Animal Político

Descolonización lingüística en Bolivia

La obligación de los servidores públicos de hablar al menos dos idiomas, el castellano y un idioma nativo, es una política de descolonización que está siendo puesta a prueba.

La Razón (Edición Impresa) / Idón Chivi Vargas

00:02 / 09 de mayo de 2016

Desde el 2 de agosto de 2015, la Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas (269) exige que los servidores públicos deben hablar al menos dos idiomas, el castellano como lengua general de comunicación y un idioma originario correspondiente al territorio donde uno se encuentra. Para cumplir esta disposición tanto el Viceministerio de Descolonización como la Escuela de Gestión Pública Plurinacional auspiciaron cursos intensivos de idiomas originarios para los servidores públicos.

Ministros y ministras, viceministros y viceministras, directores y jefes de unidad, profesionales y técnicos tomaron este curso intensivo de carácter masivo, cuya clausura no pasó desapercibida para los medios de comunicación.

Pero el tema que pretendo abordar no es ése; prefiero hacerlo desde la descolonización del Estado desde el Estado. Para ello, conviene anotar algunos apuntes de carácter histórico. Cuando llegaron los españoles por Abya Yala iniciaron una invasión dramática y genocida a la vez, la doctrina de la conquista, o mejor dicho, las “justificaciones del genocidio”, se pautaron desde cuatro idiomas: castellano, inglés, francés y portugués. La conquista tenía idiomas “oficiales”, los conquistados no tenían idiomas, sino dialectos…

INDÍGENAS. Miles de lenguas indígenas desaparecieron, como millones de indígenas fueron exterminados. Artistas, arquitectos, astrónomos, ingenieros en hidráulica, poetas, educadores, desaparecieron convertidos todos en “indios”, solo “indios”. El castellano, inglés, francés y portugués se impusieron a sangre y fuego por estas tierras.

Entre los siglos XV y XX hubo —y aún hay— una especie de asesinato selectivo de los idiomas indígenas, idiomas que no conocen la palabra “pobre”, pero que tienen miles de formas para decir “igualdad”. El genocidio tuvo en el idioma la invasión cultural, el desprecio por la lengua propia y el orgullo colonial de hablar la lengua del invasor, el trauma en forma de pronunciación y semántica del poder.

El Estado colonial reprodujo ese modelo cultural, con poco éxito en algunos países (Guatemala y Bolivia, por ejemplo), y con extrema prolijidad en otros (Chile, Argentina y Uruguay como casos notables); como dice un lingüista: “[S]e calcula que en el siglo XVI se hablaban unas 2.000 lenguas que podrían considerar, durante la época de la colonización, entre los 10 y 45 millones de indígenas. Esta diversidad lingüística se vio afectada por la llegada de los europeos en los siglos XVI y XVII. Según indica Godenzzi Alegre, actualmente en Hispanoamérica hay unos 50 millones de indígenas que, en su conjunto, hablan más de 400 lenguas distintas”.

Desaparecieron 1.600 idiomas aproximadamente, el tamaño del genocidio no solo debe medirse por las muertes indígenas, sino también por la muerte de lenguas indígenas…

El Estado republicano emergente de las guerras de la independencia no cambió ese modelo cultural, de hecho el idioma invasor se consolida en versión del “castellano” como “idioma oficial” en las novísimas constituciones del siglo XIX.

En general, las constituciones del siglo XIX reconocerán como idiomas oficiales al castellano, al portugués, al francés o al inglés, se reproduce la herencia colonial en clave de lengua.  Las nuevas naciones nacen sin idiomas indígenas, nacen sin los indígenas.

El final del siglo XX traerá algunas sorpresas constitucionales, la ciudadanía multicultural hará que las constituciones adopten la pose de “multiétnicas y pluriculturales”, con lo que se da por sobreentendido que si bien el castellano sigue siendo el idioma oficial, los idiomas indígenas adquieren el estatus de semioficiales.

CONSTITUYENTES. En el siglo XXI se dará un proceso fuerte de presencia indígena en las constituciones y el constitucionalismo. Las asambleas constituyentes de Venezuela, Bolivia y Ecuador diseñarán un modelo de descolonización lingüística, con ello se vienen políticas lingüísticas de descolonización cultural, que en diversos grados sufrirán a su vez los ataques del orden colonial en versión contemporánea, como aquella desafortunada frase de Samuel Doria Medina en Twitter sobre el “aymara y quechua para hablar con los abuelos”.

De hecho, Doria Medina impulsa en El Alto, junto a Soledad Chapetón y la embajada norteamericana, un programa de aprendizaje de inglés como anzuelo para jóvenes de 16 a 24 años, el mencionado programa se llama “Yes inglés”, pero que en el fondo solo es un mecanismo de reclutamiento político.

El Estado Plurinacional no se salva de la crítica; de hecho, en algunos casos se folkloriza mercantilmente las políticas lingüísticas de descolonización. Los cursos masivos de algunos institutos particulares con respaldo institucional del Estado ha dado lugar a una sobredosis de certificaciones poco creíbles, sobre el aprendizaje de un idioma indígena. De hecho, se ha visto casos extremos, donde los certificados son un mecanismo fraudulento para “mantener la pega”.

Conviene a estas alturas reconducir las políticas lingüísticas de descolonización, e ir por un lado menos acelerado, pero a la vez más efectivo. No basta con cursitis masiva, no basta con institucionalidad estatal folklorizada, no basta con llenar de aymara, quechua y guaraní la señalética estatal, no basta con “aymara inicial”, si todo ello se agota en la certificación fraudulenta.

Sería significativo asumir que los idiomas indígenas constituyen un núcleo vital de la riqueza cultural de la humanidad, en efecto y tal como dice la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas: “(…) Todos los pueblos contribuyen a la diversidad y riqueza de las civilizaciones y culturas, que constituyen el patrimonio común de la humanidad” “(…) Todas las doctrinas, políticas y prácticas basadas en la superioridad de determinados pueblos o individuos o que la propugnan aduciendo razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales son racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente injustas”

La Declaración pone en evidencia que los idiomas indígenas al ser parte de la cultura no son ni superiores ni inferiores a los idiomas utilizados en el proceso de colonización, y que por ello los Estados deben generar políticas públicas para desarrollar “medidas eficaces”. En efecto, la Declaración establece que:

“Artículo 13. 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas, así como a mantenerlos.

Los estados adoptarán medidas eficaces para asegurar la protección de ese derecho y también para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y hacerse entender en las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas, proporcionando para ello, cuando sea necesario, servicios de interpretación u otros medios adecuados”

Como se puede advertir, la obligación de los servidores públicos de hablar al menos dos idiomas, el castellano como lengua general y un idioma nativo, es una política de descolonización que está siendo puesta a prueba, que tiene avances sustanciales, pero que a la vez éstos tienen que enfrentarse al viejo orden colonial que, como fantasma insomne, debilita la descolonización, folkloriza la construcción del Estado Plurinacional y pone ladrillos para recomponer el viejo orden señorial. La lucha al final es política: Políticas de descolonización lingüística…

Etiquetas

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia