Animal Político

Degeneración de la Policía boliviana

El senador propone auditoría jurídica y técnica a la comisión del MAS que ratifica los ascensos policiales.

La Razón (Edición Impresa) / Yerko Núñez Negrette es senador del Estado boliviano

00:00 / 26 de junio de 2019

Hablar de la Policía significa remontarse al origen de la Constitución, a todo Estado se le exige que sea capaz de asegurar la tranquilidad del conjunto de los ciudadanos. Un concepto que se acuñó en 1910, en Francia, es que “no se conoce apenas sociedad un poco organizada sin que exista un poder de policía que garantice a sus miembros la seguridad interior, que reprima y prevenga los delitos contra las personas y propiedades y, por otra parte, que asegure la obediencia a los representantes del Estado y la aplicación de las disposiciones dictadas por los jefes”.

La Constitución boliviana, en su artículo 251, parágrafo I, define a la Policía como una fuerza pública cuya misión es la defensa de la sociedad, la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes. A días del 193 aniversario de la creación de la Policía Boliviana es menester realizar una crítica a la institución sumergida en una crisis e involucrada en denuncias de extorsión, corrupción y vínculos con el narcotráfico, urge reencausarla a sus objetivos constitucionales.

El 13 de junio, el fiscal general Juan Lanchipa Ponce, derivó un informe sobre las denuncias, procesos y sentencias contra los policías por la Ley 1008, lo sorprendente de los datos es que de 2006 a la fecha, 105 policías fueron involucrados con el narcotráfico, siendo Cochabamba el departamento con más uniformados implicados. Al margen de esta cifra, lo asombroso es que de los 105 casos solo 13 llegaron a sentencia condenatoria, únicamente para cabos, sargentos y todos de rango inferior, quedando impunes oficiales del Alto Mando Policial como es el caso emblemático del narcogeneral René Sanabria, exzar antidrogas, que hasta la fecha solo tiene acusación.

Estos datos alarman, sin mencionar casos de narcotráfico aún no descubiertos que probablemente operan con avionetas en pistas clandestinas, para traficar estupefacientes a países vecinos. Por tal razón, titulo este artículo como “degeneración”, un proceso por el que una persona o institución pasa a un estado peor del original al perder progresivamente sus cualidades. Justamente, las cualidades de la Policía fueron asegurar la tranquilidad de los ciudadanos bolivianos, pero se degeneró al punto que varios ciudadanos debemos cuidarnos de algunos malos policías; la institución del orden y seguridad se degeneró al extremo de condecorar a un narcotraficante.

La solución estructural debe darse a partir de la institucionalización y la revalorización de la meritocracia desde el Alto Mando, para cambiar la política del régimen policial.

No puede seguir siendo manoseada y politizada por el Gobierno. Por mandato del artículo 172 numeral 18 de la Constitución, una de las atribuciones del Presidente es designar y destituir al Comandante General de la Policía Boliviana, no obstante, previo a esta designación hay un procedimiento especial en la Cámara de Senadores a fin de ratificar los ascensos a propuesta del Ejecutivo.

El procedimiento de ratificación de la evaluación y calificación del ejercicio profesional de los señores coroneles postulantes al generalato se debería realizar para elegir a los más eficientes, idóneos y meritorios, puesto que estos oficiales se convierten en la máxima autoridad de la institución. Empero, los recientes escándalos involucraron a varios uniformados con el narcotráfico, que considero es el resultado de la desinstitucionalización y falta de transparencia. Es así, que el Reglamento Senatorial, aprobado por los dos tercios del Movimiento Al Socialismo (MAS), en 2010, estableció que solamente la mayoría oficialista dirija y gestione la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, instancia competente para la ratificación de los ascensos: “La Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana estará conformada íntegramente por miembros representantes del bloque de la mayoría” (artículo 48, parágrafo III). Así, el oficialismo se blindó de la fiscalización opositora.

La cuestionada Comisión funciona, desde 2010, en su totalidad solamente con tres senadores del MAS, por tanto, ellos son responsables de la ratificación de los ascensos a generales de la Policía Boliviana, ya que en sesión reservada aprueban y emiten informes que son considerados por el Pleno Camaral, también con mayoría oficialista; en consecuencia, existe duda razonable para solicitar la auditoria jurídica y técnica a las decisiones de la Comisión, toda vez que los últimos generales ratificados por los senadores del MAS demostraron resultados pésimos, pero sí ser eficientes para espiar a periodistas y políticos de la oposición.

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