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Colquiri, un laberinto que implica un costo político para el Gobierno

La pugna entre mineros asalariados y cooperativistas por la mina Colquiri deja al Gobierno parado en medio de un laberinto de consideraciones discursivas, políticas, económicas y de bienestar social.

La Razón / Ricardo Aguilar Agramont

00:05 / 23 de septiembre de 2012

El conflicto por la mina Colquiri, entre mineros asalariados y cooperativistas, deja al Gobierno en una encrucijada de no sólo dos bifurcaciones, sino múltiples. El problema es complejo si se considera que las partes encontradas son aliadas del “proceso de cambio”. A eso se suma que, en diferentes aspectos, el Estado ha beneficiado en distintos momentos a ambos sectores; adicionalmente, el discurso nacionalizador del Movimiento Al Socialismo (MAS) choca con lo que el cooperativismo entiende por el concepto. Por otro lado, queda la disyuntiva entre ejecutar la nacionalización, y pasar la mina a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), y desfavorecer así a una de las más grandes fuentes de empleo del país: el modelo cooperativista. Además de otros aspectos que hacen del problema uno laberíntico. Por esto, se ve que la dificultad del caso excede lo que se entiende por un dilema; es decir, aquello en donde se enfrentan dos proposiciones contrarias.

Los asalariados agrupados en la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) —histórica por su lucha obrera desde la década del 40 y también en contra de las dictaduras— rivalizan con los numéricamente superiores afiliados a las cooperativas, las cuales emergieron desde la relocalización de 1985, tras la promulgación del Decreto Supremo 21060 (aunque datan de los 50), y son una de las mayores generadoras de empleo del país. La manzana de la discordia es la mina Colquiri. Los primeros quieren que se nacionalice el 100% de sus yacimientos y pasen a la administración de Comibol (lo que significa que en la mina trabajarían los asalariados), mientras que los segundos quieren que se continúe con la vigencia del Decreto Supremo 1337, del 31 de agosto de 2012, que concede a la Cooperativa 26 de Febrero el arrendamiento del 70% del filón más rico de las reservas minerales en disputa (la veta Rosario), además de las vetas Rosario “D” y Rosario “N”.

En agosto se revirtió al Estado la concesión de la mina Colquiri de la empresa Sinchi Huayra (subsidiaria de la suiza Glencore) y se la entregó a Comibol, previendo la inclusión del número de afiliados que contaba la cooperativa mencionada hasta la fecha en que salió el decreto.

La rivalidad, hoy ensañada por la muerte del minero asalariado Héctor Choque, pone sobre la mesa una contraposición compleja en el discurso gubernamental: por un lado, está la directiva nacionalizadora (o neonacionalizadora) del “proceso de cambio” y, por el otro, su alianza con las cooperativas mineras, las cuales generan miles de empleos directos e indirectos.

La analista política María Teresa Zegada interpreta que en este caso se sobreponen dos tipos de conflicto. “La visión de concentrar los recursos naturales en el Estado se contradice con otra tendencia del Gobierno de apoyar a sectores en pro de una ampliación de la economía a pequeña escala, que es el caso de los cooperativistas”, afirma.

Considera que estas dos líneas antagónicas han estado conviviendo: el estatismo y las políticas que favorecen a las economías privadas pequeñas (“no sólo en el caso de las cooperativas, sino también para pequeños productores y comerciantes”) al absolverles de algunos impuestos.

César Navarro, viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, admite lo difícil del asunto. “Está muy complicado. El acuerdo de julio permitía una convivencia de los grupos. Con lo sucedido en La Paz, (la Cooperativa 26 de Febrero) ha hecho de su pedido local uno nacional, incorporándose así pliegos de otras cooperativas”, dice.

Sospecha que por más que se llegue a un acuerdo nacional va a ser difícil que éste tenga efecto en el ámbito local de Colquiri. “Ahí será el momento duro. Más que un estudio técnico, lo que ayudará a resolver (la pugna) es la predisposición de las partes, la cual no encuentro”, confiesa.

Otra complejidad del problema es la significación que se da al concepto de “nacionalización”, en el que no coinciden el Gobierno y las cooperativas. Así lo nota el presidente de Comibol, Héctor Córdoba. “Cuando se dice ‘recuperar para el Estado’, ellos (los cooperativistas) creen que significa para las cooperativas”.

Desproporción. Existe, por otro lado, otro hecho que evidencia la dificultad en que el Ejecutivo se ve envuelto: la relación asimétrica entre la mayor producción minera y aporte al Estado de los asalariados y la menor proveniente de los cooperativistas (quienes superan en número a los primeros).  

Zegada explica que esto muestra las contradicciones que se viven. “Los cooperativistas u otros que viven del pequeño contrabando y no aportan al Estado son grupos que se encuentran sobreviviendo; brindan una alternativa al desempleo y además se constituyen en una base política del Gobierno”.

No obstante, sobre la mayor o menor producción y aporte al Estado, Córdoba cree que la comparación entre los tres sectores mineros (privado, cooperativista y estatal) no es válida porque a cada uno le corresponde un rol distinto. “La minería privada tiene que invertir en tecnología, explorar... La cooperativista no tiene capital de inversión, pero se le pide que genere empleos con remuneración aceptable; mientas que al sector estatal se le pide que genere industria, ingenios, plantas y otros.

La desproporción en la producción y aporte de ambos sectores —recuerda Navarro— no es reciente. “Que hayamos eliminado el IVA (Impuesto al Valor Agregado) para los cooperativistas no significa que antes lo pagasen”.

La autoridad hace notar que la minería aún se rige con una ley neoliberal, es decir que, en este momento, las cooperativas y las empresas privadas no transfieren al Estado excedentes económicos, sino que aportan con sus regalías a las regiones, “aunque la cualidad del modelo cooperativista es que genera mucho empleo”.

Como consecuencia de la imbricación, el analista Marcelo Silva cree que el Gobierno está analizando cautelosamente las consecuencias políticas que puedan existir y tal vez “reeditar la figura de las asociaciones compartidas respaldadas por la ley de minería que se aprobaría en el futuro y permitiría una convivencia de sectores”. Los mineros —de cualquiera de los dos grupos— son trascendentales políticamente al ser organizaciones que por su tradición de lucha son los de mayor capacidad de organización en el país, asegura.

“Una segunda dificultad se asienta en que los asalariados, cuando eran empleados de la empresa privada, prepararon la mina Colquiri para su explotación y ahora los cooperativistas quieren entrar a trabajarla sin invertir (fuerza de trabajo)”, explica Navarro. Sin embargo, el presidente de la Federación Nacional de Cooperativistas Mineros (Fencomin), Albino García, dice que los asalariados fueron remunerados por su fuerza de trabajo; entonces, ese argumento no sería válido.

Este laberinto de factores deja al Gobierno en una posición complicada que no es de subestimar. Por eso no se ha animado a abrogar los decretos 1337, que concede áreas de explotación en la veta Rosario a los cooperativistas, y 1264, que encarga a Comibol el aprovechamiento de esas reservas; es que una decisión de ese tipo lo pondría en contra de los dos sectores sociales.

Ante esa situación de emergencia, el miércoles, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, tras una breve reunión con los dirigentes de las dos organizaciones, solicitó una tregua y propuso la discusión de una nueva política minera. El jueves, los asalariados sumaron más demandas a su pliego y los cooperativistas reactivaron su plataforma de 13 puntos.

‘Que se cumpla la agenda de Octubre’: Severino Estallani, líder de los asalariados de Colquiri.

Pedimos que se cumpla la agenda de Octubre en su punto de nacionalizar los recursos naturales. (Los yacimientos mineros) deben estar bajo la administración directa de la Corporación Minera de Bolivia. No vamos a permitir que unos ‘ganapanes’ entren a la veta más rica de Colquiri. Además, la migración de cooperativistas a Comibol es posible.

‘La protesta no es contra el Presidente’: Albino García, presidente de Fencomin.

Quiero indicar que nuestra protesta y movilización no es contra el presidente Evo Morales, sino contra algunos de sus ministros y el presidente de Comibol. La solución pasa por el cumplimiento del Decreto 1337 y la comprensión de que puede existir la convivencia. No hay que olvidar que hemos sacado a Sánchez de Lozada y hemos orientado el proceso de cambio.

‘No estamos en función del apoyo de uno u otro’: César Navarro, viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales.

Ésta es una disputa por la riqueza, pues se trata de un yacimiento de buen mineral de alta ley. Esto se conflictúa por la fuerte ruptura entre el sindicato y los cooperativistas en Colquiri. No obstante, no estamos en función del apoyo político de uno u otro sector; si hemos apoyado a los compañeros cooperativistas fue para que mejoren su nivel de producción; no se trata de nada electoral.

‘La solución al conflicto tendrá que ser política’: Marcelo Silva es politólogo.

Se trata de una disyuntiva política. Consecuentemente, el Gobierno debe dar una solución que sea política. No se olvide que en la estructura de los triunfos electorales del MAS se evidencia que entre sus más importantes aliados figuran los mineros asalariados y cooperativistas. Que el oficialismo tome parte por alguno lo desfavorecería no sólo ahora, sino también en 2014 (año de elecciones).

‘Dos familias no pueden vivir en una casa’: Héctor Córdoba, presidente de Comibol.

Mi propuesta es encontrar un área de trabajo con buen mineral y lejos de Colquiri para que la exploten alrededor de 300 cooperativistas. Esto excluye que haya una solución en que los sectores coexistan en Colquiri, pues en el futuro se desatarían conflictos inevitablemente. Dos familias no pueden vivir en la misma casa o habitación; tarde o temprano hay fricciones.

‘Es una pugna entre dos sectores pobres’: Maria Teresa Zegada es politóloga.

Un aspecto que le da complejidad al conflicto entre asalariados y cooperativistas mineros es que ambos son bases sociales del Gobierno. Además, son grupos empobrecidos y con grandes carencias. Esta controversia se agudiza al verse que ninguna de las partes está dispuesta a negociar. Hay que añadir que la pugna no es por grandes ganancias, sino por el sustento.

UNIR: Manejo estatal de conflictos mineros  ha sido coyuntural

La Fundación UNIR evalúa que la administración que hizo el Gobierno de los conflictos mineros en general y el actual entre asalariados y cooperativistas sólo buscó salidas coyunturales y no estructurales. Asimismo, el conflictólogo y director de Capacitación y Derechos Ciudadanos (CDC) Bolivia, César Rojas, dice que la mediación para la resolución de esta pugna en particular fue “insuficiente”.

Para el director ejecutivo de UNIR, Antonio Aramayo, el Ejecutivo ha atendido los conflictos mineros “uno a la vez”, tratando de encontrar salidas a lo coyuntural y “sin llegar a incidir en lo estructural ni establecer una política estratégica para el sector minero”.

Para este especialista, la evidencia de su afirmación se sustenta en “los altos niveles de violencia” que han alcanzado los conflictos de este sector en los últimos años, los cuales pueden explicarse por el incremento de expectativas sociolaborales motivadas por un escenario internacional favorable a la exportación de materias primas y por la histórica “debilidad institucional estatal” boliviana.

Rojas observa que las negociaciones no han prosperado y el conflicto tiende a intensificarse con demostraciones de fuerza de ambos lados. Considerando a los protagonistas (cooperativistas y asalariados) —dice este analista de conflictos—, la disputa por Colquiri se parece a la de Huanuni (donde la pugna también era por el control de un cerro, en este caso Posokoni, y dejó más de 15 muertos tras el enfrentamiento entre asalariados y cooperativistas), “pero un elemento común a todos ellos es que el árbitro para dirimir estas contiendas es el Estado y hasta ahora todo lo que hizo resultó insuficiente para ambos sectores”.

Aramayo considera que, en el caso de Colquiri, mantener satisfechas a las dos partes, “en un conflicto tan complejo, será muy difícil”.  “La polarización y la escalada de violencia han conducido a una situación de crisis en la cual el Gobierno se verá obligado a tomar decisiones políticas por encima de los criterios técnicos”, complementa el Director de UNIR.

Rojas, antes de proponer un modo de solución al conflicto, considera que primero se debe señalar lo que el Ejecutivo no debe hacer. En ese sentido, “tomando en cuenta el antecedente de Huanuni y Mallku Khota, en Colquiri no se debe intentar resolver la disputa con la intervención de la Policía ni del Ejército. Esa forma de encarar el problema demostró ser contraproducente”.

Rojas, basándose en la experiencia de Huanuni, opina que en Colquiri se puede llevar a cabo la nacionalización de la veta Rosario y, al mismo tiempo, hacer que los cooperativistas se constituyan en trabajadores de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol). “Ésa es una salida, aunque los intereses que tienen los cooperativistas la pueden convertir en un callejón sin salida”.  Aramayo asegura que en los conflictos siempre es posible encontrar acuerdos que satisfagan los intereses de las partes involucradas; lo ideal, dice, es que ambas ganen o, en otro caso, las dos perciban que pierden lo menos posible.

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