Animal Político

Daniel Santalla Tórrez:‘Nos quejamos por retardación de justicia en pleitos laborales’

El ministro Daniel Santalla anuncia que habrá una norma que abreviará los procesos en los pleitos judiciales relacionados con la inamovilidad y la estabilidad laborales para que duren dos meses. También contesta a los cuestionamientos a la política laboral del Gobierno.

Daniel Santalla Tórrez.

Daniel Santalla Tórrez.

La Razón / Ricardo Aguilar Agramont / La Paz

00:03 / 28 de abril de 2013

Daniel Santalla, ministro de Trabajo, pasó de la dirigencia sindical al Órgano Ejecutivo. Antes fue secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores Fabriles de Bolivia y secretario general de la Central Obrera Boliviana (COB). Es un hombre de confianza del presidente Evo Morales. En 2009 fue ministro de Obras Públicas y dirige la cartera de Trabajo desde 2011, ratificado en dos gestiones.

Un año en uno de los despachos más difíciles del Gobierno, como el de Trabajo, tiene una equivalencia subjetiva mayor a sólo 12 meses. Santalla ya lo dirige casi por tres años, lo que no es habitual en una cartera por la que desfilaron diferentes ministros en lapsos muy breves. Es martes, a media tarde. La autoridad recibe a Animal Político en medio de una agenda apretada debido a los preparativos del Día del Trabajo, el 1 de mayo.

— ¿Qué nuevas medidas se tomarán por el 1 de Mayo?

— ¿De qué se quejan los trabajadores? ¿De qué nos quejamos? Es que hay retardación de justicia. Los procesos por el incumplimiento de los derechos laborales tardan un año o cuatro. Se ha acordado con la COB aplicar lo que llama la fuerza coercitiva. Por lo que se trabajó un anteproyecto de ley para abreviar en dos meses los procesos en casos de inamovilidad y estabilidad laboral, los juicios no podrán durar más de dos meses.

— ¿Y la sanción?

— Una vez que se apruebe, también será una manera de apretar a los empleadores en caso de inclumplimiento en esos dos casos concretos (inamovilidad y estabilidad). Si los empleadores no cumplen la sentencia de reincorporación hay la posibilidad de llevarlos presos.

— No obstante, la COB pide un mayor rol coercitivo...

— ¿Qué quieren del ministerio? ¿Que utilicemos la fuerza, vayamos con policías, arrestemos (a los empleadores)? Ésa no es la función del Órgano Ejecutivo y, en este caso, del Ministerio de Trabajo. Nuestra función es conciliar, es administrar, aún cuando tenemos algunos mecanismos coercitivos como la inspección laboral y técnica. En casos de incumplimiento de derechos los denunciamos al Órgano Judicial.

— ¿Cuáles son los nuevos derechos de los trabajadores?

— Entre otros hay que mencionar la devolución de la estabilidad laboral y la inamovilidad del trabajador con la derogación del artículo 55 del Decreto Supremo 21060; la constitucionalización del fuero sindical; la despenalización del derecho a huelga; un día libre pagado para que las mujeres se hagan el papanicolau; el pago de beneficios por retiro voluntario o despido desde tres meses de trabajo; y la imprescriptibilidad de los derechos laborales.

— Pero estos derechos tienen poco alcance en la población de trabajadores...

— Hay que admitir que el 65% de los trabajadores pertenece al sector informal, no tienen una relación obrero-patronal, son cuentapropistas. Éstos no poseen los mismos derechos que los llamados trabajadores formales.

— ¿Cómo paliar la problemática?

— Desde los ministerios de Economía, de Producción y de Trabajo se está concientizando a esos trabajadores para que accedan al seguro social. Pueden hacer sus aportes voluntarios a esa protección de corto y largo plazo.

— La bonanza económica no llega al bolsillo de los bolivianos...

— El crecimiento del producto interno debido a las actividades del Gobierno servirá para la inversión pública que genera productividad y por consiguiente empleos con mejores salarios. Para que los trabajadores ganen mejor, hay que seguir invirtiendo.

— ¿Se castiga con el alza salarial a la pequeña y mediana empresa por su poco crecimiento?

— Es cierto que se han quejado no sólo ellos, sino también los grandes empresarios. No hay que olvidarse que el Estado subvenciona a todos, incluyendo a los empresarios, con energía eléctrica, agua, gas. Reciben. Creo que 1.200 bolivianos no es una suma exorbitante como para que se quejen. Se han invertido con ese objetivo 3.000 millones de dólares.

— ¿Cómo fueron las negociaciones de este año con la COB?

— A pesar del acuerdo, siguen en estado de emergencia. Sus mayores preocupaciones eran los salarios y pensiones; eso les interesaba más.

— ¿Hubo tensión?

— En determinado momento las negociaciones se tornaron tensas. Con algunas agresiones que sufrimos por parte de algún dirigente de la COB, en un punto quisieron abandonar y romper el diálogo, pero hay que reconocer que hubo racionalidad y seriedad en la gran mayoría de los dirigentes sindicales. Nosotros nunca quisimos abandonar el diálogo.

— Pero no se cedió en cuanto al pedido de más de Bs 8.000 de salario mínimo...

— Supimos aguantar como Gobierno explicando que eso no era posible. Se entendió que si se aumentaba lo que pedían no se iba a poder invertir para el desarrollo. Cumplimos con la demanda de que el presidente Morales esté en la mesa de negociaciones, cosa que nunca se hizo en el pasado, y lo digo como excobista; sólo iban los ministros o viceministros.

— Hay retraso en algunos puntos del pliego de la COB...

— Debemos reconocer que hay retraso en algunos aspectos como la nueva Ley General del Trabajo y la Ley de Pensiones. Sobre ésta se ha enviado dos opciones para mejorar las rentas.

— ¿Por qué demora tanto la Ley General de Trabajo?

— Nos vamos a reunir en estos días para reencauzarla. Algunos puntos, como en minería, tienen avance; en la migración de contratos, también. Uno de los problemas que existe es la reestructuración de la Comibol (Corporación Minera de Bolivia).

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