Animal Político

Diagnóstico reservado para la consulta previa por el TIPNIS

Tercera fase del Conflicto por la carretera

Marcha del TIPNIS.

Marcha del TIPNIS.

La Razón / Ricardo Aguilar Agramont / La Paz

00:04 / 01 de abril de 2012

No es posible siquiera hablar acerca de qué sucederá respecto de la ejecución de la consulta previa por la carretera en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en las próximas semanas. Más aún, es difícil, en este momento, saber si se llevará a cabo plenamente o quién participará en ella o si, por último, qué resultados podría obtenerse.

Haciendo números, se ve que, en caso de que efectivamente se inicie la IX marcha indígena, los tiempos se cruzan al menos en lo que podría presumirse como el final de la movilización y el inicio de la consulta: anunciaron la partida de los marchistas para el 25 de abril, mientras que se proyectó que la consulta comenzaría el 15 de mayo. Si recordamos que la marcha del Consejo Indígena del Sur (Conisur) —efectuada en condiciones considerablemente favorables)— tardó 44 días en llegar a La Paz y que el tiempo entre la IX marcha y la consulta previa es de 38 jornadas, entonces el desfase temporal hace suponer que, hipotéticamente, cuando la consulta previa comience a “caminar”, parte de los habitantes de las tierras del Isiboro Sécure estarán muy lejos de ellas (lo que tampoco significa que no puedan llegar de manera posterior).

Este lapso de incertidumbre respecto de qué salida tendrá el conflicto (con la IX marcha y la consulta previa acercándose a la vuelta de la esquina) es el tercer momento de las etapas más críticas que vivió la pulseta por el TIPNIS —considerando que el primero va del inicio de la VIII marcha a la promulgación de la Ley 180 (a la que se ha denominado “corta”) y el segundo desde la contramarcha del Conisur a la promulgación de la Ley 222, que orienta la llamada consulta previa.

En todo caso, la consulta puede prolongarse por 120 días después de la promulgación de la Ley 222 que la rige (artículo 8), es decir, hasta el 10 de junio, por lo que la marcha podría significar, en el mejor de los casos para el Gobierno y el peor para los movilizados, un mal comienzo para el procedimiento democrático en el parque y no su fracaso.

Pero, ¿qué deparan algunos de los actores del conflicto a la puesta en práctica de este método de toma de decisión democrática en el TIPNIS? Hay sólo dos alternativas en el tema principal de la consulta: sí o no a la vía; aunque sobre estas dos hipótesis algunos involucrados prevén que ambas podrían ser negativas para el Gobierno.

Según el sociólogo Félix Patzi, con los resultados de la consulta cambiará la correlación de fuerzas no sólo dentro del movimiento indígena, sino de manera general. “El costo que podría significar, en ambos escenarios (que el sí a la carretera ‘gane’ o ‘pierda’) tendría casi el mismo resultado. Si gana el ‘sí’, la gente —sobre todo los jóvenes y en las ciudades— creerá que se han forzado las respuestas y se han utilizado estrategias de manipulación. Pero va a ser mucho peor si ganara el ‘no’, sería una deslegitimación mayor para el Gobierno”, asegura el exministro de Educación.

Sin embargo, de acuerdo con el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, el resultado no importa. “Independientemente de aquello que salga de la consulta, lo importante es que se tome en cuenta a los hombres y mujeres que viven al interior del parque y que se respete la estructura orgánica de toma de decisión de los pueblos originarios”.

Sin coincidir con ninguna de estas dos opiniones, Raúl Chato Prada, asesor de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), opina que no se puede hablar de los resultados, ya que el movimiento no aceptará la consulta porque “ni siquiera puede llamársele de tal modo”.

Una cosa es clara: hay un interés del Gobierno por la carretera, se ha hablado de hidrocarburos, de proyectos geopolíticos vinculados al Brasil y de compromisos ineludibles. Sin embargo, para el ministro de Gobierno, Carlos Romero, el asunto es bastante simple y detrás de él no hay “ningún objetivo maquiavélico”.

“Son argumentos nada serios. Lo concreto es que hay un Estado en construcción territorial y se lo está haciendo hacia la Amazonía y otras regiones. Es una tarea histórica que estaba pendiente. El Estado quiere llegar a las comunidades indígenas porque en esos lugares no existe buen control territorial y eso hace que grupos de poder locales extraigan recursos naturales de manera ilegal, lo cual contribuye a clientalizar su relación con algunos dirigentes indígenas. Además, la vía mejorará sus condiciones de vida.

Entonces, no hay ningún interés maquiavélico, sino uno que está vinculado al desarrollo del país y las comunidades”, dice. Según Prada, por otro lado, hay varios factores que han determinado la insistencia del Gobierno sobre la carretera, comenzando con que el oficialismo se ha adscrito a un “proyecto colonialista”.

“El Gobierno es parte del modelo extractivista, el cual quiere implementar aunque sea pasando por encima de la Constitución, de los pueblos indígenas y del pueblo boliviano, lo que le ha llevado a contraer compromisos muy peligrosos con diferentes sectores con relación a la carretera, como los cocaleros del Chapare y los del Polígono 7 (detrás de los que, lastimosamente, está la cocaína); con los terratenientes y los agroindustriales para ampliar la frontera agrícola; con una empresa corrupta como OAS; con el Brasil, que quiere abrir todos los caminos posibles hacia el Asia; y con las trasnacionales del petróleo y la minería —posiblemente haya reservas petroleras y mineralógicas, aunque esto no se ha dicho”, afirma Prada.

Para Samuel Doria Medina, jefe de Unidad Nacional (UN), el interés por la vía no se asienta en que el Estado tenga mayor llegada, sino en otros factores: “primero está el compromiso con los cocaleros y con Brasil; luego (y el Vicepresidente lo dijo) está el aspecto geopolítico de conectar el Beni con Cochabamba sin tener que pasar por Santa Cruz. El compromiso de Evo Morales con la Pachamama es de dientes para afuera”.

¿Consulta Previa o póstuma?, ¿constitucional o ilegal? En todo caso, en esta tercera fase del conflicto, las aristas que labra la coyuntura le deparan mucha incertidumbre respecto de su desarrollo, los resultados que puedan obtenerse y sus consecuencias.

‘La consulta será un ejemplo en el continente’: César Navarro, viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales.

Ésta es la primera consulta previa que se realiza dentro de la nueva Constitución. Su efecto en el futuro inmediato está relacionado con las consecuencias del hecho de que los indígenas sean reconocidos como sujetos políticos que participan democráticamente; también tendrá un impacto positivo en el sentido de que será un ejemplo para América Latina.

‘Evo teme perder el  apoyo de los cocaleros’: Félix Patzi, sociólogo, exministro de Educación.

Parece que si el Gobierno hace la consulta y viabiliza la carretera por el TIPNIS es por miedo de perder el respaldo de su organización principal: los colonizadores-cocaleros. El Presidente se quedaría sólo con la CSUTCB (campesinos) y las bartolinas, que también están debilitadas en sus bases; algunas ya no apoyan a Evo, aunque sus líderes están con él incondicionalmente.

‘Gobierno ganaría si actuara racionalmente’: Samuel Doria Medina, jefe de Unidad Nacional.

Es claro que si el Gobierno hace la consulta a los cocaleros del Polígono 7 (en el sur del parque), va a salir perdiendo. Ellos son mayoría (respecto) a los indígenas y van a querer más coca. Aparentemente, el oficialismo tendría un resultado positivo de la consulta con el engaño y el desprestigio de haber preguntado a quien no debía. El Gobierno sólo si actuara racionalmente.

‘La oposición contra la consulta no es legítima’: Carlos Romero, ministro de Gobierno.

Si la oposición habla de una consulta manipulada, entonces sólo hay que ver que se trata de un sector sin legitimidad sobre el tema indígena en particular. No me imagino al señor (Rubén) Costas, que antes carajeaba a los indígenas y hacía movilizaciones para que los maltraten, ni a toda esa oposición hablando ahora a favor de los originarios, no tienen ninguna credibilidad.

‘Se ha decidido no dejar entrar a la consulta’: Raúl ‘Chato’’ Prada, escritor y  asesor de la CIDOB.

No podríamos opinar sobre la posibilidad de que se gane o pierda la consulta porque, sencillamente, no aceptamos un cuestionario del Gobierno que ni siquiera cumple con la estructura básica de lo que es una consulta previa. Además, ya se ha tomado la determinación de la IX Marcha y también está la decisión de defender el territorio, de no dejar entrar a la consulta.

‘La gente no quiere que hagan la consulta’: Bienvenido Zacu, diputado y dirigente del TIPNIS.

Si el Gobierno desea hablar con nosotros, dicen los dirigentes de las regionales, primero que abrogue la Ley de la Consulta. Esto significa que no se quiere participar en ella, la gente no la acepta  porque está fuera del marco de la ley. La Constitución es clara: no se puede hacer una consulta posterior como la están realizando de manera inconstitucional.

La marcha, la contramarcha y sus coincidencias

La VIII marcha en defensa del TIPNIS tardó 65 días en llegar a La Paz y la marcha del Conisur (a favor de la polémica carretera), 44 jornadas. Ambas recibieron acusaciones de estar manipuladas por intereses de distintos sectores políticos rivales y ambas estuvieron marcadas por diferentes hechos de violencia.

La VIII marcha partió de Trinidad el 15 de agosto. Los líderes del movimiento dijeron esperar a Evo Morales para dialogar (el Presidente sólo se reuniría con los marchistas recién en La Paz). Luego, Morales enviaría a los ministros de Gobierno y de Obras Públicas para negociar; sin embargo, los originarios se negaron y a cambio enviaron un pliego petitorio de 16 puntos. El oficialismo denunció que se trataba de un movimiento financiado por Estados Unidos para desestabilizar al Gobierno. El 24 de septiembre de 2011, el canciller David Choquehuanca fue como representante del Ejecutivo, tras un intento de acuerdo fue retenido para pasar una barrera de policías que no permitía a los marchistas avanzar de Chaparina. Al día siguiente, la Policía intervino violentamente la marcha; como consecuencia de la represión, los movilizados cruzaron pueblo tras pueblo para ser recibidos como héroes hasta La Paz.

La marcha del Conisur reclamaba la construcción de la vía por el área protegida. El 17 de diciembre, desde Isinuta, Chapare, representantes del Conisur, liderados por Gumercindo Pradel, iniciaron la caminata rumbo a la sede de gobierno para exigir la anulación de la ley corta que prohibía la construcción de la vía. La oposición acusó a esta movilización de estar auspiciada por el oficialismo y de estar compuesta por personas ajenas al TIPNIS. Cuando esta marcha llegó a La Paz el 30 de enero, los marchistas agredieron a los periodistas en la plaza Murillo por no haberles dado cobertura.

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