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Consulta en el TIPNIS: diálogo intercultural

Consensos sobre la consultal proyecto de construcción de la carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos ha generado un debate nacional que ha involucrado a diferentes actores, económicos políticos y sociales del país, con trascendencia nacional e internacional.

La Razón / Carlos Romero es Ministro de Gobierno / La Paz

20:59 / 17 de febrero de 2012

Se han esgrimido argumentos en favor y en contra, en ocasiones abordando la problemática desde un punto de vista estructural o en otros casos desde una mirada muy superficial. En esta última línea se inscriben criterios que comparan el proyecto caminero con la enfiteusis de Ballivián, con “intereses imperialistas probrasileños”, o simplemente asimilando la iniciativa a una “puñalada” al último pulmón del planeta y otros que afirman que se trata de una estrategia cocalera expansionista para favorecer el narcotráfico. Todos estos criterios carecen de rigor académico. Por tanto, no contribuye a un abordaje estructural del problema.

Conviene recordar que la estructuración de los grupos de poder en el oriente boliviano giró alrededor de la explotación del caucho a fines del siglo XIX y  durante las primeras décadas del siglo XX. Coinciden los investigadores en identificar al caucho como el factor de acumulación originaria de capital, cuyo agotamiento desplazó a sus explotadores hacia otras actividades relativas al ámbito agropecuario favorecidos adicionalmente por el comercio, caracterizado por la importación de insumos y maquinaria. La característica de estos sectores es que dinamizaron flujos migratorios provenientes de algunos países europeos como Alemania e Italia.

Estos grupos estructuraron su poder económico a partir de una matriz primaria exportadora y de importación, sin haber establecido un proceso de articulación social con la población indígena del oriente y con el resto del país, de donde se desprende la yuxtaposición civilizatoria, haciendo heterogénea la estructura económica y compartibles las relaciones sociales. La dinámica posterior de estas élites devino en dos derroteros: los que formalizaron sus actividades en importantes emprendimientos empresariales y quienes optaron por desenvolverse en el aprovechamiento ilegal e informal de los recursos naturales.

Los primeros apoyan la construcción de la carretera y los segundos se oponen a este proyecto de integración, ya que estos últimos, representan a grupos locales de poder fáctico que ven los territorios indígenas  como un paraguas para expandir sus actividades.

Un segundo elemento de consideración tiene que ver con el reconocimiento de titulación de Tierras Comunitarias de Origen (TCO) —que en nuestro país ha alcanzado resultados importantes— puesto que ya se han titulado 21,4 millones de hectáreas, de las cuales 12,3 corresponden a pueblos indígenas de tierras bajas. El desafío de estos espacios es viabilizar una adecuada gestión territorial que permita el desarrollo de los pueblos indígenas.

Sin embargo, este objetivo está lejos de alcanzarse debido a la débil presencia estatal en estas superficies y al escaso control territorial sobre las mismas de parte de las comunidades indígenas, sobre todo por la reducida población y su dispersión demográfica, lo que favorece la extracción de los recursos naturales de los territorios de parte de los agentes externos que explotan los mismos en condiciones informales e ilegales. En estas circunstancias, las tierras indígenas no logran cumplir su finalidad de ruptura con las relaciones de dominación patronal.

El Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) se caracteriza por tener la doble condición de territorio indígena y Parque Nacional, por cobijar en su interior a tres pueblos indígenas amazónicos (mojeño-trinitarios, yuracarés y chimanes) y por albergar una gran diversidad de riquezas naturales como la madera, biodiversidad, oro aluvial, además de tener áreas con vocación agrícola, pecuaria y de ecoturismo. Los indígenas están organizados en 64 comunidades que representan una población aproximada de 10 mil habitantes. Están organizados por subcentrales y corregimientos con funciones de gestión externa y de reproducción cultural respectivamente.

En torno al TIPNIS se concentra un conjunto de intereses estratégicos relacionados al control de la tierra y recursos naturales, disputa que pone de manifiesto los posicionamientos de los distintos actores sobre la pertinencia o no de la construcción de la carretera. Para resolver estas contradicciones se ha diseñado el procedimiento de la consulta previa, que la Constitución Política del Estado define como un derecho colectivo indígena y una obligación del Estado (artículo 30).

Desde nuestra interpretación, la consulta debe constituirse en un verdadero diálogo intercultural que permita la convergencia de distintas visiones de desarrollo inherente a un Estado Plurinacional y la articulación de diferentes iniciativas indígenas dirigidas a la viabilización del control territorial del TIPNIS, estableciendo al mismo tiempo responsabilidades compartidas entre el Estado y los pueblos originarios que habitan la superficie del parque, para atender la doble condición del TIPNIS.

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