Animal Político

Contextos y sentidos de la socialización de los estatutos

Una minuciosa interpretación del proceso autonómico y la errada conducción hizo que el bloque cívico termine disperso. La reciente preocupación por adecuar y socializar los estatutos responde a un movimiento de los Verdes y su sigla nacional Demócratas, con vistas a las elecciones de 2014.

La Razón / Helena Argirakis Jordán

00:01 / 01 de septiembre de 2013

Indudablemente, el clímax del proceso autonómico cruceño llegó hasta agosto de 2008, luego de la realización del referéndum del 4 de mayo y los resultados fallidos de la estrategia del Bloque Cívico Regional al convocar un referéndum revocatorio de mandato popular en las vísperas de las fechas patrias de ese año. Los resultados del referéndum de agosto de 2008 generaron un efecto político inesperado por el bloque de oposición, ya que el binomio Morales-García Linera obtuvo el 67,48% de apoyo y simultáneamente se revocó a dos prefectos del Consejo Nacional Democrático (Conalde): José Luis Paredes de La Paz y a Manfred Reyes Villa de Cochabamba, equilibrándose las correlaciones de fuerzas territorializadas en la denominada “media luna ampliada” (Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Cochabamba frente a La Paz, Potosí, Oruro y Chuquisaca). 

Los resultados del referéndum no sólo ratificaron a Evo Morales y a Álvaro García Linera, sino que incrementaron el porcentaje de apoyo electoral respecto a las pasadas elecciones de 2005, conllevando un efecto de mayor legitimación para el Gobierno y de crisis en el bloque cívico por la subestimación de la fuerza del Gobierno y del bloque social en el poder. Los resultados presentaron también nuevos escenarios territoriales, alterando el frágil equilibrio de las correlaciones de fuerzas entre bloques de poder, traían además el imperativo de compatibilizar los textos de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) con los estatutos autonómicos departamentales, exigiendo necesariamente y como condición sine qua non la renuncia a las posiciones maximalistas de ambos bloques de poder.

Esta compatibilización tenía una cualidad positiva: la definitiva incorporación de la autonomía departamental y la configuración de los gobiernos departamentales en la CPE. Pero también implicaba la pérdida de capacidad polarizadora del dispositivo ideológico discursivo de la autonomía de confrontar el Bloque Cívico Regional con el Gobierno, al insertarse en el texto constitucional. Dicha situación provocó una crisis interna en la oposición cívica, que induciría al repliegue de la derecha moderada para dar paso a la conducción del ala más radicalizada y extrema del bloque de poder: la facción de élite ligada a la restauración neoliberal.

De agosto a septiembre de 2008 finalizó la etapa denominada “ingeniería constitucional impecable”, que consistía en una ruta crítica legal institucional compuesta de iniciativas legislativas ciudadanas, cabildos, asambleas, referéndums y eventos electorales para la implementación de la autonomía departamental en el oriente. La ruptura de esta ruta crítica legal institucional constituyó un “error” y un punto de inflexión en el proceso autonomista cívico, ya que abrió el camino de las acciones de hecho o de fuerza desarrolladas en la toma de instituciones en 2008, carcomiendo un recurso político valioso en la disputa política: la coherencia discursiva y la autoridad moral de la élite política. La decisión de abandonar la ruta crítica legal para emprender las acciones de hecho provocó la fractura y división de la élite cruceña, con la posterior dispersión de las derechas (hasta ese momento cohesionadas en un bloque único) en facciones (radicales y moderadas) que daría lugar al desplazamiento y remoción de la dirección política del bloque de la línea institucionalista y moderada. La línea radicalizada de las derechas cruceñas asumió el mando y las estrategias políticas giraron hacia la escenografía de las medidas de fuerza. A la postre, esta decisión acarrearía consecuencias fundamentales que finalmente resolverían el “empate catastrófico” de las correlaciones a favor del bloque social indiano originario campesino popular y del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Por estas divisiones, el repliegue del bloque político de las derechas cruceñas que liderizaron las demandas por la autonomía departamental, la pérdida de liderazgo, credibilidad y autoridad moral de los dirigentes autonomistas, cabe preguntarse ¿por qué resurge ahora (en los últimos meses) la iniciativa de la Comisión de Autonomías de la Gobernación cruceña —a cargo de la asambleísta del oficialista de Verdes Rose Marie Sandóval—  de realizar audiencias públicas para socializar el texto del estatuto luego de cinco años de abandono e inobservancia al mandato de adecuación? Se pueden aventurar dos razones posibles:

1. La necesidad de legitimación social por medio de las audiencias públicas desarrolladas en provincias para revestir al texto de los estatutos con algún tipo de apoyo social luego de su elaboración cerrada y excluyente del pasado, cuidando no modificar la esencia de los contenidos, afines a los intereses de la élite cruceña, a las cuales representa y pertenecen los Verdes (Verdad Democrática y Social).

Para muestra de la ausencia de participación, se pueden considerar las críticas de algunos de los integrantes: la Plataforma Social Autonómica Cruceña, el Bloque Oriente y la Plataforma de Lucha Contra la Violencia hacia las Mujeres, que han trabajado para construir una propuesta de estatuto acorde a la Constitución, enmendando el estatuto cruceño oficialista que la contraviene en 60% o 70%. El estatuto de 2008 tiene 168 artículos y siete disposiciones transitorias, de acuerdo con el trabajo de análisis realizado por la Plataforma Social Autonómica, 104 de estos artículos son contradictorios a la CPE y deben ser modificados, otros cuatro son ambiguos y solamente 60 están acordes, casi “como si fuera la Constitución de otro Estado, de otro país”, sostenía Eulogio Núñez, director del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca de Santa Cruz) y miembro de la plataforma. Explicó que una de las propuestas es modificar la cantidad de asambleístas departamentales, de los actuales 28 incrementar a 43, siendo la novedad que por cada provincia existan dos asambleístas, “una mujer y un varón”, elegidos por voto. La propuesta elaborada por cerca de 50 organizaciones que representan a la población cruceña rural y urbana incluye un capítulo sobre género, “que el actual estatuto no tiene”. Se incluye un régimen para la niñez y la adolescencia, para diversidades sexuales y protección a los derechos de los migrantes.

2. La necesidad de legitimación social para construir una base social y política para la campaña de Rubén Costas y su nueva sigla política nacional (Demócratas), constatando la recurrencia de los procesos de legitimación sociopolítica expost, es decir después de la articulación de intereses del establishment cruceño. Lo anterior nos lleva a vislumbrar la situación en que se encuentra la estructura de poder cruceña, que sigue sin comprender la trascendencia, alcance y magnitud de los cambios en la sociedad, política y Estado que exigen la participación genuina y abierta en la construcción de las instituciones de la sociedad y no las prácticas elitarias, cerradas que arreglan sus intereses y luego gestionan apoyo popular.

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