Animal Político

Derechos humanos, piedra angular de la cultura de paz

La paz no solo es ausencia de guerra. La concepción de la violencia tuvo una significativa evolución gracias a hechos históricos y a la contribución de estudiosos en la materia, que lograron superar la limitada posición que relacionaba la paz simplemente con la inexistencia de un estado de guerra.

La Razón (Edición Impresa) / Antonio Aramayo Tejada

00:02 / 28 de septiembre de 2014

Es indispensable partir de la importancia vital que tienen las relaciones humanas interpersonales e intergrupales, que pueden manifestarse en términos de atracción o antagonismo. Las relaciones atrayentes se construyen sobre la base del respeto hacia el diferente, aunando esfuerzos para lograr un bien común que establezca los fundamentos de una propuesta autocrítica y constructiva, sustentada por una política de justicia y equidad que coadyuve a proyectar una Cultura de Paz.

Por el contrario, las relaciones antagónicas se centran en una polarización en torno a las necesidades, intereses y valores de las partes involucradas, y no logran encontrar un marco de justicia que las regule, dando lugar a una internalización de sentimientos y expresiones incompatibles que incuban una cultura de violencia.

En el medio de estos enfoques de paz y violencia se manifiestan los conflictos —como una dinámica normal y continua en las relaciones humanas—, que ponen a prueba la capacidad de los sistemas políticos para responder a las necesidades fundamentales del ser humano como el bienestar, la libertad, la identidad y la justicia. Es decir, si logramos gestionar el conflicto con creatividad, empatía y no violencia, y los consideramos como energía social, pueden convertirse en una oportunidad de cambio que permita su transformación constructiva.

Para gestionar los conflictos, con el enfoque mencionado, existen mecanismos judiciales y extrajudiciales. El sistema judicial es fundamental para la democracia no solo porque puede gestionar pacíficamente los conflictos y establecer sanciones, reparaciones y protecciones, sino porque tiene un mandato de resguardo e interpretación de la Constitución Política del Estado y de la arquitectura normativa. En relación a mecanismos extra-judiciales, si bien existen normas que viabilizan esta posibilidad, es necesario darle una mayor importancia a la conciliación en sede judicial y a la mediación privada, que coadyuvarían a reducir la carga procesal de los órganos jurisdiccionales beneficiando a la ciudadanía que, confiando en esta posibilidad, resolvería de manera consensuada sus controversias.

El conflicto y su nexo con la paz y la violencia. Si al contrario, los actores de una disputa apuestan a la confrontación a ultranza, imponiendo sus puntos de vista y desconociendo los intereses y derechos de la otra parte, generan un escalamiento del conflicto forjando acciones violentas que acentúan el distanciamiento entre las partes y en muchos de los casos erosionan el tejido social, dando lugar a conflictos prolongados y profundamente arraigados que incluso pueden llegar a pretender la eliminación del oponente.

Los hechos de violencia apabullan a la humanidad y permean diferentes espacios territoriales e identidades culturales, económicas y políticas en nuestro país y en el mundo, logrando naturalizar y legitimar la cultura de la violencia.

VIOLENCIA. Según diversos estudios, la violencia se sustenta en los siguientes fundamentos históricos: el patriarcado y la mística de la masculinidad; el poder absoluto y autoritario; la incapacidad para resolver pacíficamente los conflictos; el economicismo como fin en sí mismo, que puede convertirse en generador de desintegración social; la carrera armamentista y los intereses de las grandes potencias; las ideologías fundamentalistas, el etnocentrismo y el desconocimiento sobre el otro distinto. A este panorama se suma la deshumanización y el mantenimiento de estructuras que perpetúan la injusticia, la falta de oportunidades, la discriminación de género y de sectores vulnerables en la toma de decisiones.

La paz no solo es ausencia de guerra. El proceso de concepción de la violencia tuvo una significativa evolución gracias a hechos históricos y a la contribución de estudiosos en la materia, que lograron superar la limitada posición que relacionaba la paz simplemente con la ausencia de guerra, y que expresaron que para que exista paz se tiene que atenuar diferentes tipos de violencia.

Así, la violencia estructural es fruto de un determinado modo injusto de organizar la sociedad, la insatisfacción de necesidades básicas —salud, educación, vivienda y servicios— y la inequitativa distribución de recursos y oportunidades. Según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) en Bolivia se observa una reducción de la extrema pobreza, evidenciándose que entre 1999 y 2011 ha disminuido en 19,83%; sin embargo, este descenso, que es significativo, se encuentra aún en la franja de vulnerabilidad, en la medida que si no se consolidan los avances socioeconómicos, se puede experimentar un retroceso en los logros alcanzados. En cuanto a la distribución del ingreso per cápita, de acuerdo con el Índice de Gini, se observa una mejora relativa entre 1999 y 2011, pero aún somos uno de los países con mayor inequidad en cuanto a distribución de la riqueza.

Un hecho preocupante es la alta informalidad del empleo: según el CEDLA (Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario), en 2011, 65% de los trabajadores realiza su actividad en condiciones precarias careciendo de seguro médico, jubilación y otros beneficios sociales. Asimismo, otro aspecto lacerante, de acuerdo con informes de la Defensoría del Pueblo y Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), en nuestro país, de cada 1000 niños 85 trabajan en situación de explotación laboral y se encuentran bajo riesgo social.

Otra expresión de este tipo de violencia estructural se manifiesta en las deficiencias del sistema educativo, identificado como un espacio donde se cultiva actitudes violentas, por sus características autoritarias y por el escaso esfuerzo de la comunidad educativa de posicionar los derechos humanos en la educación.

DESCONFIANZA. Asimismo, la confianza de la población en las instituciones de garantía de los derechos humanos es baja; sólo la Defensoría del Pueblo supera la media, mientras que la institución policial es la de menor confiabilidad, no solo a nivel nacional, sino a escala latinoamericana. (Cultura política de la democracia en Bolivia 2014. Hacia una democracia de ciudadanos, Ciudadanía y Lapop, resumen)

En cuanto al sistema judicial, actualmente se encuentra en una crisis institucional, un factor a tomar en cuenta es la alta tasa de carga procesal en materia de instrucción penal cautelar; en las ciudades del eje, el promedio supera a 3.000 casos por juez en un solo año. (Henry Oporto, La justicia se nos muere, en Nueva Crónica #148 de agosto 2014, Instituto Prisma) Otro tema preocupante es que Bolivia es el país de América con mayor proporción de privados de libertad sin sentencia, 83,6% en 2013. (Oporto, La justicia se nos muere) En cuanto a la población involucrada en procesos judiciales, la proporción de causas resueltas en los últimos años fue irregular, sobresaliendo la existencia de procesos que superan los 21 años de duración. (Un ejemplo muy conocido es la retardación de justicia en el caso de violación a la niña Patricia Flores, 1999, que tardó 15 años en dictaminar sentencia condenatoria, en agosto de 2014) Estas condiciones de retardación afectan a los ciudadanos e impide una gestión oportuna y adecuada del conflicto entre partes.

La violencia directa es la más visible, que puede ser física, sexual o psicológica e impide el desarrollo pleno del ser humano, concentrándose en sectores vulnerables, como las mujeres, niñas y niños, la tercera edad o los grupos con opciones sexuales diferentes.

En Bolivia, la violencia contra la mujer ha llegado a niveles de máxima preocupación: en el primer semestre de 2014, según los datos del Observatorio “Manuela” (Iniciativa del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer, Cidem), se registraron 98 asesinatos de mujeres, de los cuales 59 fueron feminicidios (de éstos, 21 ocurrieron en Cochabamba, 16 en La Paz, 8 en Santa Cruz, 6 en Oruro, 4 en Potosí y 3 en Chuquisaca. Fuente: http://www.la-razon.com/ciudades/FELCV-atiende-casos-violencia-intrafamiliar_0_2124387589.html consultada el 17 de septiembre de 2014) y 39 muertes violentas por inseguridad ciudadana.

Los niveles de criminalidad son menores en comparación con otros países de América Latina; sin embargo, la sensación de inseguridad ciudadana es una de las más altas en la región, según el Latinobarómetro 2014. Por otro lado, los casos de delitos comunes de mayor incidencia se han incrementado en el 35%: de 33.813 el año 2000 pasaron a 45.590 el 2012 (http://www.ine.gob.bo/indice/estadisticasocial.aspx?codigo=30902, fuente consultada el 17 de septiembre de 2014).

ESTRUCTURAS. La violencia cultural/simbólica es invisible y ejercida a través de la imposición de una visión del mundo, de roles sociales, de categorías cognitivas y de estructuras mentales que incitan a la violencia directa o a legitimar la violencia estructural. Un ejemplo de esto se expresa en que a pesar de existir normativa avanzada para la preservación de los ecosistemas, las condiciones medioambientales en el país están cada vez más deterioradas, afectando la calidad de vida de quienes cohabitan en esos territorios y, por tanto, perturban sus condiciones de paz individual y colectiva. Otra expresión de la violencia cultural es la discriminación por el origen étnico-cultural, también por procedencia regional y por la vigencia de brechas simbólicas entre los habitantes de áreas urbanas y rurales. (Fundación UNIR Bolivia, Representaciones sociales de la Paz y la Violencia en Bolivia, La Paz, 2013).

El camino es la Paz. Pese a las dificultades mencionadas, los seres humanos realizamos esfuerzos, en algunos casos notables, para atenuar la violencia en todas sus formas y lograr una convivencia pacífica. Por ejemplo, en el caso boliviano, Laymes y Qaqachacas —luego de décadas de enfrentamientos— lograron establecer relaciones convergentes. En otros países destacan casos como el de madres de Palestina e Israel que a pesar de perder a sus hijos en enfrentamientos armados conformaron un espacio de reflexión y acción por la paz (Parent Circle); en Nicaragua, indígenas de la costa del este y el gobierno sandinista (1981-1984) alcanzaron una reconciliación esgrimiendo como principios la verdad, la misericordia, la justicia y la paz; en Colombia se lleva a cabo —en octubre se cumplen dos años de esto— un diálogo lento, complejo y sostenido entre las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el Gobierno, que debe aún superar diversas pruebas de fuego y hacer frente a intereses de diferente índole. Así, podríamos citar muchos casos que transcurren incluso en el anonimato; lamentablemente, estas acciones pacíficas no son difundidas ni se les da la importancia que merecen, porque se tiende a privilegiar la noticia violenta.

Estos esfuerzos de la sociedad son respaldados por el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DDHH), que considera que el derecho humano a vivir en Paz constituye la piedra angular de todos los demás y de su interdependencia recíproca. Esto ha permitido su positivación jurídica y ha favorecido por esta misma razón que la paz represente la finalidad esencial del derecho a la educación y constituya la esencia del aprendizaje de la ciudadanía democrática.

Por su parte, la Constitución Política del Estado en Bolivia es muy explícita y categórica en expresar la defensa de los Derechos Humanos, tanto individuales como colectivos, además de que en sus artículos 8 parágrafo II, y 9 y 10, establece los principios y valores necesarios para la construcción de un Estado pacifista que promueve la Cultura de Paz.

Somos conscientes de que es difícil imaginar la paz cuando se convive cotidianamente con realidades violentas o cuando no se atiende las necesidades fundamentales. Pese a estas condiciones es imprescindible garantizar su construcción, que necesita de voluntad política, coherencia y compromiso, así como contar con un enfoque estratégico y con propuestas que la operativicen como la integralidad, la interdependencia, la sostenibilidad y una infraestructura que la mantenga.

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