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Después del No Qué?

¿Cuáles son las consecuencias para los gobiernos departamentales donde los estatutos no fueron aceptados por la población? Básicamente, ninguna. La gestión departamental, el ejercicio de sus competencias, el acceso a los recursos, el desempeño de sus autoridades, no depende de la existencia de un Estatuto vigente.

La Razón (Edición Impresa) / Claudia Peña Claros

00:01 / 04 de octubre de 2015

El domingo 20 de septiembre la población fue consultada respecto de cinco propuestas de estatutos departamentales, tres cartas orgánicas municipales y dos estatutos indígena originario campesinos. Todas las propuestas departamentales perdieron. El rechazo más contundente se registró en Oruro, donde más del 74% de los electores le dijo No al texto trabajado, como en todos los otros casos, por la respectiva Asamblea Legislativa Departamental. De las tres cartas orgánicas municipales puestas en consulta, solo las de Cocapata y Tacopaya (en Cochabamba) fueron aprobadas. Huanuni (Oruro) votó mayoritariamente por el No.

Luego, lejos de nuestra mirada y de la cobertura mediática, dos autonomías indígena originario campesinas confrontaron las propuestas, fruto de un largo proceso participativo, al voto de las ciudadanas y ciudadanos. En Totora Marka (Oruro), poco más del 70% rechazó el Estatuto indígena; mientras que en Charagua, la provincia más grande de Bolivia, más del 53% de los y las votantes  abrazaron el Estatuto para conformar de una vez la primera autonomía indígena originario campesina de este nuestro Estado Plurinacional.

¿Cuáles son las consecuencias para aquellos gobiernos departamentales donde los estatutos no fueron aceptados por la población? Básicamente, ninguna. La gestión departamental, el ejercicio de sus competencias, el acceso a los recursos, el desempeño de sus autoridades, no depende de la existencia de un Estatuto vigente.

Recordemos por ejemplo que cada Estatuto departamental debía definir la composición de las asambleas departamentales. Pero ya acudimos a elegir asambleístas departamentales en marzo de este año, sin estatutos vigentes, y simplemente se repitió la composición definida para las anteriores elecciones subnacionales.

Cada una de las asambleas departamentales deberá decidir el inicio de un nuevo proceso estatuyente, o la complementación (corrección, reescritura, revisión) del texto rechazado recientemente. Cada asamblea deberá definir una metodología de trabajo (plazos, etapas, comisiones de trabajo, momentos de participación y consulta a los sectores, vinculatoriedad o no de esos espacios, mayor o menor apertura de todo el proceso).

Y también, por supuesto, el dinero. Cuánto presupuesto será necesario destinar para este nuevo (más bien: renovado) proceso estatuyente. Ese presupuesto deberá ser coordinado con el ejecutivo departamental. Y éste es precisamente uno de los desafíos de nuestro proceso autonómico, entre muchos otros: lograr una cultura política de coordinación y deliberación fructífera entre los legisladores departamentales y los gobernadores.

Hasta hoy, se puede decir que en casi todos los casos la coordinación entre Legislativo y Ejecutivo ha sido casi nula en lo que respecta a la redacción de los estatutos departamentales. Difícil tarea de los legisladores que, sin apoyo ni interés del Ejecutivo, son llamados a redactar la principal norma de una autonomía de por sí compleja, aunque prometedora y llena de potencialidades.

Esperemos que estas nuevas asambleas coordinen mejor con los (casi todos) nuevos gobernadores.  Entonces, si bien la redacción y puesta en vigencia es una obligación constitucional para los gobiernos departamentales, éstos continúan su vida institucional como hasta ahora, aun careciendo de Estatuto.

Es diferente el caso de los gobiernos municipales: la carta orgánica no es obligatoria. Así, el gobierno municipal de Huanuni puede decidir no insistir con esa intención. De lo que no cabe duda es que los resultados van a dar qué pensar a los más de 150 gobiernos municipales que en este momento están tramitando la declaratoria de constitucionalidad de sus cartas orgánicas ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

No se trata solamente de dinero para el proceso de redacción, sino también para el referéndum mismo; y aún más allá, existe un alto costo político para aquellas autoridades cuya propuesta de carta orgánica recibe el rechazo de la gente.

Tenemos entonces que, a pesar de los resultados negativos del 20 de septiembre, los gobiernos municipales y departamentales involucrados continúan con su vida institucional y persisten en el ejercicio de sus competencias, como lo han venido haciendo desde que se invistieron las primeras autoridades autonómicas en Bolivia, a mediados de 2010.

Otra es la historia de los gobiernos indígena originario campesinos, donde no existe gobierno indígena mientras el Estatuto no esté aprobado. La apertura estructural plasmada en la nueva Constitución, que permite el autogobierno de las naciones indígenas, hasta ahora no había podido materializarse, aunque en ello resida la esencia misma de la plurinacionalidad del Estado boliviano.

Fíjese usted que hay 11 municipios donde las autoridades originarias y las comunidades vienen trabajando desde 2009 para hacer realidad esa posibilidad histórica de que las naciones indígenas puedan ejercer sus formas propias de gobierno.

Ya son entonces casi seis años de trabajo. Y es un esfuerzo diferente al realizado por asambleístas y concejales. Los asambleístas indígenas cargan una enorme responsabilidad frente a sus comunidades, donde el control social es real y constante, además de que no reciben ninguna remuneración por su trabajo deliberativo.

En el caso de Totora Marka, la propuesta de Estatuto estuvo pendiente de consideración en el Tribunal Constitucional durante casi dos años (desde agosto de 2012 hasta febrero de 2014). Es más, después de esa larga espera hubo otra: ya en marzo del año pasado (hace un año y medio), Totora Marka había solicitado la realización del referéndum para poner en consulta su Estatuto.

Así, no es extraño el cansancio de las comunidades respecto al tema de la autonomía indígena. Peor aún si desde el mismo gobierno municipal, los propios hermanos en función de gobierno desatan una campaña en contra del Estatuto indígena, obedeciendo a un interés cortoplacista que niega una reivindicación histórica y orgánica.

Dificultades parecidas sortearon las comunidades guaraní de Charagua, a las que les llevó alrededor de 20 meses conseguir la declaratoria de constitucionalidad a su Estatuto. Sin embargo, en el caso de Charagua fue clave la elección de autoridades municipales en marzo. Fue necesario un arduo trabajo de articulación política para lograr la elección de un gobierno municipal favorable a la intención de autonomía indígena originario campesina, que no pusiera zancadillas ni presupuestarias, ni políticas, ni mentirosas, a la consulta democrática del pasado 20.

Gracias a ese esfuerzo del pueblo guaraní, en los meses que siguen tendremos otro orgullo para compartir con el mundo: el primer gobierno indígena que, siendo parte del Estado boliviano, no precisa máscaras ajenas para ejercer el poder político. Y ojalá que la energía constituyente, así renovada, nos ilumine a todos y todas en este camino para volver a ser nosotros mismos.

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