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Cara... Zegada y Ferreira sobre 2012

El año político de 2012 - CARA

La Razón / María Teresa Zegada

10:13 / 04 de enero de 2012

En los últimos años hemos vivido probablemente una de las coyunturas más intensas de las últimas décadas, desde aquella memorable etapa de recuperación de la democracia a fines de los 70 y principios de los 80. Esta vez, la coyuntura está signada por ciclos de protesta, por la irrupción de la sociedad en la política, por la emergencia de identidades colectivas de diverso origen étnico-cultural, por profundas reformas a la Constitución, por el trastocamiento en el mapa del poder político y la sustitución de unas élites por otras; pero también por la profundización y preservación de la democracia como compromiso de la sociedad.

Al respecto, constatamos que en los momentos de mayor tensión social —como la expulsión de Gonzalo Sánchez de Lozada o la movilización previa a la sucesión de Rodríguez Veltzé— la sociedad optó por una resolución por la vía institucional o, en su caso, ante las pulsiones de acaparamiento desmedido de espacios de poder o las arbitrariedades en su aplicación, como en el caso de la represión a la marcha indígena, la sociedad reaccionó solidariamente en favor de los indígenas manifestando su vocación democrática y poniéndole límites al poder.

No cabe la menor duda sobre la gran expectativa que generó el proceso de transformaciones planteado por el Gobierno desde 2006 y que fue logrando centralidad en los espacios discursivos y simbólicos, que a la vez se tradujo en sucesivos éxitos electorales y apoyo social, al punto de que las expresiones políticas opositoras, tanto partidarias como cívico-regionales, fueron progresivamente marginadas del proceso. Sin embargo, a medida que el poder parecía convertirse en hegemónico, comenzaron a surgir las tensiones internas y fracturas que cuestionaron el liderazgo, el discurso y el rumbo del proceso.

En los dos últimos años, éstos aspectos críticos adquirieron particular relevancia, por ejemplo, en el campo económico con la reacción a medidas gubernamentales como el denominado gasolinazo o las frecuentes demandas desatendidas de incrementos salariales protagonizadas por organizaciones afiliadas a la Central Obrera Boliviana (COB). En el ámbito político, esta crisis se expresó, por ejemplo, en los cuestionamientos al proceso de elección de magistrados y la votación masiva de rechazo a dicha elección en octubre de 2011; y en el campo social, con los graves conflictos generados por el movimiento indígena en rechazo a la carretera por el centro del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Todos estos episodios, entre muchos otros, pusieron en tensión la correlación de fuerzas entre el Gobierno y los sectores sociales que discrepaban con la administración del poder y denotaron un resquebrajamiento del bloque dominante y las debilidades del proyecto político del Movimiento Al Socialismo (MAS).

En ese contexto, el año 2012 se convierte en un territorio incierto para el gobierno del MAS, que debe enfrentar varios desafíos: por una parte, responder positivamente a las altas expectativas sociales generadas en años anteriores que aún no han sido cumplidas y cuyo margen de tolerancia se va achicando; de manera más puntual, se espera, por ejemplo, un giro en el campo económico que permita una modificación sustancial del modelo económico que aún no se percibe de manera clara.

En la nueva Ley Financial, del Presupuesto del Estado (PGE) para 2012 se puede intuir una mayor atención a las políticas sociales, como educación, salud o servicios públicos, empero los gastos corrientes continúan absorbiendo el presupuesto nacional y no se percibe una orientación hacia el incremento de la inversión. En todo caso, el gran dilema en este ámbito reside entre mantener una política redistributiva que busca réditos y apoyo político o, bien, establecer medidas estructurales que se orienten a la inversión y a la sostenibilidad de la economía, pero que no tienen un efecto visible en el corto plazo.

En cambio, los desafíos en el campo social devienen de los escenarios de conflictividad abiertos y no resueltos como las demandas de incrementos salariales, el cuestionamiento a políticas y autoridades gubernamentales, el problema de la carretera por el TIPNIS que plantea otros dilemas largamente debatidos en los últimos meses entre una visión extractivista y modernizante del desarrollo y aquélla que tiende a la preservación del medio ambiente y el hábitat de los pueblos indígenas. El escenario de 2012 para el Gobierno implica rearticular sus bases sociales y volver a ensanchar el bloque de poder ahora restringido prácticamente a campesinos, cocaleros y colonizadores hacia obreros, sectores urbanos e indígenas que eran parte del bloque social inicial; pero el desafío también está planteado para la sociedad y sus organizaciones en sentido de continuar la lucha por sus objetivos particulares y recuperar su autonomía, sin perder de vista el bien mayor, es decir, el bien común y la preservación de la democracia y el diálogo como mecanismos para avanzar en sus fines estratégicos.

Por último, en el ámbito político, el futuro para el MAS está signado por la necesidad de reconstituir su hegemonía política basada en la legitimidad y el consenso, y abandonar de esta manera las pulsiones despóticas y de apropiación unilateral del poder, en el marco del respeto a la voluntad popular y al pluralismo. Sin embargo, el desafío es tan o más grande para la oposición, que consiste en construir alternativas reales de poder capaces de interpelar a la sociedad desde diversas perspectivas ideológicas y de un discurso propositivo y no meramente reactivo o defensivo.

Por estas razones, el panorama para 2012 es por demás complejo porque implica tanto para el Gobierno como para los sectores sociales y la oposición política imprimir un giro deliberado al proceso para recuperar su contenido.

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