Animal Político

Ciudadanía y participación en las redes

Las redes sociales no nacieron como un mecanismo de participación ciudadana, sino que fueron las mismas personas quienes la han convertido en tales, obedeciendo al concepto de cooperación como ciudadanos las han constituido en canales de transmisión.

La Razón (Edición Impresa) / Alejandro Balcázar Montalvo cientista político, director ejecutivo de la Fundación Gobierno Abierto Bolivia

00:00 / 23 de abril de 2017

La inmediatez de las redes sociales y la comunicación directa que éstas permiten han hecho que cada día se incremente su valor como mecanismo de participación ciudadana y control social: un papel que por muchos años estuvo en manos de los medios tradicionales, como centros de poder y cambio social.

Entendiendo el involucramiento de las personas como un concepto ligado a las prácticas democráticas, los individuos buscan diversas formas o aprovechan las ya existentes para ser parte de la toma de decisiones políticas que atañen a toda la comunidad. En este sentido, estas plataformas han aparecido para cambiar el escenario en el que antes se discutían las acciones que son objeto de control social y en el que no todos los ciudadanos se sentían incluidos.

Pero, el interesante origen sobre este papel que ahora juegan las redes es que las mismas no nacieron como un mecanismo de participación ciudadana, sino que fueron las mismas personas quienes la han convertido en tales; obedeciendo al concepto de cooperación como ciudadanos las han constituido en canales de transmisión, atendiendo la necesidad de hacer oír sus opiniones y generar cambios con base en sus reclamos y necesidades.

Relacionado con la anterior se considera que las redes cumplen con su rol como mecanismos de participación ciudadana y control social cuando los ciudadanos se organizan para trabajar en conjunto y entablar un diálogo, que precisamente da pie para aportar puntos de vista y soluciones, a la vez que funcionan como contrapeso en la organización del poder que, por lo general, se concentra en manos de los gobernantes.

Con el advenimiento de las redes sociales como mecanismo de control social, los usuarios dejaron de ser simples receptores de contenidos para convertirse en creadores de los mismos, aprovechando de otras herramientas intrínsecas como los foros de discusión, weblogs, que no limitan en ningún sentido el contenido que éstos quieran expresar, y alientan a otros miembros de la sociedad a querer ser cada vez más participativos y responsables de los cambios que suceden en su entorno.

Control de las redes, una nefasta iniciativa. Las redes sociales y la forma en la que nos comunicamos y relacionamos en la internet nace completamente libre y esta libertad de expresión la autorregula en las propias plataformas: las llamadas “normas comunitarias” en las que se detallan los procesos internos que cada empresa, sea ésta Facebook, Twitter, Instagram, entre otras, proporciona para de denunciar una mala práctica de la comunidad virtual.

Estos mecanismos tienen niveles de censura ante temas como discriminación, xenofobia, homofobia o cualquier situación de discriminación y maltrato, sancionándose al usuario infractor con la eliminación tras una advertencia del contenido abusivo, y si fuera recurrente la sanción final será la eliminación de los perfiles en la red.

Un fenómeno que también se da en las redes sociales es la autorregulación por parte de los usuarios y ésta, desde mi punto de vista, es la que mejor funciona al hablar de un espacio 2.0 en donde los participantes tienen la posibilidad de retroalimentar, validar y cuestionar un contenido; en ese sentido, un comentario malintencionado será puesto en cuestión y evidencia bajo argumentos por otros usuarios de la comunidad.

Como se puede apreciar, entonces no son necesarias las intervenciones gubernamentales de manera directa para regular las redes ni los contenidos cargados por los usuarios; lo único que haría una práctica tan dañina como ésta es comenzar una cacería de brujas y desvirtuar por completo la esencia de las redes sociales que es la participación, interacción y comunicación en libertad.

Limitar la libertad de expresión en estos espacios es un extremo al que no se debe llegar sobre todo si vemos con qué desventaja se corre desde el lado de la vereda de la ciudadanía que quiere fungir como control social, y para muestra un botón.

Redes, oficialismo, oposición y ciudadanía en desigualdad. La reciente Dirección General de Redes Sociales fue creada mediante el Decreto Supremo 2731 del 14 de abril de 2016 y es dependiente del Viceministerio de Gestión Comunicacional del Ministerio de Comunicación. Su objeto, según el mismo decreto, es:

“Desarrollar estrategias de difusión, consulta e interacción del gobierno del Estado con las cibercomunidades, mejorar las plataformas de información y comunicación de la gestión del Estado mediante la utilización de las redes sociales y promover la utilización de las redes sociales con la sociedad civil”

Esta repartición estatal cuenta con 30 expertos en el área y un presupuesto inicial de cinco millones de bolivianos. Este no es el único caso, si revisamos el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), espacio en que se cuelgan los contratos de entidades públicas, podemos ver que varias empresas estatales, reparticiones y ministerios tienen sendos presupuestos para activar la participación estatal en las redes, sugiero en todo caso que el Gobierno debiera comenzar por regular su inversión en las redes sociales y que ésta sea para informar y no así para erguir la figura de un caudillo y/o para perseguir opiniones disidentes.

Gobernabilidad y Gobierno abierto, una salida. Las redes sociales, páginas web y teléfonos inteligentes llegaron a nuestras vidas para darle inmediatez a muchas cosas, entre ellas, a la comunicación entre ciudadanos y  gobierno de sus países.

Esta tendencia cada vez más cautivante lleva por nombre “Gobierno abierto” y es una forma de interacción permanente entre la administración pública y sus ciudadanos, esto con la búsqueda de mejores resultados en sus gestiones.

Las plataformas tecnológicas son sinónimo de la desaparición de jerarquías para dar paso a una “administración abierta” que se denomina “web social”. Ésta permite un espacio multidireccional y multidimensional, en donde la ciudadanía puede hablar directamente con el Gobierno y hacerle sus respectivas solicitudes.

Entonces ¿por qué no rotar a un nuevo paradigma? y usar la tecnología para fortalecer la gobernanza como por ejemplo el caso del municipio de Jun, un territorio autónomo español de 3.500 habitantes conocido por aplicar las nuevas tecnologías, como referente en el uso de la red social para la prestación de servicios públicos e interacción entre el gobierno local y los ciudadanos, que recibió premios y reconocimientos en el ámbito internacional y no necesitó grandes presupuestos públicos para lograrlo.

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