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Un Código que busca innovar los procesos

El nuevo Código Civil introduce el sistema oral como base para el desarrollo del proceso, sin descuidar la escritura en actos y etapas, en razón de constituir una garantía de certeza del derecho.

La Razón (Edición Impresa) / César Villarroel

00:01 / 01 de diciembre de 2013

El 25 de abril de 2010 se llevó a cabo la primera reunión del sector Justicia en la ciudad de Sucre, a la cual asistieron autoridades de los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial, del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público, en el marco de la disposición transitoria tercera de la Ley del Órgano Judicial (la cual establece el plazo de dos años para la transición de los distintos códigos que deben ser modificados y adecuados a esa ley), con el fin de empezar un trabajo conjunto y coordinado para la construcción de la nueva normativa procesal. En esta reunión se consensuaron las normas judiciales a ser priorizadas para su tratamiento en la gestión 2011.

La base constitucional en el Estado Plurinacional de Bolivia, que permite acceder al sistema oral se halla en los artículos 115.I y 180. Asimismo, la Ley del Órgano Judicial, en el artículo 29, determina que la jurisdicción ordinaria es parte del Órgano Judicial, correspondiendo a la jurisdicción ordinaria impartir justicia en materias civil, comercial y otras, que señale la ley. En la jurisdicción ordinaria, entre los principios que la sustentan está el de oralidad, cuyo objetivo no es otro que el acceso a una justicia pronta y oportuna que sólo se puede garantizar con la vigencia de un proceso oral.

El Código es resultado de una corriente de procesalistas de varias partes del mundo que “coincidieron en la necesidad de un proceso más ágil y más cercano al individuo”, y a la vez se busca soluciones adecuadas para aquello, procurando que se instalen en los países de Latinoamérica sistemas procesales uniformes.

La realidad latinoamericana no es ajena al sistema procesal boliviano, el cual desde sus inicios adoptó el modelo escrito. En efecto, el proceso civil boliviano tiene sus orígenes en el sistema romano, que fue reproducido en las siete partidas españolas del año 1265. Este derecho procesal español se introdujo en el continente americano, especialmente en Bolivia, desde la época colonial. Por lo tanto, el sistema actual ha permanecido en nuestro país desde siempre, sin tomar en cuenta que la dinámica del mundo requiere cambios.

Se ha considerado absolutamente necesario impulsar el proceso de cambio que espera el pueblo, especialmente en el campo del proceso civil, con el objeto de brindar mayor acceso a la justicia, desformalizar el proceso, simplificar el procedimiento, reducir la sobrecarga judicial, agilizar las causas, transparentar las actuaciones judiciales, alcanzar una justicia pronta, eficaz y eficiente.

El proceso civil reglamentado en el Código de Procedimiento Civil vigente desde el 2 de abril de 1976 tiene una data en su aplicación de más de 37 años, al cabo de los cuales ha generado una sobrecarga judicial para los operadores de justicia, al estar sustentado en un sistema escrito, donde se vela fundamentalmente que cada acto cumpla con el formalismo normativo, sancionando su inobservancia con nulidad, lo que hace del proceso civil extremadamente pesado en su funcionamiento; le hace perder su eficacia y eficiencia como instrumento de realización del derecho, generando retardación de justicia al ser lento, no sólo en los procesos de conocimiento (ordinarios, sumarios y sumarísimos), sino también en los de ejecución (ejecutivos, coactivos) y especiales (concursales, interdictos), que tienen una duración de años o, en su caso, de décadas y muchas veces con sentencias injustas e inclusive inejecutables, dando lugar a constantes y justos reclamos por parte de la ciudadanía, exigiendo una transformación de la justicia.

La realidad obliga a encarar el problema del proceso civil en forma integral, planteándose la problemática de saber qué clase de proceso se quiere y requiere para nuestra sociedad, que se adecúe a los postulados de la nueva Constitución y que pueda responder mejor al objetivo esencial plasmado en su artículo 115: “Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”.

El Código en su estructura y contenido tiene por objetivo una innovación en el tratamiento de los procesos civiles, comerciales, familiares y otros conexos, introduciendo el sistema oral como base para el desarrollo del proceso, sin descuidar la escritura en actos y etapas en razón de constituir una garantía de certeza del derecho, que interactuando con los principios de inmediación y concentración permiten una justicia ágil y suficientemente eficaz para materializar el derecho sustancial; se evita que el conflicto llegue a resolverse en forma indirecta, a través de la solución de un problema procesal, al simplificarse los requisitos y diligencias sobre la base de una etapa inicial de solución de las cuestiones formales. 

La nueva estructura garantiza que las pretensiones de las partes en el proceso estén debidamente protegidas en sus intereses, contando con la activa participación del juzgador, que deja de ser un sujeto pasivo e indolente con el conflicto, para tener una participación activa en todo momento y en cada etapa del litigio, con el propósito de lograr que los fallos plasmen la verdad material. 

Se debe reconocer que el proceso por audiencia con predominio de la oralidad no resolverá por sí solo todos los problemas de la administración de justicia en el ámbito civil, porque es una cuestión extremadamente compleja que tiene otros componentes, como mayor número de jueces, capacitación de éstos y de los abogados, mayor infraestructura, educación del ciudadano en materia judicial, entre otros. La oralidad contribuye a un mayor acceso a la justicia, simplifica el procedimiento, agiliza las causas, transparenta las actuaciones judiciales, logrando que el proceso sea sencillo y práctico, más humano, con activa participación de los sujetos involucrados en la controversia, buscando un modo principal y constante de proceder, en lo que es manifiesta la reducción de la diversidad de procedimientos, donde se valoriza la utilización del tiempo como factor para abaratar el costo para el litigante, pero sobre todo para el Estado.

Los pilares en los que se sustenta el Código son: el proceso por audiencia, las notificaciones con actos procesales en secretaria, facilidad en la obtención de medidas cautelares restringiendo la contracautela, introducción de los procesos de estructura monitoria y prevalencia de algunos procesos voluntarios.

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