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Crisis de la minería o dependencia?

Cuando el mineral se funde en el país, el IVA es un castigo a la industrialización, algo propio del modelo neoliberal. Si bien esta incongruencia busca ser revertida con la Ley de Minería, su no aplicación al presente crea problemas de liquidez a las empresas mineras estatales.

La Razón (Edición Impresa) / José Pimentel Castillo

00:03 / 01 de febrero de 2016

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) dio a conocer su Memoria 2014. Llama la atención la información del sector minero: la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) tributa más que las otras empresas del rubro. Comibol pagó Bs 303,6 millones, mientras que San Cristóbal, Bs 121,4 millones. Más allá de la sorpresa o la afirmación de que esto no es posible, se justifica un análisis de la situación impositiva de la minería.

La tributación minera básicamente establece los siguientes tributos: la regalía, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) y la Alícuota Adicional al IUE (AA-IUE).

La regalía minera es el pago por un derecho y una compensación: el de explotar un recurso natural no renovable, como son los minerales. Beneficia a los departamentos y municipios donde se realiza la explotación minera. Su valor se calcula sobre el precio internacional del mineral, por el volumen que se extrae, en función de tablas de las alícuotas de regalías; éstas no han sido modificadas desde 1993, a pesar de la subida de los precios internacionales en años recientes.

El IVA es un impuesto a una transacción interna, al que se agrega un 13% al valor de costo de la mercancía. En la minería, la referencia es el precio internacional de los minerales. Es sobre este precio que se impone el IVA, y las ventas las efectúa el productor a las fundiciones, las que deberán pagar el precio internacional más 13%, y éstas los venderán en el exterior al precio internacional. Teóricamente, esta diferencia que crea el IVA será devuelta al exportador con Certificados de Devolución Impositiva (Cedeim).

El IUE es el impuesto que se paga sobre las utilidades de las empresas  —equivalentes al 25%— que se deriva de la diferencia entre el precio de venta y el costo de producción.

La AA-IUE, que es del 12,5% sobre las utilidades en épocas de precios altos, tiene una incidencia proporcional a la utilidad de la empresa. Se creó en 2007 en épocas de precios altos, ante la negativa de aumentar la regalía por parte de los productores. Ahora podemos analizar las cifras que brinda el SIN y el Ministerio de Minería y Metalurgia.

La regalía es un tributo que se justifica plenamente por cuanto se trata de la explotación de un recurso natural no renovable y que tiene un valor intrínseco. La proporción es discutible, las regiones siempre pedirán más y los productores querrán ligarla a la utilidad que obtienen. Pero la pertinencia de su explotación es algo que lo determina el productor. En este rubro, el pago de regalías está en función al peso de la empresa. Así, San Cristóbal —que generó $us 812.298.524 de producción en 2014— contribuyó con $us 43.227.826 al departamento de Potosí y al municipio de Colcha “K”, donde están asentadas sus operaciones. Por su parte, la Comibol, con sus empresas Huanuni, Colquiri y Corocoro, generó $us 311.711.866 y aportó $us 11.030.926 a los departamentos de Oruro y La Paz.

Cuando el mineral se funde en el país, el IVA es un castigo a la industrialización, algo propio del modelo neoliberal. Si bien esta incongruencia busca ser revertida con la Ley de Minería, su no aplicación al presente crea problemas de liquidez a las empresas, a los productores mineros y a las fundidoras, en particular cuando no hay la devolución de los Cedeim. En el caso que estamos analizando, San Cristóbal no funde en el país, pero sí lo hace Comibol con sus minas de estaño de Huanuni y Colquiri, siendo el agente de retención la Empresa de Fundiciones Vinto. Como el estaño es el principal rubro de producción de Comibol, el valor de IVA se aplica a casi toda su producción, por lo que por este concepto pagó $us 22.836.290 y San Cristóbal, cero.

El IUE se paga sobre la utilidad de la empresa y se supone que cuando una empresa usa tecnología de punta sus utilidades debieran ser considerables; en el caso de la minería en Bolivia esto no pasa de ser lírico, pues las empresas en nuestro país solo producen el mineral en su fase primaria: el concentrado, su refinación, se hace en el exterior con un costo enorme y sobre el cual no tiene control el Estado. Este rubro, en el caso de San Cristóbal, llega al 43% del valor bruto del mineral, en algunos casos de comercializadoras, llega al 70%. Esto naturalmente merma las utilidades de las empresas mineras en el país, aunque en el contexto internacional —las empresas ligadas a transnacionales— no dejan de ostentar enormes ganancias. En el caso de San Cristóbal, la utilidad en el país llega a $us 46,61 millones pagando por IUE $us 11,65 millones. En Comibol, las utilidades llegan a $us 58,58 millones, debiendo pagar por IUE $us 14.64 millones.

La AA-IUE en esta época de bonanza hizo partícipe al Estado de sus beneficios. En 2014, San Cristóbal aportó $us 5,68 millones y Comibol, $us 7,23 millones.

Para finalizar, diremos que es una ficción que Bolivia capte de sus exportaciones mineras el 100% de lo que sale —$us 3.531.603.743. En el exterior se queda una gran parte de este monto por gastos de realización y fundición, ingresando al país solamente lo necesario para cumplir sus costos de operación interna, el pago de regalías e impuestos, quedando para la empresa en el país una mínima utilidad.

Concluimos que Comibol, que funde en el país su producción, no tiene una mayor utilidad que la Minera San Cristóbal que exporta concentrados. Comibol, con una incidencia del 8,66% en la producción nacional, tributa más que la Minera San Cristóbal cuya producción llega al 23% de ésta. El hecho que pague mayor regalía tiene relación con el volumen de riqueza minera que se apropia, lo que no se toma en cuenta a la hora de pagar los impuestos.

De ahí que se justifique la sentencia constitucional: la explotación de los recursos naturales solo se justifica si se le da valor agregado para beneficio del pueblo boliviano. Aumentar la exportación de concentrados —con precios altos o bajos— es prolongar la expoliación de los minerales y mantener al país como exportador de minerales en su situación primaria, negándole al país la posibilidad de ampliar la diversificación de su capacidad productiva.

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