Animal Político

Defensa de los derechos laborales

Decir que no se acreditará a sindicatos por su línea política es una opinión desmedida frente a la necesidad de generar un registro que permita precisamente garantizar la defensa de los derechos sindicales y laborales.

La Razón (Edición Impresa) / Adolfo Mendoza

00:01 / 17 de mayo de 2015

En la perspectiva del incremento histórico del salario, hay dos elementos básicos. Primero está el incremento al salario mínimo nacional, que muestra que indudablemente existe una política de beneficio a los que menos ganan porque el incremento del salario mínimo nacional supera con creces absolutamente todos los indicadores de la inflación. El segundo elemento es que, en términos relativos, los incrementos salariales durante los últimos diez años son históricamente superiores a los que se han vivido en toda la época republicana en nuestro país.

Pero más allá de los indicadores con respecto al salario, está el conjunto de derechos laborales que fueron recortados, que fueron cercenados durante la época neoliberal y que a partir de la nueva Constitución Política del Estado se reponen. Esto quiere decir que los derechos básicos como la inamovilidad funcionaria y otro tipo de beneficios en torno a la seguridad social se cumplen de una manera mucho más consistente que hace diez años atrás y eso impacta positivamente en la calidad del salario en el sector formal.

Los decretos del 1 de mayo de este año, en general, dan continuidad a la nueva política de respeto y defensa de los derechos laborales. Las críticas a los aumentos salariales por parte de los empresarios deben verse en el contexto del aumento de la productividad. No es posible señalar que hay una situación desfavorable para las empresas en general, cuando los indicadores de exportación, de incremento de cantidad de empresas, de producción en el sector industrial han crecido durante los últimos diez años, pese al impacto negativo de la economía internacional.

Estos indicadores se sostienen y por tanto quiere decir que existiría más cantidad de recursos disponibles por parte de las empresas, lo que hace que —si unimos este hecho al crecimiento económico general— las críticas en relación a la política salarial de incrementos del Gobierno sean desatinadas.

Es necesario ver políticas más concretas en relación al sector informal, pero respecto del formal se puede señalar que en ningún caso el incremento es menor a la depreciación del salario, precisamente porque, en estos diez años, el salario se ha incrementado por encima del índice de inflación.

En cuanto al decreto relativo a las organizaciones sindicales, hay que decir que todo registro de organizaciones representativas en el orden sindical, ante el Ministerio del Trabajo, tiene un sentido de previsión respecto de varias normativas legales. Se trata nada más del registro ante el Ministerio de Trabajo, por supuesto que el registro deviene en una acreditación. ¿Por qué sucede esto? Porque es a través del Ministerio de Trabajo que se puede efectivamente señalar cuál es la representación legítima y legal de los sindicatos ante cualquier problema que pueda suceder respecto de la parte patronal, por un lado, y respecto de los trabajadores en términos individuales, por otro, para ver desde el sindicato quiénes son los afectados para defender sus derechos laborales.

Entonces se trata de un mecanismo formal que permite el registro y la protección de los derechos sindicales. Lo que no podría existir es la ausencia de registro, porque eso daría como efecto la indefensión de los derechos laborales. Por tanto, es una medida acorde con la Constitución Política del Estado, que más bien es protectiva de los derechos de los trabajadores.

Decir que no se acreditará a sindicatos por su línea política es una opinión desmedida frente a la necesidad de generar un registro que permita precisamente garantizar la defensa de los derechos sindicales y laborales.

Esto sucede en cualquier otra instancia del Estado. Todo Estado debería contar con este tipo de registros. Quienes critican y dicen que esto es algo antidemocrático, en realidad lo que están haciendo es dejar de lado la defensa de los derechos laborales y no ven con buenos ojos que el propio Estado pueda, a partir de los registros, generar un control y seguimiento de los derechos de los trabajadores.

A futuro, en el orden normativo es necesario culminar con la elaboración y aprobación de la Ley General del Trabajo, esto es algo fundamental para consolidar los derechos laborales en cumplimiento de la Constitución Política del Estado. Un segundo elemento es la generación, a partir de la Agenda Patriótica, de políticas públicas específicas que permitan paulatinamente correlacionar lo que ocurre en el ámbito laboral con el enfrentamiento y la lucha respecto de la pobreza, fundamentalmente la llamada extrema. Por supuesto que queda una agenda pendiente respecto de los sectores informales, pero esto en realidad amerita una evaluación que va más allá de la protección de lo laboral y se vincula directamente con las modificaciones en el comportamiento de la estructura productiva de nuestro país.

En ese sentido, deberán darse pasos conforme plantea la propia Agenda Patriótica 2025, tendientes, además, a la erradicación de la pobreza extrema, a proteger determinados derechos por conglomerados societales, por ejemplo, el caso de la informalidad y el trabajo infantil o informalidad y trabajo doméstico, los derechos laborales y las cuestiones de género, y al mismo tiempo la seguridad social.

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