige esta clase de vigilancia por doble motivo de su propia delicadeza y del mal efecto que produciría su transparencia en caso de que la cuestión tomase un giro amigable, me ha hecho dirigirme a usted como la persona cuya discreción, celo e inteligencia me inspiran entera confianza, a fin de que usted me tenga al corriente de todo suceso que afecte el estado de cosas que dejo indicado, y principalmente sobre la aproximación o movimiento de tropas de línea que pudieran venir por el camino de Potosí”.

El 6 de febrero, a ocho días de la invasión, Villegas respondió: “Recibo su telegrama cifrado (…) la noticia que usted me dice que ha tenido de que vienen en camino para este mineral 300 hombres de tropa, carece de toda verdad. (...) A mi juicio no hay nada que temer en este lado”. “En Calama y Atacama sé con toda seguridad que solo hay 10 buenos rifles en cada una de las poblaciones. Como usted ve, tal cantidad de armas no merece la pena de tomarse en cuenta, ni menos tenerle recelo alguno en un caso dado”.

Meses antes, Chile promovió y financió el traslado de desocupados chilenos al Litoral boliviano para que éstos formen una “quinta columna” el momento de su ataque. Uno tras otro, Chile dio una serie de pasos —armamentismo, diplomacia amenazante, ofrecimientos desleales, espionaje— todos los cuales se dirigían a un mismo camino: obtener por la fuerza la supremacía en el océano Pacífico.

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