Animal Político

Despenalización o relativización del derecho a la vida

Antes de la defensa de los derechos sexuales de las personas está el derecho a la vida de éstas. La discusión sobre el aborto en el país no es casual, es promovida por intereses políticos y económicos desde el extranjero que pretender relativizar el valor de la vida.

La Razón / Franklin Santander Oblitas

00:03 / 25 de agosto de 2013

Con la recomendación de “implementar programas de salud sexual y reproductiva, y eliminar el aborto inseguro”, entre otras declaraciones, concluyó hace pocos días en Uruguay la I Conferencia sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, organizada por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y el Fondo de Naciones Unidas para la Población (UNFPA, en sus siglas en inglés).

Durante los días que duró el evento, una buena parte de los 33 delegados gubernamentales, representantes de 24 organismos y voceros de 260 (!) organizaciones no gubernamentales planteó una marcada posición hacia una modificación de las leyes inherentes al aborto, adoptando una postura común en aras de una “histórica agenda progresista”.

Unas semanas antes, en los Países Bajos se realizó una conferencia de similares características con el propósito de trabajar en el proceso de actualización de la agenda de desarrollo en temas de población planteada en El Cairo, el año 1994. Durante el evento, se conoció que muchos de los oradores eran activistas promuerte (llamados así por sus intenciones de posicionar legalmente la interrupción voluntaria del embarazo), pero que no consiguieron que los gobiernos aceptaran un derecho internacional al aborto. Los delegados en ese evento se quejaron porque los derechos humanos estaban siendo reducidos a derechos sexuales y reproductivos.

Lo que vemos en ambos casos es la activación de una arremetida de estrategias de cabildeo y de lobby a favor de la despenalización del aborto que, no por casualidad, han venido a ser parte de la agenda noticiosa en nuestro país luego de que la organización IPAS aprovechara el despiste de una diputada, utilizándola como patrocinadora de un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, para lograr una sentencia que declare inconstitucional a varios artículos del Código Penal relacionados a la temática del aborto.

Y es que diferentes espacios de carácter nacional e internacional, entre ellos foros gubernamentales, asambleas generales ordinarias y extraordinarias de organismos internacionales y otros, están siendo utilizados por grupos de activistas, sobre todo vinculados a colectivos con “opciones sexuales diferentes”, para posicionar sus planteamientos y lograr declaraciones y conclusiones que, a la larga, tienen repercusión en el tratamiento de normas y leyes nacionales, buscando modificar el statu quo vigente.

Es más, se tiene evidencia de la existencia de importantes cantidades de recursos financieros, muchos de ellos provenientes de la donación de fundaciones y países a través de organismos internacionales y de cooperación, para la generación de marcos legales permisivos a este tipo de temas, así como la unión matrimonial entre personas del mismo sexo y otros.

Por lo mismo, lo que ocurre en Bolivia con una consideración que hoy está en manos del Tribunal Constitucional, no es casual. Sin embargo, tuvo una gran repercusión porque se impuso tanto en la agenda política, como en los comentarios y conversaciones cotidianas de familias, amistades, redes sociales y espacios laborales en todos los rincones del país, al grado inclusive de haber generado una división de criterios en el propio partido de gobierno.

Tampoco es casual la cantidad de mensajes comunicacionales que se ha difundido a través de notas periodísticas, entrevistas, manifestaciones y columnas de opinión (entre ellas provenientes de personas ligadas a las comunidades con opciones sexuales diferentes) para poner sobre la mesa la necesidad de modificar y flexibilizar nuestras leyes sobre el aborto, so pretexto del cotidiano riesgo sobre la vida de las mujeres que, ya sea producto de una violación, un “accidente” o de “errores” cometidos a la hora de las relaciones sexuales, deben prescindir de un ser que se gesta en su seno y que resulta incómodo para una vida plena. 

Los argumentos para influir sobre la opinión pública han sido planteados desde diferentes aristas, entre ellas el ejercicio del derecho de las mujeres a la vida, hasta posicionarlo como un asunto de salud pública, ya que tendría que ver con la tercera causa de muerte de mujeres en el país (complicaciones en el parto), aunque este argumento es demasiado forzado, porque estudios serios relacionados a este tema vinculan a esta causa con la inexistencia o falta de acceso de las mujeres del área rural a los servicios de salud, según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (Endsa) 2008.

Por otra parte, está claro que la polémica y la discusión sobre la despenalización del aborto no pasa nada más por una reforma o ajuste a la legislación nacional, que teóricamente garantiza mejores condiciones de vida y salud a las mujeres. Se trata, más bien, de apuntar a la estructuración de un tejido normativo —a partir de declaraciones como la del Uruguay y otros espacios internacionales— permisivo a otras acepciones de familia, sexualidad y estructuración social, a título de construir “sociedades progresistas”. “¡Aborto legal, seguro y gratuito!”, espetó el Canciller de Uruguay en la ceremonia inaugural, induciendo a lo que en definitiva fue su verdadera intención.

Información médica responsable establece que la vida inicia el momento en el que un espermatozoide fecunda el óvulo; a esto se le llama “concepción”, aspecto inclusive considerado en el Código Civil boliviano, que establece que se tiene como nacido al concebido. En ese preciso momento (la fusión de dos células sexuales o gametos en el curso de la reproducción sexual) se establece, e inicia su existencia, un nuevo código genético, diferente al de la madre, que da lugar a la existencia de una persona. Entonces, lo de las 21 semanas —que es el argumento utilizado por los proabortistas para considerar persona al gestante— es una gran estafa moral en las sociedades.

Corresponde también señalar que el tratamiento de este tipo de normas y leyes, vinculadas a la necesidad de establecer políticas públicas y agendas de desarrollo nacional y subnacional a partir del respeto a los preceptos de la Constitución Política del Estado en materia de derechos (sobre todo a la vida), debe ser objeto de una adecuada reflexión y consideración no sólo por el Tribunal Constitucional, sino por las diferentes instancias gubernamentales que fungen como garantes de los derechos humanos.

Lo que se ha dado en las calles, desde sectores provida, es una férrea resistencia ante la posición de sectores y colectivos sociales que se han levantado contra este derecho humano fundamental, relativizando el valor de la vida en el vientre y negando una adecuada defensa de las personas en gestación, buscando introducir el aborto por la puerta trasera de los procedimientos legislativos formalmente establecidos y negando los postulados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la propia Carta Magna del Estado Plurinacional de Bolivia.

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