Animal Político

Chile viola una norma Mercosur, además de cinco interamericanas

La CIDH y la SIP coinciden en que no debe haber obstáculos para el ejercicio periodístico transfronterizo en países donde se ratificaron acuerdos, protocolos y declaraciones internacionales.

La Razón (Edición Impresa) / Elisa Medrano Cruz es periodista

00:00 / 09 de abril de 2017

El obstaculizar o restringir tanto el ingreso como el trabajo de periodistas bolivianos en su territorio, Chile no solo contraviene cinco normas interamericanas que garantizan el derecho de buscar, recibir y difundir información e ideas sin limitación de fronteras, sino que incumple acuerdos de libre tránsito establecidos en el Mercado Común del Sur (Mercosur), del cual es miembro asociado.

Así ocurrió en las últimas semanas con dos grupos de periodistas bolivianos que fueron retenidos e interrogados en aeropuertos de la nación vecina, obligados a firmar compromisos de no ejercicio de su labor periodística. La acción llegó incluso a la expulsión de uno de ellos.

El viernes 24, dos profesionales de la estatal Bolivia Tv fueron retenidos en el aeropuerto de Iquique. Luego de interrogarlos, se dejó entrar a la periodista, pero solo tras firmar un documento de visitar el país como turista, mientras que el camarógrafo directamente fue echado. El martes 28, una comitiva de nueve periodistas invitados por la aerolínea Latam fue retenida en el aeropuerto de Santiago. José Pomacusi, uno de ellos, denunció en su cuenta de Twitter: “Nos hicieron comprometernos a no afectar la seguridad exterior, ni interna, soberanía, ni orden público”.

Este accionar, según la ministra de Comunicación, Gisela López, se sustenta en una norma chilena que viene de la época de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1988), que no guarda relación con el sistema global de derechos humanos.

Por su parte, la directora general de Migración, Cosset Estenssoro, afirma que como esa disposición legal (Ley de Extranjería 1094 de 1975) data de la época dictatorial, la misma no se enmarca en las normas internacionales, ni con las del Mercosur, del que Chile es socio y Bolivia miembro pleno en proceso de ratificación. Por esto, ella tiene conocimiento, dijo, de que las autoridades del vecino país elaboran otra norma migratoria acorde al actual contexto.

MERCOSUR. Estenssoro precisa que Chile vulnera la Decisión N° 10 del Mercosur, que regula la permanencia de ciudadanos de los Estados parte [Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela (suspendido) y Bolivia (en proceso de ratificación)] y asociados [Chile, Ecuador, Perú, Colombia, Guyana, Surinam] durante 90 días y permite su ingreso por motivo de turismo-visita. Según la autoridad, el trabajo periodístico y de otros profesionales se enmarca en la referida disposición.

Por ello, enfatiza, Bolivia no pide a los Estados parte y asociados ninguna visa y los ciudadanos pueden entrar al país como visitantes y desarrollar su actividad sin restricción, sean éstos periodistas u otro tipo de profesionales siempre que no reciban remuneración en el Estado.

“Si Bolivia, Uruguay, Venezuela o Perú no exigen una visa específica a ciudadanos del Mercosur para que realicen una labor periodística, pues Chile, por reciprocidad, no debería hacerlo tampoco; menos aplicar un trato bajo la presunción de culpabilidad, eso sí es cuestionable, estás presumiendo que la persona va a realizar un acto inadecuado en su territorio, le estás haciendo declarar que no lo haga; no se está actuando bajo la presunción de inocencia, lo cual es realmente cuestionable”, apunta.

El principio de reciprocidad para el libre tránsito se aplica también con los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), Perú, Ecuador y Colombia.

Estenssoro asegura que la norma boliviana, la Ley de Migración 370, respeta y hace prevalecer los preceptos constitucionales y normas internacionales referidas a la libertad de expresión. “Nosotros admitimos, como visitantes, a periodistas y a otros profesionales que no están siendo remunerados en territorio boliviano; eso es lo que establece el estándar internacional, y no le emitimos ninguna visa específica, ni por trabajo transitorio ni temporal para que ejerzan su labor”, enfatiza.

Estenssoro precisa que los países que integran ambos bloques regionales (además de México y otros de Centroamérica y Europa oriental) están contemplados en el Grupo 1 de la Ley de Migración boliviana. “A ellos se les exige simplemente que hagan el control migratorio declarando la actividad que van a realizar en Bolivia; no se les exige ninguna declaración de que su comportamiento va a ser adecuado o no, eso ya está establecido en las leyes y actuamos en el  marco de la buena fe, no dentro de la prerrogativa de pensar que la persona va a actuar mal”.

Le da la razón el trabajo en Bolivia de un equipo de periodistas del programa Reportajes T13 del canal Teletrece de Chile. Un equipo de ese medio, encabezado por el periodista Jorge Sanz, elaboró un reportaje en febrero sobre cómo operan las “mafias” del contrabando y transporte de drogas. (Ver nota final)

Pero no es el único caso. Al conmemorarse el Día del Mar, el 23 de marzo, profesionales de la comunicación chilenos arribaron al país sin mayor complicación y realizaron la cobertura de los actos oficiales. Adicionalmente, un equipo de TVN Chile que estuvo en La Paz y Santa Cruz elaboró un reportaje sobre chilenos que viven en Bolivia y el trato que reciben (el material se puede ver en su sitio de Facebook).

Ahora, la actuación de las autoridades chilenas además va en contrasentido de convenios, protocolos y declaraciones de organismos internacionales que respaldan al periodismo transfronterizo. Es el mismo caso de Venezuela, según la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP), donde en los últimos meses fueron expulsados 17 periodistas extranjeros, tras que fueran impedidos de ingresar a ese país para la cobertura de hechos coyunturales.

“Son trabas (al ejercicio periodístico) condenadas por la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, señala a Animal Político Ricardo Trotti, director ejecutivo de la SIP respecto a lo acontecido.

Y recuerda lo establecido en el artículo 19 de la citada norma internacional: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

CIDH. Pero no es el único instrumento jurídico que ampara al trabajo periodístico transfronterizo, explica a este suplemento Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien menciona además la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo13), la Carta Democrática Interamericana (artículo 4) y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (artículo 19). A éstos se suma la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la misma CIDH.

Lanza asegura que ese marco normativo fue ratificado y que rige en todos los países de la región. “Todos estos instrumentos, obviamente, establecen como libertad fundamental la libertad de expresión, y la caracterizan como el derecho universal a recibir y difundir información para todas las personas, por cualquier medio y sin distinción de fronteras”.

De esa normativa, precisa que el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “es el instrumento más generoso, que más protege el ejercicio de la libertad de expresión sin restricciones, sin censura previa, con un régimen de responsabilidad ulterior, muy claro y muy definido, si lo comparamos con otros instrumentos como la Convención Europea de Derechos Humanos”. El citado precepto dice: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

Ese es el marco jurídico global sobre la libertad de expresión y, por consiguiente, del derecho a recibir y difundir información. Y, de acuerdo con la norma internacional, éstos deben ser garantizados por los países firmantes. Y Chile es uno de ellos.

“Este es el marco jurídico que hay que aplicar y en ese sentido los Estados no deberían aplicar restricciones innecesarias y desproporcionadas para el ejercicio de la libertad de expresión y esto incluye, por supuesto, estar abiertos al escrutinio de periodistas internacionales o de periodistas que concurren y viajan entre distintos países para realizar su trabajo”, enfatiza Lanza.

Para el Relator, basta que los países hayan ratificado esos convenios, protocolos y declaraciones para que se apliquen en los mismos, por lo que no es necesario que haya una legislación específica ni en la región ni en esas naciones para que se ejerza el periodismo, o que un Estado, un colegio, un organismo público o privado pidan una autorización especial para que se desarrolle esa labor.

“Cuando los periodistas desarrollan su profesión, su investigación, cuando buscan información para publicar, están ejerciendo en ese mismo hecho, en ese mismo acto, la libertad de expresión y, por lo tanto, y como es un derecho universal de todas las personas, no podría haber una categoría especial para realizar esa actividad”, sostiene el Relator de la CIDH.

Trotti complementa que las legislaciones de los países o Estados que ratificaron esa normativa no debe contraponerse a ese cuerpo legal, por lo que, en su criterio, “la Declaración Universal o los derechos que garantiza deben prevalecer o ser de igual valor que lo que expresan sus constituciones. De ahí que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o la Carta Democrática, o los principios a la libertad de expresión de la CIDH remarcan el valor de buscar y distribuir información sin limitaciones de ningún tipo”.

Lanza considera que si bien los Estados pueden invocar intereses de seguridad nacional para establecer ciertos requisitos como la obtención de una acreditación determinada y muy puntual, ese tipo de condicionamientos deben ser excepcionales e idóneos, necesarios y proporcionales para lograr ese fin de seguridad nacional que se invoca.

Recuerda que incluso en situación de conflicto y guerra, los periodistas son considerados observadores civiles independientes y merecedores de una protección a su vida e integridad para desarrollar su trabajo.

Tampoco ve necesaria una legislación al interior de los países de la región, pues ya las mismas constituciones políticas garantizan la libertad de expresión sin censura previa y sin restricciones, y en ese marco los instrumentos jurídicos internacionales firmados por los países de la región “son claros y contundentes”.

“Los Estados frente a los instrumentos que firman y que han ratificado tienen la obligación de facilitar el ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo, y esto implica permitir el acceso a la noticia. Obviamente ahí es una obligación de no interferir y también tienen las obligaciones positivas de facilitar y cualquier acreditación y elemento tiene que ser para un asunto específico particular, necesario y proporcional, claro, transparente”, manifiesta Lanza.

Trotti, de la SIP, complementa que en ningún país hay leyes que impidan el ingreso de periodistas. Y considera que lo que ocurre en Chile o en Venezuela responde a la coyuntura política. “Se trata meramente de cuestiones políticas. De conveniencias de los gobiernos, a los cuales no se les llama la atención por violar la Declaración Universal”, dice.

POLÍTICA. Sobre el accionar del Gobierno venezolano contra periodistas extranjeros, Trotti afirma que ello se debe a que éste “aplica nuevas reglas cuando se le da la gana”. Cuestionó también el accionar del presidente Evo Morales cuando, en mayo de 2015, tildó de “agentes de inteligencia” a tres periodistas de la Televisión Nacional de Chile y del Canal 13.

“Es costumbre que a los periodistas críticos del extranjero se les diga que están conspirando y esa es la excusa que se utiliza para aplicar algún tipo de sanción o castigo que no es otra cosa que censura previa”, dice.

Excepcional. Si bien la CIDH, afirma Lanza, tiene conocimiento de que se dan casos de obstaculización a la labor periodística, como en Venezuela y Chile, éstos son contados y no por ellos se puede generalizar que existe impedimento al ejercicio periodístico a través de las fronteras en América Latina y El Caribe. “No lo pondría como común denominador de la región, sino como una situación grave, preocupante y condenable”, sostiene.

Sobre el caso venezolano, manifiesta que hay una situación “extremadamente compleja” donde, asegura, no se respeta el Estado de Derecho ni el democrático.

Recuerda que el 28 de marzo, 20 países de la Organización de Estados Americanos (OEA) llamaron al Gobierno venezolano a restablecer las garantías democráticas, los procesos electorales y a liberar presos por situaciones de opinión o de presiones políticas.

“La Relatoría Especial ha señalado en los últimos años que hay un deterioro constante (en Venezuela), con apartamientos graves y abiertos de los estándares internacionales sobre libertad de expresión, censura, bajada de contenidos, represión de la protesta, criminalización, estigmatización de periodistas nacionales y extranjeros. Sobre lo último, uno de esos elementos es el impedir que periodistas extranjeros cubran la crisis económica, social y política”, afirmó.

Equipo de prensa de Chile llegó hasta Uncía

En febrero de este año, por los días en que se celebraba el Carnaval, un equipo de periodistas del programa Reportajes T13 del canal Teletrece de Chile, encabezado por el periodista Jorge Sanz, elaboró un reportaje sobre cómo operan las “mafias” dedicadas a actividades de contrabando y transporte de drogas.

Y en ese fin llegaron hasta Uncía (Potosí) a bordo de su propio motorizado.

“Durante siete días conocimos cómo operan las mafias que contrabandean con pasmosa facilidad drogas, cigarros y autos robados”, relata Sanz al presentar su reportaje titulado La frontera del caos, que dura unos 20 minutos.

En el mismo muestra el trabajo que desarrolla el Escuadrón Fronterizo Antinarcóticos, creado hace un año por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), el cual está dotado de equipo de alta tecnología para dar con “burreros” que trasladan la droga a pie por la extensa frontera.

De allí, el equipo se trasladó a Cariquima, distante 25 kilómetros de la frontera. Su próxima parada, según las imágenes, fue Colchane, uno de los pasos fronterizos entre las dos naciones.

Su recorrido continuó hasta Challapata (Bolivia), donde verificó que éste ya no es un centro de distribución de vehículos indocumentados, una actividad que, según corrobora el periodista, migró a Uncía (Potosí). El equipo de Teletrece llegó hasta esta población donde constató, con cámaras escondidas, la venta de motorizados indocumentados.

De retorno, el equipo de prensa chileno se fue a Sabaya (Oruro), donde se festejaba el Carnaval. Ya en la frontera, el equipo documentó el cruce a pie de la línea limítrofe hacia Colchane, sin ningún tipo de control. Su parada final fue Iquique.

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