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Consulta ciudadana

Hace unas semanas, la Alcaldía de La Paz ejercitó una inusual consulta ciudadana, consistente en el llenado de formularios con respuestas sobre el problema del transporte de la ciudad y la necesidad de instaurar una tarifa única del servicio. Su efectividad es relativa en tanto no ayude a resolver el problema.

La Razón (Edición Impresa) / Mateo Paz Mogro Moreno

00:00 / 17 de febrero de 2013

El 11 de enero, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, recibió los resultados de un estudio realizado por la Dirección Especial de Movilidad, Transporte y Vialidad. Después de analizarlos, decidió llevar adelante una consulta ciudadana que, según Gustavo Bejarano, oficial asesor, tenía como objetivo“comunicar, difundir y escuchar a la población” sobre el problema.

Desde el punto de vista de la estadística, la consulta al ciudadano de a pie careció de sentido ya que, debido a que no fue una votación no hubo control respecto a la cantidad de veces que alguien pudo participar, no hubo un control riguroso de las papeletas que hubiera garantizado una legitimidad de los resultados para evitar la posibilidad de fraude y no se desarrolló mediante un método de encuesta que asegure que el resultado refleje lo que la población opina. En otras palabras, que “x” número de papeletas apoye la propuesta no significa que esa cantidad de ciudadanos esté de acuerdo con ella.

Mucho más relevante que la participación de los ciudadanos como individuos fue la de las juntas vecinales por medio de asambleas, ya que la opinión de éstas se vio legitimada por sus procesos de decisión interna que contaban con métodos aprobados por las leyes del país y la democracia boliviana.

Uno de los mayores peligros de este tipo de consulta radica en que la población podría unirse en contra de un sector específico y lograr que éste cargue con el peso de la pobreza de la sociedad de una manera injusta. Esperemos tener la suficiente cultura democrática para que esto no ocurra y que la Alcaldía cumpla con su responsabilidad de proteger a los sectores minoritarios; no vaya a ser que todos estemos de acuerdo en tener un transporte barato y esto genere un ingreso menor al salario mínimo para el trabajador de este sector.

El secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Choferes de La Paz, René Vargas, había asegurado a la prensa que los choferes están dispuestos a discutir, pero que no confían en el estudio de la Alcaldía, y desean un estudio realizado por alguna institución imparcial que cuente con la confianza de la población.

Pero, ¿por qué la Alcaldía optó por realizar un estudio y luego socializarlo para después discutirlo con los choferes? ¿Por qué se utilizaron recursos del contribuyente para preguntar sobre una propuesta que no ha sido consensuada con las personas que dedican su vida a brindar este servicio?El nuevo recurso que planteó la Alcaldía de La Paz no fue más     que una herramienta para la negociación con el sector de transporte. Revilla ha tomado este camino debido a que es plenamente consciente de lo que la opinión pública piensa de este servicio público en la ciudad, el que con frecuencia es calificado como agresivo, abusivo, insostenible y deficiente.

Vivimos en un país en el cual el bloqueo esta implícitamente prohibido por la Constitución y las leyes, pero en la práctica este método de presión está permitido e incluso, a veces, es promovido por las autoridades del Gobierno. Este fenómeno le ha dado un poder sin precedente a los sindicatos y grupos movilizados, poder que no permite una negociación justa. Los transportistas, por razones obvias, tienen la capacidad de paralizar por completo la ciudad de La Paz y como la mayoría de los sindicatos del país no duda en utilizar la presión cuando siente que sus intereses han sido afectados.

Gracias a la comprensión que tiene la Alcaldía de este hecho es que decidió recurrir a la población, aprovechando el hastío de los ciudadanos con el sistema de transporte el Alcalde se jugó a un apoyo mayoritario del paceño. De esta forma, a la hora de negociar, cuando los transportistas recurran a la carta de la presión el Alcalde, recurrirá a la carta del apoyo de la gente.

Nos encontramos frente a un fenómeno inédito en nuestra sociedad, será muy interesante ver el desarrollo de este conflicto entre los choferes y la Alcaldía. El martes 29 de enero se dio la primera medida de presión de los transportistas en contra del proyecto municipal con la correspondiente violación de derechos del ciudadano. El paro fue calificado como un fracaso por parte de Revilla y no logró detener las actividades diarias del paceño.

¿Habrá encontrado la Alcaldía una manera de generar consenso democrático y en equilibrio, sin vulnerar los derechos del ciudadano y a su vez defendiendo los derechos de los trabajadores del transporte? ¿Será éste un nuevo método de democracia participativa para el país o al menos para la ciudad de La Paz?

A pesar de que los sindicatos y diversos sectores del país, en ocasiones, abusen de la población sin consideración alguna, llegando a violar las leyes, nunca debemos dejar de defender sus derechos que fueron adquiridos después de mucho sufrimiento. Debemos luchar contra los bloqueos y la presión al Estado por medio de la agresión a la población, pero a la vez debemos defender el derecho a la manifestación, el derecho a la huelga y el derecho a participar de aquellas decisiones políticas que nos afectan directamente.

El equilibrio entre derechos y deberes es algo que continúa en desarrollo en la sociedad boliviana. La consulta ciudadana tuvo sus falencias y peligros, pero también, si fuera planteada de la manera correcta, pudo haber sido un mecanismo democrático para recolectar opiniones e integrar a la sociedad en las decisiones políticas.

Por el momento, recomiendo observar este proceso con optimismo. Al cancelar el paro del martes 5 de febrero, los choferes han mostrado una actitud positiva de diálogo, nos queda ver si es posible un acuerdo sin la necesidad de que, una vez más, veamos a nuestra hermosa ciudad completamente paralizada.

Los resultados de la consulta ciudadana fueron publicados el 6 de febrero en la página oficial de la Alcaldía www.lapaz.bo mediante un artículo del título Consulta ciudadana refleja el apoyo mayoritario a la propuesta edil. La nota tiene el grave error de afirmar que “73% de la ciudadanía expresó su aceptación”, “el 93% de la gente respondió con su apoyo” y conclusiones similares. Esto es una equivocación, ya que, como mencioné antes, la consulta no es una votación o una encuesta, y sus resultados no deben ser utilizados como tales. La consulta es válida como un sondeo de opinión.

Esperemos que la Alcaldía corrija esta confusión y utilice la herramienta de negociación que ha generado de una manera apropiada (el 73% de las boletas fue marcada con una respuesta afirmativa en la pregunta 4).

Los resultados obtenidos en las juntas vecinales que realizaron audiencias, que en un 100% estuvieron de acuerdo con la consulta general, tienen mucho más valor debido a que se sostienen en un sistema democrático de decisiones y sí pueden considerarse como estadística valida, y más importante aún, las juntas vecinales cuentan con una significativa capacidad de movilización y son capaces de enfrentarse con los transportistas. No estoy de acuerdo con este tipo de método para la resolución de los conflictos que nos aquejan, pero no sería la primera vez que sucede.

El peor desenlace que puede tener esta negociación es el enfrentamiento de ciudadanos en las calles y el mejor, un acuerdo entre Alcaldía y choferes. Si esto sucede, el proceso de la consulta podría calificarse como exitoso.

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